¿Cuáles son los problemas de fondo de la empresa estatal en Cuba?
Analizar qué lastra el desempeño de la empresa estatal requiere ir más allá de señalar trabas específicas en su gestión y las insatisfacciones existentes acerca de tal desempeño.
Responder la pregunta que encabeza esta nota conduce a buscar en el contexto en el cual se desempeña la empresa, en el sistema económico del cual forma parte. En este breve espacio sólo se tratarán somenramente tres asuntos que a juicio del autor resultan fundamentales.
Restricciones presupuestarias blandas: se manifiestan mediante el tratamiento financiero de las empresas con pérdidas. En la práctica, más allá de declaraciones de larga data – en varios documentos oficiales- que manifiestan el no continuar con dicho tratamiento, se ha seguido subsidiando a estas empresas.
Aquí vale reiterar el caso de aquellas que arrastran pérdidas por decisiones estatales de no trasladar al consumidor final el incremento de precios en ciertos eslabones del proceso de creación de valor del producto. Esto último trae a la palestra nuevamente el asunto del subsidio a personas y no a productos.
Pero mantener el enfoque de subsidiar permanentemente empresas ineficientes, resulta un desestímulo a la mejora continua de su gestión, dada la garantía de que sobrevivirán de todas maneras. Desestimula también a aquellas empresas eficientes que en la práctica terminan subvencionando a aquellas que no lo son.
Y origina una erogación insostenible desde las arcas estatales, con el consiguiente efecto negativo en la disponibilidad de recursos financieros para emplear en otros fines de carácter social, científico-tecnológico, medioambiental, que son también determinantes para el desarrollo. Hoy, más de 600 de nuestras empresas estatales se debaten entre pérdidas y bajas utilidades, situación que no está exclusivamente determinada por una mala gestión de sus directivos, sin negar que esto también esté presente.
Decisiones de naturaleza empresarial adoptadas fuera de la empresa: la asignación centralizada y administrativa de recursos críticos, la obligatoriedad impuesta en ocasiones de relacionarse sólo con ciertos proveedores y clientes, las restricciones para acceder al comercio exterior, entre otras limitaciones, provocan desajustes en tiempo y forma con las necesidades operativas del proceso de creación de valor en la empresa, así como con otras más relacionadas con su crecimiento y desarrollo.
Entre estas últimas estarían las inversiones, la gestión de proyectos de I + D+ i y las modalidades de penetración en mercados exteriores, por enumerar algunas.
Todo lo anterior significa que en definitiva – y a pesar de experiencias que demuestran la conveniencia de abandonar este enfoque- una buena parte de los resultados finales de nuestras empresas estatales, en última instancia, no dependa de la efectividad en su gestión, sino de decisiones que, aunque empresariales, no son tomadas en la empresa.
Varios «principales» y sus encargos funcionales: la ambigüedad en la delimitación de las funciones estatales y empresariales -muy relacionada con el problema anterior – arrastra consigo una práctica: la prescripción exhaustiva y detallada, desde entidades diferentes y de forma insuficientemente articulada, de disposiciones a cumplir por la empresa.
Esa falta de articulación en la actuación de entidades gubernamentales, ejerciendo diversos controles en paralelo para el cumplimiento de sus funciones específicas, cada una con sus propios intereses y su actuación simultánea como regulador y representante del dueño, el pueblo, traen consigo contradicciones que afectan la coherencia interna de la empresa como un sistema en sí mismo.
Y además de que se limita el tiempo para el ejercicio cotidiano de la dirección, puede provocar que – en un entorno orientado al control administrativo de normas y procedimientos- aquella se concentre más en demostrar el cumplimiento cabal de lo dispuesto que en el crecimiento y el desarrollo de la empresa.
Estos tres asuntos deben ser enfrentados mediante una transformación a fondo del entorno económico e institucional de la empresa estatal, en consonancia con políticas para el fomento de actores económicos de diverso signo y los vínculos entre todos ellos y una regulación económica que encamine sus comportamientos en función de los resultados deseados. Hay mucho por hacer y el factor tiempo apremia. (2023)
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