El reciente ajuste de la norma tributaria para las micro, pequeñas y medianas empresas cayó como un jarro de agua fría sobre los nuevos actores de la economía cubana. Después de un año de acelerada expansión de las empresas privadas, la medida que elimina la exención temporal del pago de impuestos por las mipymes de nueva constitución desató interpretaciones pesimistas.

En la pasada sesión parlamentaria, la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, anunció que a partir del 2023 “queda sin efecto la exoneración de pago de impuestos a las mipymes”. El beneficio que ahora cancela el gobierno lo había adoptado en julio de 2021, por un período de seis meses para las micro, pequeñas y medianas empresas que surgían por reconversión y de un año cuando eran de nueva creación.

Ante los diputados, Bolaños argumentó que esta decisión respondía a la necesidad de que “todos los actores de la economía contribuyan a generar ingresos para la financiación de los servicios y programas sociales”. Bajo el mismo criterio, modificó la base imponible para el impuesto sobre las ventas de manera que considere ahora el total de las ventas.

A juzgar por los debates en redes sociales, estas medidas enviaron una señal interpretada en términos negativos por muchos de los nuevos actores de la economía. La incertidumbre contrasta con el entusiasmo que generaron las políticas implementadas desde que las autoridades abrieron esa puerta, hace poco más de un año.

Desde que el gobierno aprobó su creación en septiembre de 2021, las mipymes se han expandido velozmente, con predominio de las privadas. En la reciente sesión legislativa de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, informó que ya se habían aprobado 5 895 mipymes con solo 72 estatales. Se les suman 59 cooperativas no agropecuarias (CNA). Entre todas, aportan más de cien mil empleos, dijo Gil, una ganancia a la que parece difícil que el gobierno renuncie.

Otra medida que apunta a cerrar beneficios o despierta dudas la anunció el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) el 15 de diciembre, con la Resolución 298, que prorroga al 2023 la exención del pago del impuesto aduanero para importaciones de alimentos, productos de aseo y medicina por personas naturales.

También extiende al próximo año la exención arancelaria para “insumos y materias primas con destino a las formas de gestión no estatales para el ejercicio de sus actividades”, pero solo la aplica en este caso para las importaciones cuyo embarque se haya realizado hasta el 31 de diciembre del presente año.

Reacciones y realidades

No fueron pocas las voces que anticiparon las muertes o el declive de las mipymes, como consecuencia del ajuste tributario anunciado cuando la ministra de Finanzas y Precios presentó ante el Parlamento el informe del Presupuesto del Estado.

Con el giro inevitablemente polarizado que acompaña cualquier debate sobre la realidad cubana, numerosos medios y personas entrevieron una contracción conservadora en la política de diversificación de los actores económicos, bajo el criterio de que el gobierno socialista de Cuba le habría tomado miedo a la expansión del universo empresarial privado.

Pero lo cierto es que la cifra no ha dejado de crecer. Diez días después de la mencionada sesión parlamentaria, el Ministerio de Economía y Planificación anunció la aprobación de 176 nuevas solicitudes de actores económicos: 172 mipymes privadas, tres estatales y una CNA. En total, ya han recibido luz verde 6 161 mipymes, : 6 026 privadas, 75 estatales y 60 cooperativas no agropecuarias.

Sin dejar de tener alguna secuela desestimulante, los ajustes tributarios recientes, mal vistos lógicamente por los emprendedores privados, probablemente no alcancen a refrenar su expansión. El efecto mayor e inmediato más probable puede ser inflacionario, al encarecer gastos, costos y precios en las relaciones entre todas las formas empresariales, privadas y estatales, y en su conexión con los consumidores finales.

Esta poca oportuna señal que se envía a las mipymes y a las demás formas no estatales de producción y servicios, puede estar expresando, más que un presunto rechazo a la opción privada, los apuros financieros y monetarios que presionan al gobierno cubano.

A la deprimida liquidez cubana en moneda dura se suman los enredos del sistema monetario cubano, sujeto de nuevo a dos o tres tasas de cambio, que coloca en franca desventaja unas veces a las entidades estatales; otras veces, a las formas privadas.

Los nuevos conflictos tributarios se agregan a la cadena de obstáculos que enfrentan las

mipymes cubanas en un mercado patas arriba por la inflación, la depresión de los suministros mayoristas y la carencia de un sistema bancario con oferta sólida de microcréditos para estos pequeños actores de la economía.

Pero estas mipymes pueden mantener una vitalidad que no se va a contradecir con el espinoso escenario que enfrentan, ni con la alta mortalidad que suele acompañar a estas figuras empresariales en cualquier país y que no se ha revelado todavía en Cuba. (2022)