Los cuidados son tareas y actividades cotidianas destinadas a generar bienestar emocional y físico en las personas. Contemplan tanto los cuidados directos (alimentar, bañar, apoyar psicológicamente) como las tareas domésticas que resultan precondición para brindarlos, entre las que se pueden mencionar la limpieza de los hogares, la compra de alimentos y la preparación de la comida.

El ser humano necesita de los cuidados a lo largo del ciclo de vida. Sin embargo, existen grupos poblacionales que requieren asistencia, apoyo y acompañamiento especial en la cotidianeidad.

Esta dependencia, que puede ser transitoria o permanente, se asocia a la niñez, la vejez y a las personas con discapacidad. Además, implican atención especializada que demanda más tiempo, conocimientos específicos y alto grado de intersectorialidad que incluye esferas como la salud, la educación, la cultura, el deporte, entre otros.

Regularmente una sola persona no es capaz de realizar todas estas tareas, por lo que participan diferentes instituciones y actores en escenarios regidos por marcos normativos y regulatorios. Estos tendrán mayor o menor importancia dependiendo de a quién se cuide, la infraestructura, el grado de desarrollo de las instituciones y la actuación del Estado.

Pero los hogares han sido y siguen siendo los espacios donde se provee la mayor parte de los cuidados de manera gratuita, considerados extensión del trabajo doméstico y atribuido especialmente a las mujeres.

 

El cuidado como asunto de género

La división social y sexual del trabajo actual es fruto de determinados condicionamientos históricos, que han propiciado que se les atribuya a ellas el rol de proveedoras de cuidados, encubriendo de este modo la responsabilidad colectiva por el sostenimiento de la vida. Ocuparse de estos conlleva a un menor disfrute de derechos, perder oportunidades de acceder al mercado laboral y mayores niveles de dependencia económica; lo cual se traduce en un aumento de los niveles de desigualdad entre mujeres y hombres.

Desde la ciencia económica ortodoxa solo se reconoce el trabajo que produce bienes y servicios para los mercados, y es de alguna manera recompensado con transferencias monetarias, mientras las labores que proveen bienestar y salud a la población queda invisibilizado y no se consideran trabajo.

Sin embargo, para que las personas sean productivas, los mercados funcionen, las economías crezcan y se transite hacia el desarrollo, es necesaria la reproducción social y económica, lo que sería imposible sin la existencia de los cuidados. Se puede afirmar, entonces, que de ellos depende en gran medida el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos a nivel mundial.

Desde 1959 el Estado cubano ha creado diversos servicios, leyes e instituciones encaminadas a la protección de individuos dependientes con el fin de lograr su máximo desarrollo y bienestar; así como la emancipación de la mujer. Se reconoce como sujeto dependiente a las personas en edades acorde a la niñez, vejez y personas discapacitadas.

Existen diversos ejemplos, sobre todo desde los sistemas de Salud, Educación y el marco jurídico, que han fortalecido su participación con múltiples programas que tienen una visión peculiar y holística que contempla las particularidades de los diferentes grupos poblacionales.

En la década de 1990 como parte de las políticas para desarrollar el trabajo por cuenta propia se otorgaron licencias para la atención infantil, intentando atenuar la incapacidad estatal para satisfacer esta demanda.

Nuevos desafíos

La actualización del modelo económico y social en curso desde 2011, ha implicado una contracción del rol del Estado como proveedor de servicios de cuidado (se han reestructurado los sistemas de salud, educación y asistencia social), lo que, aparejado a la reducción del tamaño medio de las familias, el aumento de las mujeres jefas de hogar y el envejecimiento poblacional, han provocado que existan menos personas que puedan ocuparse de estas actividades.

En conjunto, aparece un desbalance entre las necesidades, las posibilidades de proporcionarlos y por ende una sobrecarga de las mujeres en esta área.

Las bajas tasas de fecundidad, de natalidad y mortalidad, si bien denotan el alto desarrollo social alcanzado, también han traído un aumento del grupo mayor de 65 años, que para 2030 constituirá algo más del 30 por ciento de la población.

La relación de dependencia constituye un índice demográfico que relaciona la proporción entre las personas en edad laboral y las personas en edades inactivas. Se consideran personas en edades inactivas a los niños y niñas menores de 15 años y las personas de 60 años o más.

En el caso cubano el primer grupo tiene una tendencia a disminuir y el segundo a aumentar. Las estadísticas del 2018 muestran que por cada 1.000 personas entre 15 y 59 años, existían 571 personas en edad de inactividad. Para 2030 se espera que este indicador se eleve y haya 838 personas en edades inactivas por cada 1.000 personas (Anuario Estadístico de Cuba, 2018).

Tal situación representa un reto no solo para los cuidadores y cuidadoras, sino para el crecimiento económico y desarrollo futuro del país.

Un número cada vez menor de personas deberá generar y producir la riqueza para toda la sociedad, lo que puede provocar fuertes tensiones en los sistemas sanitarios y de seguridad social en un contexto de escaso desarrollo tecnológico, con formas de distribución de ingresos que no estimulan suficientemente el incremento de la productividad.

Por otro lado, existe una tendencia a la disminución de la tasa de actividad económica que se hace más tangible en las mujeres. Solo el 49,5 por ciento de ellas en edad laboral buscaba trabajo o tenía un empleo remunerado en el 2018, por lo que existían alrededor de 1.724.900 en condiciones de inactividad.

Una parte de estas mujeres están dedicadas al trabajo doméstico, mientras que la mayoría se encuentran insertadas en algún tipo de trabajo informal o de cuidados a seres dependientes.

La poca cobertura a este tipo de servicios y la organización social de los cuidados actual conduce al desaprovechamiento de una de las mayores y más instruidas reservas de fuerza de trabajo del país.  Incluso para aquellas que sí están incorporadas al empleo formal, el hecho de ser responsables de los cuidados, genera una distorsión.

A pesar de que existe una legislación que lo impide, perciben menos salarios que los hombres por sus ausencias al trabajo vinculadas a la atención de niños, ancianos, u otros.

Urgencia de recursos financieros

Los servicios de cuidados dedicados a la primera infancia están entre los que despliegan menor cobertura (apenas un 18 por ciento). Dado los fuertes requerimientos y vacíos regulatorios para ejercer esta actividad de manera privada, existe un alto índice de informalidad que causa disparidades en la alimentación, supervisión, estímulos y educación que reciben.

Ello puede constituir fuente de inequidades y desigualdades, entendiendo que la primera infancia es fundamental en el desarrollo de capacidades y habilidades de los niños y niñas para toda la vida. Resulta imprescindible invertir en esta etapa para contar en el futuro con una población más productiva, calificada y saludable.

Las personas con discapacidad por vejez cuentan con una red multidisciplinaria compuesta por el Ministerio de Salud Pública, los Regímenes de Seguridad Social y Asistencia Social; financiada sobre todo con fondos estatales.

Sin embargo, los servicios existentes tienen una visión mayormente médica y son insuficientes. Quienes padecen enfermedades terminales, crónicas y degenerativas, no cuentan con centros donde ser atendidos. En este contexto se han ampliado la oferta de cuidados privados, pero muchas familias no pueden acceder a ellos por su alto nivel de informalidad, desregulación y elevados precios.

Para las personas con discapacidad los servicios son prácticamente inexistentes más allá de escuelas especiales y prestaciones monetarias.

Es evidente la necesidad de transitar hacia políticas de cuidados con un enfoque que promueva una red corresponsable de servicios, compuesta por diferentes actores como las empresas, las comunidades, los hogares y las organizaciones sociales; donde el Estado juegue un papel de regulador, supervisor, coordinador y oferente de servicios, reivindicando la importancia y derechos de los cuidadores.

Dadas las restricciones presupuestarias, deben establecerse instrumentos legales o acuerdos presupuestarios, que garanticen disponibilidad de recursos, así como el tránsito a un financiamiento solidario.

Corresponde patrocinar estrategias culturales de redistribución de roles entre hombres y mujeres, programas de empleo y formación para la oferta de cuidados profesionales, además de la flexibilización de las jornadas y organizaciones laborales que admitan compatibilizar las actividades productivas y demás tareas.

El acceso a cuidados dignos es una dimensión clave para el desarrollo, por lo que no se puede supeditar a los niveles de ingresos. Entenderlos como un derecho permitirá que se avance a una sociedad más equitativa, inclusiva, productiva y próspera. (2020)