La derecha regresa con gloria

Otto Pérez Molina, de 61 años, gobernará como el séptimo presidente guatemalteco en el período 2012-2016.

Danilo Valladares - IPS

Otto Pérez Molina y Roxanna Baldetti celebran la victoria ante la prensa.

GUATEMALA, 7 nov (IPS) – El timón del gobierno de Guatemala dará un drástico giro a la derecha con el triunfo electoral del general retirado Otto Pérez Molina, quien recibirá en enero, junto con la banda de presidente, las brasas ardientes de la pobreza y la inseguridad ciudadana.

El binomio del Partido Patriota, conformado por Pérez Molina y Roxana Baldetti, logró en la segunda vuelta 53,74 por ciento de los casi 4,5 millones de votos emitidos, mientras que la fórmula competidora del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), el empresario populista Manuel Baldizón y Raquel Blandón, sumó 46,26 por ciento, según informó este lunes 7 el Tribunal Supremo Electoral.

Pérez Molina, de 61 años, gobernará como el séptimo presidente guatemalteco en el período 2012-2016, pasando a ser además el primer militar elegido tras el retorno del país a la democracia en 1985.

Ese año entró en vigor una nueva Constitución, que cerró el telón de un pasado de dictaduras y golpes de Estado para dar paso a la pacificación con el establecimiento de mandatos presidenciales cuatrienales no reelegibles y medidas expresas contra la perpetuidad en el poder.

El presidente electo, que el 14 de enero sustituirá al socialdemócrata Álvaro Colom, llegará al gobierno atado a fuertes compromisos de campaña, como la lucha frontal contra la inseguridad y el crimen organizado, la generación de empleo y desarrollo económico mediante la promoción de inversiones turísticas, mineras y exportaciones.

«Me emociona y me motiva el triunfo, pero reconozco la responsabilidad. No los voy a defraudar», dijo Pérez Molina la misma noche del domingo cuando los conteos primarios le dieron una proyección segura. En esa conferencia de prensa estuvo acompañado de Baldetti, quien se convertirá en la primera vicepresidenta en la historia del país.

«La capacidad de maniobra del presidente será muy limitada no solo en términos de accionar del Poder Ejecutivo, sino en términos de la vinculación con el Congreso legislativo», señaló a IPS José Carlos Sanabria, de la no gubernamental Asociación para la Investigación y Estudios Sociales.

«El aporte privado de fondos resta independencia y capacidad de acción a los partidos políticos, dado que deben responder a los intereses de los financistas y no así a los de los votantes y ciudadanos que depositaron la soberanía en sus representantes», aseguró.

En Guatemala, los partidos reciben sumas millonarias de los sectores tradicionales de poder vinculados ca la industria del cemento, la producción avícola, las cerveceras, los bienes raíces y otros.

De hecho, en este proceso eleccionario, el Tribunal Supremo Electoral debió multar al Partido Patriota y a Líder por sobrepasar el límite legal de gastos de campaña, fijado en este caso en 6,2 millones de dólares.

Los recursos utilizados en la lucha por la Presidencia contrastan con la pobreza que afecta a 50 por ciento de los más de 14 millones de habitantes y con la indigencia en la que viven 17 por ciento, según datos de la Organización de las Naciones Unidas.

Sanabria cree que el Estado debe otorgar la mayoría del financiamiento a los partidos políticos a través de una reforma electoral pensada no solo para períodos comiciales sino de forma permanente para la formación de cuadros y liderazgos ciudadanos.

Además, expresó su preocupación respecto de que el presidente electo dé la importancia que requiere la grave problemática social que afronta Guatemala. «Tenemos, junto con mucha pobreza, altos niveles de desigualdad y desnutrición», apuntó.

El dirigente de izquierda y excandidato presidencial Miguel Ángel Sandoval, entiende que, además del ataque a la pobreza y la reforma electoral, se debe atender con urgencia otros asuntos.

«Para que Guatemala entre por un rumbo de gobernabilidad democrática es necesario que se resuelva la reforma fiscal, se promocione el desarrollo rural, se apruebe una nueva ley de minería y se replantee el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos», dijo a IPS.

«Esto no es una ocurrencia mía, son temas pendientes desde hace 15 años, cuando se firmó la paz, pero que se han postergado, y quien llegue al gobierno debe afrontarlos. En caso contrario, esto se traducirá en movilizaciones sociales y reducción de los márgenes de gobernabilidad», advirtió Sandoval.

El 29 de diciembre, Guatemala celebrará 15 años de la firma de la paz entre la guerrilla izquierdista y el gobierno de entonces de Vinicio Cerezo, que dejó atrás 36 años de guerra civil con un saldo de 250.000 muertos y desaparecidos, y que contempló pactos para superar la marginación, la pobreza y otros retrasos, como la ausencia de derechos indígenas.

Sin embargo, permanecen estancados los acuerdos en materia agraria, de derechos humanos y de pueblos indígenas, que representan 43 por ciento de la población.

Además, la inseguridad campea en este país, considerado uno de los seis más violentos del mundo de una lista de 14, por un informe publicado en octubre por la secretaría de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo.

«Los resultados muestran que la mayoría de la ciudadanía está más preocupada por la inseguridad que por ninguna otra cosa», señaló Maureen Meyer, investigadora asociada para México y América Central de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

La voluntad de los guatemaltecos de «aceptar a un exmiembro del ejército que promueve una estrategia de mano de hierro demuestra, ciertamente, el fracaso del gobierno de Colom y de sus antecesores en adoptar reformas de largo aliento que se necesitan para combatir la corrupción y la impunidad», dijo Meyer a IPS.

Washington «puede ayudar con su asistencia o presionando al gobierno para que los recursos de seguridad vayan a reformas profundas de la policía, a fortalecer la justicia, y a asegurar que la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) pueda sostener su mandato y transferir su capacidad al sistema judicial guatemalteco», explicó.

Para Meyer, «una de las señales más potentes que podría enviar Estados Unidos… es hacer saber claramente a Pérez Molina lo importante que sería mantener en funciones a la actual fiscal general, Claudia Paz y Paz, que ha probado ser efectiva en el combate a la impunidad, el crimen organizado y las pasadas violaciones de derechos humanos».

«Pérez Molina impulsa un mayor papel militar en las acciones contra el narcotráfico, y lo que preocupa es que el uso del ejército resulte a expensas de fortalecer las fuerzas policiales, una tendencia en toda la región», advirtió. (FIN/2011)

* Con aportes de Jim Lobe (Washington).

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