“Rey, tu sabes que yo soy bióloga”, era el inicio de un audio que se hizo viral a través de las redes sociales, y que luego se reprodujo en decenas de memes como sátira que advertía la llegada a Cuba de una ola de rumores y hechos falsos asociados a la covid-19.

Aunque el aumento acelerado de información no verificada sobre un mismo tema, no fue exclusivo de la nación caribeña, sí puso a prueba la capacidad de medios de comunicación y de autoridades sanitarias para manejar la desinformación en un contexto que aún resulta novedoso.

Hace apenas dos años, en diciembre de 2018, se amplió el acceso ciudadano a Internet con el servicio de datos móviles.

A inicios de 2020, el 68 por ciento de la población de 11,2 millones de habitantes contaban como usuarios activos de redes sociales, según el más reciente Informe Digital de la agencia We are Social y Hootsuite. Pero los precios del servicio siguen siendo prohibitivos para amplios sectores de la población.

Como era de esperar, el nivel de actividad se disparó durante el periodo de aislamiento social que aún se extiende a la capital. Mientras, las autoridades sanitarias a nivel mundial y en la nación caribeña advertían sobre los riesgos sanitarios asociados a la desinformación.

Las soluciones internacionales es este problema han ido desde un mayor control sobre los contenidos públicos, como las medidas aplicadas por Facebook y Google, y macro proyectos colaborativos para verificar y procesar el constante aumento de información.

Entre las últimas se encuentra la iniciativa mundial “Verified” (Verificado), liderada por la Organización de las Naciones Unidas, y el proyecto coordinado por el International Fact-Checking Network, integrado por especialistas de al menos 30 países.

En Cuba, las alternativas también fueron diversas e imbricaron actores institucionales, medios de comunicación estatales y a la prensa independiente.

A diferencia de otros países, la isla caribeña no contaba con la experiencia de sitios especializados y proyectos mediáticos con servicios de fact-cheking o verificaciones, aunque algunos de los llamados medios alternativos recién iniciaron ese camino.

Información confiable y regulación:

Un reporte diario de la situación epidemiológica del país estuvo al centro de la estrategia gubernamental que, según trascendió en varios espacios, apostaba por la transparencia de datos y la información constante para gestionar la crisis sanitaria.

Varias iniciativas digitales, independientes o institucionales, se sumaron al análisis de datos y la recopilación de información confiable, incluida fuentes científicas.

También se hizo más recurrente el uso de las redes sociales, destacando Twitter, para que periodistas y autoridades aclararan dudas de la ciudadanía en relación al virus, o desmintieran contenidos falsos.

Fue en este contexto cuando el país comenzó a afrontar el debate sobre los límites entre regulación y censura cuando se trata de contenidos publicados en Internet.

La polémica inició luego de que varios periodistas y activistas fueran sancionados a pagar 3000 pesos cubanos (104 dólares) por sus publicaciones en redes sociales, con base en el impopular Decreto 370 Sobre la informatización de la sociedad en Cuba.

Un artículo publicado por el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, infiere que la imposición de multas es un mecanismo para controlar la desinformación y contra la propagación de noticias falsas en el país.

Sin embargo, ninguno de estos conceptos se recoge de forma explícita en la polémica norma que en su artículo 68, inciso i establece como contravención: “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.

El 8 de junio, varias ciudadanas y ciudadanos entregaron a diferentes entidades del gobierno y el Estado una petición para declarar inconstitucional dicha normativa, argumentando que esta impone “restricciones a la libertad de expresión”, que fue firmada por más de 500 personas residentes en Cuba.

Otro artículo de Granma advertía a la ciudadanía que el Código Penal (1987) establece sanción de uno a cuatro años de privación de libertad al que “difunda noticias falsas o predicciones maliciosas tendentes a causar alarma o descontento en la población, o desorden público”.

Aunque en efecto así está establecido bajo la sección quinta, Propaganda Enemiga, artículo 103, inciso 2 de dicho código, hasta el momento no ha trascendido la aplicación de esta sanción en el contexto de la covid-19.

Alternativas independientes

Entre las estrategias para mitigar el impacto negativo de contenidos falsos, manipulados o sacados de contexto, destacaron las herramientas de verificación empleadas por los medios independientes Periodismo de Barrio y El Toque.

Desde que iniciaran un Servicio de Información conjunta para la cobertura de la covid-19 en Cuba, el equipo de ambas redacciones orientó una parte de su agenda a atender los contenidos para verificar qué enviaban los usuarios.

“Ahora la información pública con un valor social cobra mayor importancia para recabar datos, verificar noticias, explicar causas y consecuencias, alertar sobre determinadas medidas e incluso contar historias de soluciones”, comentó a IPS Cuba Jessica Domínguez, editora de El Toque.

A inicios de junio lanzaron COVIDE, una herramienta para verificar información referente a la pandemia, accesible desde Telegram (@VerificaInfoBot) y WhatsApp (a través del envío de un mensaje al número +5359704362).

El bot es una novedad en el ecosistema de medios cubanos, que aún no se incorpora a la tendencia internacional de brindar servicios de fact checking.

El programa informático, creado por dos desarrolladores cubanos, utiliza técnicas de procesamiento de lenguaje natural para consultar la base de datos y devolver los resultados con mayor similitud semántica al texto o pregunta propuesta.

Este tipo de recursos además facilita y agiliza el trabajo de periodistas y editores en medio de la abundancia informativa.

En el caso de que las respuestas de COVIDE no sean satisfactorias, los usuarios pueden solicitar que sus términos de búsqueda o consultas sean investigados por un equipo editorial, especifica el anuncio de la iniciativa.

El bot recurre a una base de datos con información comprobada sobre la pandemia, generada por la red LatamChequea. Esta es la iniciativa de mayor alcance en la región, con alrededor de 35 organizaciones, incluidos los dos medios cubanos, dedicada a la verificación de contenidos.

Para Domínguez, la alianza entre ambos medios (PB y El Toque) y con otros actores del sistema comunicativo, cubano y regional, permitió una mayor profundidad y rigor en los análisis, la recopilación de datos e informaciones.

“Es importante resaltar que tanto el bot, como otras iniciativas de verificación de datos parten de las necesidades y la relación directa con la audiencia y sus demandas”, especificó la periodista.

Los desarrolladores del bot, que en estos momentos corrigen errores puntuales de funcionamiento, confían en que COVIDE pueda convertirse a futuro en una herramienta más amplia de verificación noticiosa. (2020)