A lo largo del proceso revolucionario iniciado en 1959, las dinámicas sociales han estado enmarcadas lógicamente en contextos epocales definidos, que han sido periodizados por diferentes autores y de acuerdo a distintos criterios.

Más allá de los movimientos provisionales, espontáneos, o los mayormente institucionalizados, un conjunto de procesos generó diversos estadios de identidad y compromiso social en amplios sectores de la población.

Esto se produjo bajo el predominio de uno u otro dirigente conductor del proceso, la existencia o no de un sistema global de cierta caracterización socialista progresiva y la inserción del país en esos espacios.

 

Algunos antecedentes

Desde la mística inicial de la revolución en el poder, después de la victoria de las fuerzas rebeldes, sus medidas sociales, la relevancia de la personalidad de Fidel Castro (1926-2016), sus ideales sociales proclamados y su telúrica capacidad movilizadora, se fue conformando un sentido social mayoritario de identidad revolucionaria. Esto a pesar de la oposición de algunos sectores económicos y políticos vinculados a las anteriores élites nacionales, o con posicionamientos políticos contrarios a los emergentes.

La existencia de un “campo socialista” de integración y apoyo, en plenitud de perspectivas posibles de desarrollo, afirmó la nueva institucionalidad del Estado, el Partido y sus organizaciones de masas, lo cual planteaba como expectativa otra forma socializadora del quehacer sociopolítico, diferente a la politiquería y corrupción manifiestas en períodos anteriores y a la ficción de una democracia representativa que nunca fue.

No obstante, la institucionalización progresiva del proceso se movió entre las decisiones del aparato estatal-partidista y la dinámica de su consideración acerca de las necesidades populares, de acuerdo a las visiones predominantes de la Dirección política en cada momento.

La perspectiva, en el imaginario social, del socialismo mundial triunfante y sus apoyos a nuestro país,  parecía dar unas opciones permanentes de desarrollo autóctono con justicia social, articulado a la división internacional del trabajo entre los países socialistas.

De hecho, el país quedó dependiendo de un subsidio socioeconómico, subterráneo a la percepción social imperante de promoción de una colaboración justa y solidaria entre países con diferente grado de desarrollo. Ello parecía garantizar, de manera permanente, el desarrollo gradual del país, a través de planes quinquenales ajustados al sistema socio-económico-político implementado.

Con ello las medidas persistentes de bloqueo norteamericano (1962), quedaban prácticamente reducidas al mínimo.

 

Las imprevisiones

De modo que el mundo diseñado, a manera de un desarrollo progresivo lineal –frente a las opciones imperialistas y neoliberales existentes–, fue apropiado de manera relativamente acrítica, a pesar de las innovaciones nacionales instauradas muchas veces atribuidas a la capacidad de liderazgo nacional, y en ciertas ocasiones, por encima de observaciones críticas fundamentadas de algunos sectores de la población, la Dirección del país o la academia.

La necesaria institucionalización fue configurando sectores de poder burocratizado –ajeno a las visiones críticas positivas–, de manera que los procesos sociales emergentes desde la época inicial fueron formalizando y delineando un discurso impermeable a la corrección ciudadana de enfoques, conceptualizaciones y políticas públicas que luego nos pasarían la cuenta.

El poder burocrático –en su apariencia de institucionalidad estatal eficiente–, unido a la falta de una visión crítica realista acerca de las deficiencias del “socialismo real”– en alguna medida modélico para el país a pesar de sus novedades internas- pudieron lastrar las posibles opciones de desarrollo autóctono a través de diferentes políticas y vías de construcción socialista no suficientemente exploradas y perfiladas.

Unido esto a la visión de “permanencia eterna del campo socialista” dador de apoyos –a pesar de las propias palabras proféticas de Fidel Castro acerca de los peligros inminentes a fines de los 80– relegó a lo imposible la desaparición de un socialismo progresivo como sistema mundial.

 

Los impactos y las adecuaciones

La caída del campo socialista recolocó la perspectiva del desarrollo socialista nacional, de manera abrupta, a través del llamado período especial, en los años 90 del pasado siglo, que requirió de medidas de ajuste con improvisaciones no previstas en el modelo de sociedad anteriormente presente.

Nuevas modelaciones de la sociedad –lineamientos, conceptualización, reforma económico social, nueva Constitución, entre muchas otras medidas han tratado de reformular las estructuras institucionales –sobre todo socioeconómicas y de gobierno territorial- de acuerdo a necesidades y perspectivas de los nuevos tiempos.

Todo ello en medio de medidas de sanciones y bloqueos arreciados y la emergencia de un mundo unipolar y predominantemente de relaciones económicas capitalistas –más allá de la reforma de sistemas sociopolíticos en el anterior campo socialista: unos de socialismo con mercado y otros francamente capitalistas liberales.

No obstante, los cambios introducidos con la emergencia de nuevos actores socioeconómicos: primero cuentapropistas y luego pequeñas y medianas empresas (mipymes) –y hasta grandes negocios capitalistas–, las posibles proyecciones de reformas sobre la empresa estatal “socialista”, aducen contradicciones o carencia de visión integral articuladora en función de fines socialistas efectivos:

Primero, han tardado muchos años desde la caída del campo socialista en la década de los 90 del pasado siglo XX; segundo, han sido establecidas a ritmo lento y fragmentado; tercero, han tenido presentaciones y retrocesos, contradicciones (trabas) y discordia en los posicionamientos fundamentales desde la Dirección del país –algo sólo deducible–, sin transparencia y consenso ciudadano real.

Ante las insuficiencias de autodesarrollo nacional, carencia de liquidez y endeudamiento internacional, en las nuevas y difíciles condiciones, en un contexto mundial signado por el capital, no parece haberse valorado correctamente el papel de diversas formas socializadoras de la propiedad y gestión en el ámbito socioeconómico, de manera que se ha impuesto la rigidez de las instituciones y empresas estatales –con ligeros cambios.

Ha triunfado la apertura –con mínimas condiciones y regulaciones contradictorias– al fomento de la pequeña y mediana propiedad privada –por demás percibida socialmente como “exitosa” económicamente y prácticamente sin regulaciones de bloqueo norteamericano-, con intención no suficientemente lograda de inversión de gran capital extranjero y unida a la perspectiva de encadenamientos productivos con empresas estatales de diverso nivel de desarrollo, en su deteriorado entorno tecnológico y motivacional-, que aunque apropiados no parecen ser la solución definitiva al problema de los objetivos socioeconómicos socialistas.

A esto se le suma la existencia de un Estado gigantesco –aún con reducciones periódicas– que abarca no sólo la estructura ministerial y empresarial, sino variadas organizaciones sociales subvencionadas en lo fundamental, con un gasto social presupuestal alto para un país relativamente pequeño.

Por otra parte, las medidas económicas históricas y las políticas asociadas –que en la época de relaciones con el campo socialista brindaron cobertura a diferentes sectores de la economía y satisfacción de necesidades de la población-  fueron acumulando déficits en los años posteriores bajo el modelo de propiedad y gestión estatal predominante, aún con la existencia de un sector privado y un sector cooperativo en el campo, con pocas posibilidades de autonomía de gestión.

Así, bajo las premisas del modelo anterior de las relaciones estructurales con el campo socialista y su visión de socialismo real, no fue posible la continuidad del desarrollo –salvo a costa de deuda pública–, sobrevino el período especial y las consecuencias posteriores, sin que se fortalecieran políticas económicas en áreas como la energética, producción de insumos de industria alimentaria, casi destrucción de la amplia industria azucarera, pesquera y, en general de muchas áreas de la economía del país.

De manera que las formas institucionales y las políticas permanecieron con tendencia a la inercia y decadencia durante largos períodos, mientras todo ello ocasionaría cambios sustanciales en las formas de pensar y sentir de la población, afectando la conciencia ciudadana y los valores de una ética socialista de progreso, justicia y equidad social.

 

Valores en la conciencia social

Desde el inicio de la Revolución el ideal de equidad y justicia social se presentó como programa social principal.

En los primeros tiempos pudiera referirse un cierto nivel de homogeneidad social en cuanto al nivel de ingresos y beneficios recibidos del Estado –entre ellas gratuidad de servicios de salud y educación, normas igualitarias de productos de consumo, libreta de abastecimientos– y otras medidas sociales (construcción masiva de viviendas populares, eliminación de barrios insalubres, por ejemplo), algunas de las cuales permanecieron en el tiempo.

No obstante, a pesar de su intención equitativa, algunas medidas se implementaron bajo un patrón de Estado paternalista y una concepción igualitaria para toda la población, percibidas como justas en su momento, pero que fueron creando una Cultura del Estado dador y fueron generando una subjetividad social subordinada a la espera de las soluciones desde las instituciones estatales.

Esto, en sectores poblacionales diversos, puede haber ido creando una “expectativa de la esperanza”: así, la solución viene desde afuera, desde arriba, desde lo normado para todos por igual, creando la sensación del derecho a recibir, a que se otorguen bienes y servicios de manera generalizada –sobre todo de consumo– subsidiados, que promueven una subjetividad social dependiente más que proactiva.

En diferentes momentos, sectores de la academia apostaron por una propuesta de subsidio a sectores vulnerables y no a toda la población, sobre todo en lo que se refiere a bienes básicos; no obstante la trayectoria extensa en el tiempo de la política vigente al respecto, podría haber sido considerada como inaceptable y conflictiva con la población, por lo que no se aplicó esencialmente.

En condiciones deficitarias de la economía, de insatisfacción de necesidades básicas, de inflación de precios, de carencias de todo tipo, el valor trabajo –estatal– se fue deprimiendo a lo largo del tiempo, en los últimos años, a favor del trabajo privado, de la rebusca, la informalidad y la ilegalidad, en las que un sector amplio de la población logra mantener un nivel de ingresos, imposible desde el trabajo en una parte importante del sector estatal.

Mientras tanto, se legitimaron estilos de vida exagerados en sectores y capas cercanas a la dirección del Estado, lo que se percibía como normal por el ejercicio de responsabilidades y trayectorias revolucionarias, en condiciones de los años 80, al menos con un nivel de relativa satisfacción de necesidades elementales de la población. Pero este panorama se complica en los 90 con el período especial, que implicó grandes gastos, con carencias y sacrificios en los sectores populares, se remonta algo en el nivel de ingresos en los 2000 y cae a sus niveles mínimos y caóticos del período post-pandemia posteriormente.

Actualmente, en su nivel más bajo, ciertas medidas –que se planteaban como posibles  soluciones–, fueron implementadas, entre ellas la Tarea Ordenamiento (2021) con cálculos anticipados desajustados y consecuencias sumamente fuertes para la vida cotidiana de los sectores populares.

Ante la crisis socioeconómica generalizada, sus impactos generaron alternativas de supervivencia –por diversas vías de informalidad, ilegalidad, migración al exterior, trabajo privado, entre otras– o por vía de recepción de fondos familiares del exterior o de socios extranjeros para el establecimiento de emprendimientos particulares de diverso tipo.

El empeoramiento brusco de las condiciones de vida de segmentos poblacionales mayoritarios, en medio de la crisis, ha obrado de manera disruptiva, en amplios sectores de la población, provocando un nivel de descreimiento en la gobernabilidad del Estado, la desconfianza o la afirmación de valores individualistas, menor sentido de la solidaridad, migración desenfrenada tanto juvenil y profesional como de sectores de bajo nivel y una creciente decepción del “socialismo” hasta ahora existente.

Inclusive se puede haber horadado el sentido identitario nacional en varios segmentos que buscan su futuro fuera del país o se alimentan de una desesperanza creciente, ante la falta de objetivos claros y eficientes de desarrollo socioeconómico.

Se han afirmado también, en amplios sectores, los valores del capitalismo, ante las expectativas imaginadas de que ese sería ahora una solución posible a las carencias provocadas en condiciones de crisis general.

 

Alternativas y desafíos

Las expresiones de las subjetividades, en sus interacciones complejas con prácticas institucionales, políticas, de orden económico, territorial, medioambiental o social,  plantean la necesidad de una línea de enfoque fundamental para la reconstitución de nuevas praxis renovadoras de la sociedad, con carácter integrador.

Visto desde unos de sus ángulos, las subjetividades sociales se presentan en unidad dialéctica como patrones de interacción y significación social. El estado de las subjetividades y prácticas sociales locales y sus posibles articulaciones con procesos de transformación comunitaria-local desde los actores sociales, constituye una de las vías de reformulación social positiva, aunque considerada en su conexión con la totalidad de manera compleja, con la visión de país y las políticas públicas que la hagan posible.

Pero ello requeriría un cambio esencial de perspectiva – algo difícil de lograr, no imposible, ante la reafirmación de formas de propiedad y gestión privadas de manera bastante generalizada y la devaluación de la gestión estatal, tanto socioeconómica, empresarial como sociopolítica, al no poder existir una percepción social de presentación de vías claras y efectivas de solución a la crisis en el corto plazo.

La construcción de valores socio-económicos solidarios, que podría rescatar los fines populares y socialistas de la nación, requiere del fomento multidimensional y priorizado de una cultura de relaciones humanas de nuevo nivel, y de un amplio consenso social que exprese la comprensión de roles, límites y posibilidades sociales de todas las formas socioeconómicas.

Esta cuestión nos lleva a la consideración de la multidimensionalidad del tema de la Economía Social Solidaria (ESS), lo cual recientemente se ha vinculado a la discusión sobre la necesidad de liberación de las fuerzas productivas en el modelo socialista cubano en construcción.

En nuestra consideración, la liberación de las fuerzas productivas es parte de un fenómeno de entramados complejos en las relaciones económicas, sociales, políticas, culturales, jurídicas; por lo que no puede tratarse de manera independiente del conjunto de los fenómenos de la vida social ni de las manifestaciones de las diversas formas socioeconómicas.

En estas circunstancias, ¿hasta dónde podría llegar la complementariedad de formas económicas? ¿Cómo transformar las formas de gestión estatal de formas autoritarias-centralizadas a formas de gestión multiactoral, incluyentes de las no estatales? ¿Cómo las cooperativas y las formas de gestión y propiedad privadas, con proyección social de sus relaciones de trabajo podrían considerarse expresiones de la ESS?

Sería necesario el fomento de una visión general de Economía Social Solidaria, desde fórmulas cooperativas y de trabajo familiar, de asociaciones comunitarias y de grupos cooperados, de autogestión obrera y su arriendo de empresas estatales, de nuevas formas de participación en las decisiones y dirección de las grandes empresas estatales y de las políticas públicas.

Estas fórmulas amplias de ESS, además, posibilitarían  saltar sobre las medidas sancionatorias del bloqueo al no contemplarse como formas de gestión estatal, sometidas a ello.

El propósito sería evitar que la potencial apertura de desarrollo económico genere una conciencia social individualista o de dependencia y subordinación a una orientación centralizada. Se necesita un balance apropiado, desde la participación colectiva sobre la distribución de la riqueza, de la prosperidad individual y colectiva. Esto implicaría fomentar una cultura del ser vs. tener, como vía de progreso y desarrollo personal-social hacia una conciencia y acción solidarias.

La incertidumbre es una característica de los procesos complejos que se agudiza en los contextos actuales; no obstante, las proyecciones socioeconómicas y sociopolíticas deberían encaminarse a la reducción posible y gradual de las incertidumbres básicas, a riesgo de generar una situación caótica en diversos sentidos de la existencia de la ciudadanía.

Se necesitaría:

• El desarrollo de relaciones reflexivas, interactivas y generativas-creativas para la gestión y participación social en espacios laborales y ciudadanos.
• El fomento de una ética ciudadana participativa, aportadora y protagónica a todos los niveles de la sociedad.

Ello implica la apuesta por el empoderamiento ciudadano y organizacional orientado al mejoramiento de la calidad de vida y solución de sus problemáticas sociales, ambientales y productivas, aportadores a nuevas formas de emancipación social.

La promoción de subjetividades y prácticas sociales a través del impulso generalizado de una cultura de la gestión social y económica solidaria, desde la familia, la escuela en todos sus niveles, los medios de difusión y la creación de un movimiento social al respecto, pudiera ser uno de los factores de viraje de la sociedad hacia el apoyo a un nuevo modelo de socialismo progresivo, participativo-democrático y sostenible.

Basado, además, en  el desarrollo autogestionario constructivo de sus ciudadanos y en conexión con la gestión eficiente de un Estado viable a los propósitos integradores de la construcción ética-emancipatoria ciudadana. (2024)