III Cumbre de las Américas: ALCA para el 2005 (II Parte)

Análisis publicado en 2001 sobre la reunión regional.

Foto: Jorge Luis Baños- IPS

MINISTROS AVANZARON ENTRE PROTESTAS

La reunión de ministros de América para avanzar en la creación del ALCA se desarrolló en una capital argentina prácticamente sitiada por policías fuertemente armados, carros de asalto, perros adiestrados y calles cortadas al tránsito. El operativo de seguridad pautó el temor de las autoridades a incidentes, debido al rechazo que provoca en la sociedad civil y en distintos sectores políticos el hermetismo que rodea el proceso de conformación del ALCA.

Los ministros responsables de Comercio Exterior de los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyeron dos días de sesiones en la sede de la Cancillería de Argentina, rodeada de un vallado y de fuerzas policiales de choque. Mientras, arreciaron las críticas al proceso de integración por parte de sindicalistas, estudiantes, organizaciones no gubernamentales y algunos políticos y legisladores de la región.

Una fuente de la Cancillería argentina dijo que entre los negociadores hubo “consenso generalizado” sobre la necesidad de ampliar la participación de la sociedad civil en las tratativas continentales y de un mayor grado de información al respecto.

No obstante, admitió que los mecanismos para habilitar esa participación no pueden ser discutidos por los ministros, ya que corresponde al comité especial encargado de la sociedad civil, el cual tendrá que diseñar campañas de difusión con el necesario financiamiento para ello.

El reclamo social se vio expresado en tres marchas callejeras multitudinarias, convocadas por las centrales sindicales argentinas, con fuerte presencia también de brasileños, paraguayos y uruguayos. A las manifestaciones se sumaron representantes sindicales de Canadá, de Estados Unidos y de México, además de la realización de numerosos foros y seminarios en los que se reunieron por sectores de actividad.

Sin embargo, ninguna de las protestas consiguió influir sobre el proceso. En las diversas actividades contra el ALCA no participaron dirigentes de los principales partidos políticos ni legisladores ni empresarios de la región.

La falta de participación en el proceso de integración hemisférica no se limita a las organizaciones de la sociedad civil. Parlamentarios de América reclamaron en vano a los gobernantes, a mediados de 2000, que les permitieran intervenir para garantizar la transparencia de las negociaciones, pero la negativa sigue en curso. Los gobiernos rechazaron una petición presentada por una comisión de legisladores americanos para estar presente en calidad de observadores en la Cumbre de Quebec.

La situación también fue examinada en el Foro Social Mundial, que se reunió en enero en la ciudad brasileña de Porto Alegre, donde se propuso a los gobiernos de América Latina convocar una consulta popular, previa a la ratificación del ALCA que deberán hacer los parlamentos. “No creo que acepten ese planteo, porque saben que si se consulta al pueblo sobre el ALCA, la respuesta es ‘no'”, comentó a IPS Víctor de Gennaro, presidente del Congreso de los Trabajadores Argentinos, una de las tres centrales sindicales de ese país.

Los dirigentes que convocaron a las protestas en Buenos Aires no se manifiestan contra el sistema capitalista, sino que piden intervenir en el proceso de negociaciones o, de lo contrario, rechazarlo. Sin embargo, los manifestantes que los acompañaban expresaron posiciones más radicalizados en sus consignas, sobre todo al criticar la hegemonía de Estados Unidos.

En esa línea se manifiesta la Alianza Social, red continental de agrupaciones sociales, que reclama desde hace un año y medio conocer los contenidos de las negociaciones para poder crear un comité de estudio y seguimiento de las propuestas y realizar los aportes para que el proyecto sea viable.

La única excepción a la participación de la sociedad civil que aceptan los negociadores oficiales del ALCA es con el Foro Empresarial de las Américas, que cada año delibera en forma previa a la cita oficial. Las conclusiones y recomendaciones surgidas en ese Foro son examinadas en la primera jornada de la reunión ministerial, para que los funcionarios sepan cuáles son las prioridades, los consensos y disensos en el sector privado.

Esta vez en Buenos Aires, donde estaba en juego ya la aprobación del documento que permitirá la puesta en marcha del libre comercio en América, las recomendaciones de los empresarios no pudieron obviar el reclamo del resto de las organizaciones sociales, sindicales, de estudiantes, de mujeres y otras. “El secreto de la documentación del proceso de negociaciones del ALCA es muy grave”, advirtió el presidente del Foro Empresarial de las Américas, el argentino Antonio Estrany y Gendre y opinó que “Todas las manifestaciones en contra del proceso de integración, desaparecerían si no se ocultaran estos documentos”.

Las declaraciones de Estrany y Gendre fueron aclamadas por el auditorio de empresarios y ministros, mientras en el exterior del hotel Sheraton, en el que se realizaba el encuentro, un grupo de manifestantes arrojaba piedras, herramientas y bombas molotov contra el vallado de rejas y policías.

El propio presidente argentino Fernando de la Rúa se sumó al pedido de la sociedad civil. “Es necesario que se difunda (la discusión sobre el ALCA) para que no surjan disidencias u oposiciones, porque la fortaleza de este acuerdo debe reposar sobre el concepto de los pueblos, apoyando a sus gobiernos democráticamente elegidos”, afirmó.

Un comentario similar realizó anteriormente el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, (BID), Enrique Iglesias, y el secretario general de la OEA, César Gaviria, quienes exhortaron a ministros y empresarios a buscar el respaldo social al proyecto de integración, a través de una mayor difusión de las negociaciones.

“De lo contrario, el ALCA no tendrá legitimidad” social, advirtió Iglesias. A pesar de esos llamados a la apertura, los ministros insisten en mantener las tratativas en secreto, aumentando la desconfianza de quienes estiman que el acuerdo continental no traerá nada bueno a la región, sobre todo en lo que se refiere a desarrollo social, condiciones de empleo y preservación del ambiente. La propuesta de Canadá de dar a conocer el documento sobre el que discuten los ministros fue rechazada.

La ministra de Comercio Exterior de Colombia, Marta Lucía Ramírez, justificó esa oposición señalando las características técnicas del texto y la necesidad de evitar que se frene el proceso. En rueda de prensa, Ramírez comentó que para Colombia es muy importante involucrar a todos los sectores, sobre todo a empresarios y académicos, pero remarcó que las negociaciones son muy técnicas y que someterlas al escrutinio público provocaría una “parálisis” en el proceso.

Los contactos con la prensa de los viceministros y negociadores, que se reunieron en forma previa, fueron muy escasos.

Lo habitual fue que se anunciaran horarios en los que un funcionario haría un resumen de las discusiones, pero luego se suspendía. Tampoco hubo conferencias de prensa. El estado de las deliberaciones fue conocido en parte gracias a los empresarios y de algunos cancilleres que ofrecieron conferencias por separado, no como voceros de la asamblea, en las que se tocaba el tema del ALCA como uno más entre otras cuestiones de índole nacional o regional.

Las negociaciones en Buenos Aires abarcaron asuntos como el acceso a mercados, la agricultura, inversiones, servicios, compras gubernamentales, derecho de propiedad intelectual, subsidios y derechos compensatorios, defensa de la competencia, solución de controversias, economías pequeñas y comercio electrónico.

El secretario adjunto de la Federación de Camioneros de Argentina, Jorge Silva, se preguntó si es posible poner a competir a Canadá con Haití o a Ecuador con Estados Unidos. Ningún ministro ni empresario pudo responder esa inquietud.

Así y todo, la reunión de ministros de América concluyó el 7 de abril acordando que el 1 de enero de 2006 entre en vigor el ALCA, una vez ratificado el acuerdo por los parlamentos de los países participantes.

La reunión fijó también el camino a seguir en los próximos 18 meses, en los cuales la presidencia del proceso estará a cargo de Ecuador, para avanzar en los listados de productos y servicios que serán objeto de liberación arancelaria en el marco del tratado comercial hemisférico.

El tratamiento de los temas laborales y ambientales en el futuro tratado, al igual que la relación entre los compromisos colectivos y las leyes nacionales, fueron también objeto de consensos, difícilmente alcanzados luego de cuatro días de reuniones a nivel técnico y político. Un criterio esencial adoptado por los ministros indica que los 34 países podrán presentar propuestas en el curso de las negociaciones sobre asuntos laborales y ambientales, pero si sus planteamientos no logran consenso deberán ser finalmente retirados de los compromisos finales.

En cambio, los ministros rechazaron una moción según la cual los acuerdos en la construcción del ALCA no podían ir en menoscabo de las leyes nacionales de los países, por estimar que un condicionamiento de esta naturaleza acarrearía la paralización del proceso. Fuentes cercanas a la reunión indicaron que si se aceptaba ese principio se estaría consagrando, por ejemplo, la validez de las leyes antidumping (contra el comercio desleal) en Estados Unidos, que a menudo se traducen en barreras no arancelarias para las exportaciones latinoamericanas a ese país.

La propuesta sobre la fecha de término de las negociaciones y de comienzo de los programas de liberación comercial fue planteada por el ministro de Comercio de Canadá, Pierre Pettrigrew, resolviéndose así la controversia en torno a los plazos del proceso de discusión y creación del ALCA.

La moción, adoptada por los ministros, consigna que, “a la luz de los avances logrados en el proceso de negociación”, se recomienda a la cumbre que adopte lineamientos para asegurar que tales tratativas concluyan el 1 de enero de 2005, plazo acordado en la II Cumbre de las Américas en Santiago de Chile en 1998.

La propuesta canadiense añade que los gobernantes busquen que el acuerdo “entre en vigor lo antes posible”, sugiriendo que en el curso del año 2005 se podría obtener la ratificación del tratado por los parlamentos.

Se advirtió, sin embargo, que de acuerdo a los sistemas de democracia representativa, con separación de poderes, los gobiernos no están en condiciones de imponer plazos a los parlamentos, por lo cual la fecha del 1 de enero de 2006 representa un objetivo, pero no un acuerdo consolidado.

La controversia en torno a la fecha de finalización de las negociaciones del ALCA se comenzó a despejar luego de que la canciller de Chile, Soledad Alvear, asegurara el interés de su país en “culminar efectivamente” las tratativas en 2005.

La reunión ministerial de América estuvo condicionada en su comienzo por la propuesta chilena de adelantar el fin de las negociaciones al 2003, idea que contó con el inicial respaldo de Canadá, Estados Unidos y de algunos países de América Central.

Alvear, en una rueda de prensa realizada en la embajada de Chile en Buenos Aires, abogó por conseguir que el tratado de implementación del ALCA que suscriban los gobernantes logre la ratificación de los parlamentos en el curso del 2005. “Nosotros creemos que debe entregarse la propuesta (de los gobernantes) a nuestros parlamentos y culminar la negociación a fines del 2004 o en los primeros días del 2005, y ojalá, en la medida de lo posible, que pudiésemos lograr que dentro del 2005 los parlamentos lo aprobaran”, explicó el canciller antes de que el tema fuera resuelto en la reunión.

La cita de los ministros determinó igualmente que para abril del 2002 se concretarán las presentaciones de los 34 países sobre las listas de productos y servicios a considerar en la liberación

arancelaria, considerando los intereses de las economías más pequeñas del hemisferio.

De esta manera, se prevé que el proceso negociador tenga un avance decisivo en el curso de los próximos 18 meses, en que la presidencia del mismo, ejercida hasta esta reunión por Argentina, estará en manos de Ecuador.

MÉXICO, MODELO DE LIBERALIZACIÓN

El equipaje que llevó México a la Cumbre de las Américas en Quebec, Canadá, incluye numerosos acuerdos firmados por su cuenta que lo elevan a la categoría de potencia comercial continental.

Este país juega por su ubicación geográfica, entre otros factores, un papel clave en las negociaciones del ALCA y es considerado puerta de ingreso de la producción latinoamericana al mayor mercado del continente: Estados Unidos, cuyo presidente, George W. Bush, aspira además a liderar la liberalización del comercio americano. Entre ambos países hay unos 3.000 kilómetros de frontera terrestre.

Federico Nobelo, investigador del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo a IPS que el gobierno de Vicente Fox se sumará sin resistencia a los esfuerzos de su mayor socio comercial por acelerar la puesta en marcha del ALCA.

México, Estados Unidos y Canadá mantienen un intercambio comercial superior a 600.000 millones de dólares en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en vigencia desde 1994. En la última década, las exportaciones mexicanas crecieron más de 400 por ciento al pasar de 41.000 millones en 1990 a 166.000 millones el año pasado. En el mismo período, las importaciones aumentaron más de 310 por ciento, de 42.000 millones de dólares a 174.000 millones.

El libre comercio es una bandera del gobierno Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), así como lo fue para los anteriores, a cargo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder durante 71 años. Pero, más que el ALCA, a Fox “le interesa impulsar el Plan Puebla-Panamá (PPP)”, programa con que el mandatario prevé integrar al sudeste de este país con América Central, afirmó Carlos Gómez Chiña, experto del Departamento de Economía de la UAM.

Con el PPP, Fox pretende “dar un sello personal a los principios de libre comercio que rigen la política económica para el logro del desarrollo nacional”, añadió el investigador. El PPP fue diseñado por el nuevo gobierno sobre la base de que el sudeste mexicano y los países centroamericanos poseen el potencial para convertirse en un polo económico de América Latina.

Considerando que ese proyecto representa una prioridad para los responsables del comercio en México, este país no se ha mostrado como el más entusiasta en la creación de un gigantesco mercado de 800 millones de personas mediante el ALCA, destacó Gómez Chiña.

“Aunque con cierta frialdad frente al proceso de integración del ALCA, México no es de ninguna manera un simple espectador, si se considera que en la última década trazó su propio camino para construir acuerdos comerciales en la región”, añadió.

Además del TLCAN, México firmó tratados bilaterales de libre comercio con Bolivia, Chile, Costa Rica y Nicaragua. Con Colombia y Venezuela estableció el Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres, y otro más con el denominado Triángulo del Norte, que forman Guatemala, Honduras y El Salvador.

Para México, que concentra cada vez más su comercio con Estados Unidos, un acceso preferente en 33 países facilitaría un aumento de sus exportaciones, señaló Nobelo. La creación del ALCA permitiría también al país cambiar la “multimembresía actual por un esquema único”, en el marco de una “armonización de las economías regionales”, dijo el experto.

Al plegarse a las intenciones de Estados Unidos, México contrarresta a Brasil, que se resiste a adelantar los plazos del ALCA, señaló Gómez Chiña.

México no propone iniciativas nuevas, sino que llega a Quebec para ir al ritmo de sus socios del TLCAN en la construcción de una comunidad económica, afirmó, por su parte, el canciller mexicano, Jorge Castañeda.

El país azteca aspira a captar este año unos 14.000 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, ante los 13.162 millones del año pasado.

EL TLCAN, MOTOR DE CRECIMIENTO DESIGUAL

Pero… siempre hay un pero. Hay en México quienes destacan beneficios resultantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y quienes aseguran que los costos de la asociación comercial con Estados Unidos y Canadá no podrían ser mayores. Los dos diagnósticos son ciertos, y entre los dos completan el panorama.

En el marco de las negociaciones para la creación del ALCA, los resultados que exhiba México como un país en desarrollo asociado a dos economías avanzadas son muestra de cómo podría funcionar una asociación hemisférica entre economías desiguales.

El modelo de asociación en el TLCAN no es el que prevaleció en la Unión Europea, que favoreció la movilidad de trabajadores y se transfirieron recursos de países más avanzados a los que menos lo

eran, para reducir disparidades. El grupo de América del Norte es una sociedad de países con muy distintos ritmos de desarrollo. Al respecto, los estudiosos de la comunicación dirían que el caso mexicano es “polisémico” y ofrece un potencial de sentidos para analizar. Esto significa que, dependiendo de quien haga la lectura, se tendrán balances diferentes e incluso contradictorios del mismo caso.

El TLCAN nació en su forma actual en 1994 y a partir de entonces, crecieron en México las inversiones extranjeras, la actividad económica, las exportaciones -sobre todo a Estados Unidos, su principal mercado-, y el empleo.

De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL) el desempleo abierto es hoy de apenas dos por ciento de la población económicamente activa. El producto interno bruto mexicano creció siete por ciento en 1997, 4,9 al año siguiente, 3,7 en 1999 y siete por ciento en 2000.

Las estadísticas de evolución del producto y las cifras que indican la masiva llegada de inversiones a México tientan, por ejemplo, al gobierno de Argentina, que no consigue poner en marcha la economía ni reducir un desempleo que no baja de los dos dígitos hace más de 10 años.

El “grado de inversión” (investment grade) que las agencias calificadoras dieron a los títulos de deuda mexicanos, como certificado de calidad, es un sueño no realizado de Argentina y de muchos países latinoamericanos, pues todos tienen una fuerte dependencia de los capitales del exterior para su financiamiento.

No obstante, hay otros datos del desarrollo mexicano. Los informes que realizan cada año las agencias de la Organización de las Naciones Unidas indican que entre 1990 y 1998, la población mexicana en condiciones de pobreza aumentó de 32 millones a 43 millones, y los que sufren desnutrición, de 4,4 a 5,1 millones -la mitad de ellos menores de cinco años.

En materia de empleo, no todos los que tienen trabajo se lo agradecen a la asociación mexicana con los dos grandes países norteamericanos.

La economía informal -o por cuenta propia- sin respaldo de seguro médico o provisional, representa 29 por ciento del empleo total, y hay además 30 por ciento de empleos en el sector manufacturero que corresponde a las maquilas, una forma muy controvertida de producción para el mercado externo.

“En las maquilas no existen los derechos laborales ni la protección de la salud, se trabaja 12 horas o más, y si usted es mujer, pueden solicitarle una prueba de embarazo para decidir si le dan el empleo”, explicó a IPS el mexicano Héctor de la Cueva, secretario ejecutivo de la no gubernamental Alianza Social Continental.

La Alianza está integrada por grupos de la sociedad civil del continente americano que propician un modelo de desarrollo económico alternativo al que existe en México, critica el funcionamiento del TLCAN y -por las mismas razones- se opone a la conformación del ALCA.

“Si lo que quiere el ALCA es un TLCAN extendido al continente, nosotros decimos ‘cuidado’, que ningún pueblo de América crea que esto fue beneficioso para México, porque es al revés, fue un desastre social, y no queremos más de esos empleos precarios”, declaró De la Cueva, de visita en Buenos Aires.

También en materia de ambiente hay advertencias. Las organizaciones ecologistas señalan que en diversos fallos de tribunales comerciales del TLCAN se demostró que el interés de las empresas está por encima de los daños que puedan provocar sus inversiones al ambiente.

En diversos casos, los gobiernos debieron pagar indemnizaciones a empresas particulares que vieron obstaculizados sus proyectos -aún cuando se tratara, por ejemplo, de la exportación de desechos tóxicos- porque hay normas del TLCAN que protegen a las inversiones de sanciones o reclamos de los estados.

Del mismo modo, quienes advierten el peso avasallante del interés empresarial sobre el ambiente, indican que las compañías que invierten en las maquilas buscan mano de obra barata y baja presión impositiva, beneficios que las transnacionales no obtienen en los países donde se hallan sus casas matrices.

Ajeno a estas críticas, el economista y analista político mexicano Luis Rubio, director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de América Latina, sostuvo que acusar al TLCAN de los problemas de la economía mexicana “es una moda” que no se corresponde con la realidad.

“Es una moda acusar al TLCAN de todas las enfermedades de la economía mexicana: el aumento de la pobreza de un importante sector de la población, el desempleo de millones de mexicanos, y el profundo deterioro de la industria en la región central del país. Pero la realidad es justo lo opuesto a eso”, aseguró Rubio.

Las maquilas, plantas manufactureras a las que se destinan inversiones para obtener bienes para el mercado externo, son un modelo de producción muy desarrollado, que ofrece buenas posibilidades de empleo, aseguró Rubio, quien criticó a los empresarios mexicanos por reclamar subvenciones para competir.

“La única cosa que realmente funciona en la economía de México es el sector vinculado al TLCAN, que es el área modernizada, dinámica y con inversiones. Sin este tratado, la pobreza, el desempleo y la crisis serían aún mayores”, afirmó en la revista Voces, de la Universidad Autónoma de México.

Justamente, esta idea de una economía “dual”, que sólo se desarrolla en un campo y mantiene el atraso en el otro, es lo que conforma el panorama completo de los resultados del TLCAN, según el diputado mexicano Carlos Heredia Zubieta, del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Hay mucha gente en América Latina que dice: ‘la economía mexicana anda muy bien, creció siete por ciento en el último año’. Pero yo siempre aclaro que la pregunta relevante aquí es: ¿bien, para quién?”, señaló el parlamentario centroizquierdista en una conferencia ofrecida en Washington en febrero.

“Si se miran los números de la macroeconomía, es cierto, la inflación está bajo control, el déficit es manejable, hay disciplina fiscal y monetaria y crecen las exportaciones”, reconoció Heredia Zubieta ante un auditorio convocado por el Instituto de Política Económica y la organización The Development Gap.

“Pero los beneficiados son sólo un pequeño círculo de corporaciones vinculadas a la economía internacional en detrimento de una mayoría de pequeñas y medianas empresas locales, de los trabajadores y de los ciudadanos en general”, agregó.

El crecimiento medido entre empresas nacionales es negativo, y lo que crece es el sector exportador representado por compañías subsidiarias de multinacionales, dijo. “El mercado doméstico no crece y, por el contrario, el poder de compra de los mexicanos baja cada año”, advirtió.

“Hay aquí una economía dual, que crece por un lado y retrocede por el otro: las exportaciones a Estados Unidos aumentan, con producción de las maquilas -que representan 53 por ciento de las ventas al exterior- pero las importaciones de granos sumieron a los agricultores mexicanos en una profunda crisis”, señaló.

Heredia Zubieta destacó que la crisis de los agricultores fue de tal magnitud que los partidos votaron unánimemente este año en el parlamento mexicano una resolución que fija una tarifa de 30 por ciento a los granos procedentes de Estados Unidos que excedan la cuota negociada para esas colocaciones.

“El TLCAN aceleró los desequilibrios entre el sector exportador y el resto de la economía mexicana, y esto fue señalado en un informe realizado en diciembre por el comité de comercio de nuestro Congreso en un hecho inédito, porque por primera vez, la legislatura evalúa en forma crítica el proyecto del (Poder) Ejecutivo”, añadió.

Las advertencias de los legisladores llegan en momentos en que México debe negociar tratados de libre comercio con otras regiones la Unión Europea y el sudeste asiático-, y cuando está en pleno avance el proyecto de asociación comercial hemisférica con el cuestionado modelo del TLCAN como matriz.

El diputado aclaró que no se trata de abandonar el proyecto de asociación comercial, sino de reformularlo, de manera que sea beneficioso para toda la economía. Al respecto, propuso incorporar a la agenda del ALCA temas muy resistidos, como las migraciones y la protección del ambiente.

“La mano de obra es nuestro principal producto de exportación, cada año emigran a Estados Unidos cientos de miles de mexicanos en busca de empleo, y ese factor no está contemplado en los acuerdos de asociación comercial”, subrayó Heredia Zubieta.

Y en cuanto a la creencia de que los países latinoamericanos podrían ganar mercados para sus productos agrícolas, el diputado también advierte que puede ser una ilusión: dentro del TLCAN, las ventas de productos agrícolas aumentaron sustancialmente , pero no de México a Estados Unidos, sino al revés.

En este sentido, el economista Uziel Nogueira, del Banco Interamericano de Desarrollo, comentó en Buenos Aires que la evaluación de la marcha del TLCAN depende de la escuela de pensamiento con que se la considere.

Pero, en cualquier caso, señaló que hay una realidad innegable. “Por primera vez, un país subdesarrollado aceptó un acuerdo de integración con economías más avanzadas sin recibir ningún tratamiento diferenciado”, observó Nogueira.

“Se trata de la primera aceptación de un modelo de integración económica y de libre comercio que en estos días se plantea para todo el hemisferio, a través del ALCA”, advirtió.

EL DILEMA BRASILEÑO

Brasil no puede excluirse del ALCA porque destina a América la mitad de sus exportaciones totales y 70 por ciento de las industriales, pero ese argumento del canciller Celso Lafer no derrota la resistencia en el país al proyecto impulsado por Estados Unidos.

Quedar fuera del ALCA representaría pérdidas elevadas, pues los productos brasileños seguirían enfrentando las barreras cuya eliminación impulsaría el intercambio entre los demás países latinoamericanos y del resto del continente.

El argumento de Lafer no logra acallar las resistencias a la integración hemisférica, alimentadas principalmente por el temor a la destrucción de sectores industriales vitales frente a la competencia desigual con Estados Unidos.

El ALCA, para muchos, pondría fin al sueño de industrialización, y el país retrocedería a la condición de proveedor de materias primas, de productos agroindustriales y de manufacturas sencillas, como textiles y calzados. Industrias estratégicas, como las de máquinas, química y electrónica, tenderían a desaparecer.

El dilema no sólo divide el país entre sectores, políticos e intelectuales, favorables y contrarios, sino que obliga al gobierno brasileño a manifestar una ambigüedad que molesta a Washington y a países latinoamericanos que, al contrario de Brasil, no tienen un desarrollo industrial que preservar.

El ALCA es sólo “una opción”, no un destino como el MERCOSUR. Así resume la posición brasileña el mismo canciller que descarta el aislamiento del país como alternativa viable, debido a la desviación de comercio a los países incluidos en el área de libre comercio. Brasil sólo considerará aceptable un acuerdo “equilibrado” que represente beneficios para todos, advirtió Lafer.

Pero una negativa brasileña a participar de un eventual acuerdo no impediría la integración continental, como piensan algunos opositores, alertó el vicecanciller Luiz Felipe Seixas Correia en testimonio ante el parlamento.

Hay posiciones sectoriales bien definidas. Directivos de las industrias textil, de calzados y de jugo de naranja procuran acelerar la implementación del ALCA, pues se consideran competitivos y preparados para aprovechar la apertura de nuevos mercados.

Brasil podrá hasta quintuplicar sus ventas de calzados a Estados Unidos, porque la extinción de aranceles, que varían de 8,5 a 17 por ciento en aquel mercado, le permitiría competir con los productos chinos, 10 por ciento más baratos, según el presidente del gremio industrial del sector, Néstor de Paula.

La Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos, por otra parte, teme perder a manos de sus congéneres estadounidenses el mercado interno y latinoamericano, donde las preferencias arancelarias le aseguran alguna competitividad.

El problema no es sólo de productividad y protección arancelaria, según el presidente de la Asociación, Luis Delben Leite. Productos competitivos brasileños pierden competitividad debido a la enorme carga tributaria y a las insuficiencias de la infraestructura nacional y de financiación.

La producción industrial brasileña es gravada por decenas de impuestos de que están exentos competidores. Sin una reforma tributaria que elimine tal desequilibrio, el país no podrá participar en el ALCA, reconoció Roberto Giannetti da Fonseca, secretario de la Cámara Interministerial de Comercio Exterior.

Las desventajas son también financieras, ya que los créditos comerciales y de inversiones son mucho más caros en Brasil que en países industrializados, recordó Boris Tabacoff, dirigente gremial de la industria de papel y celulosa.

Además, la diferencia de escala de producción dificulta la competencia de empresas brasileñas ante las estadounidenses, añadió Tabacoff. Los empresarios brasileños temen también que Estados Unidos no haga concesiones en materia de barreras no arancelarias, que constituyen el principal obstáculo a las exportaciones brasileñas de jugo de naranja, azúcar, productos textiles y acero, entre otros.

Por eso Brasil considera indispensable alterar la legislación antidumping estadounidense, tal como los subsidios agrícolas, temas que Washington se resiste a incluir en las negociaciones.

Entre la oposición, el movimiento social y las organizaciones no gubernamentales, es general el rechazo al ALCA en las condiciones en que es negociada, por considerarla una renuncia a la soberanía y a proyectos de desarrollo, con el país subordinado a los intereses estadounidenses.

La disidencia se manifestó incluso en la Cancillería. El embajador Samuel Pinheiro Magalhaes, uno de los negociadores del acercamiento a Argentina que condujo al MERCOSUR, calificó el ALCA de “catástrofe” y “patíbulo” en numerosas charlas y entrevistas que concedió en los últimos meses.

El bloque continental “disolverá” inevitablemente el MERCOSUR y promoverá una especialización productiva que concentre la producción industrial en países más ricos, Estados Unidos y Canadá, según el caso, señaló el embajador.

El canciller Lafer prohibió a los diplomáticos emitir declaraciones sobre el ALCA sin su autorización y terminó por relevar a Magalhaes de la dirección del Instituto de Investigaciones de Relaciones Internacionales, para evitar que las discrepancias se hagan públicas.

Excluirse del ALCA no resultaría necesariamente el aislamiento de Brasil, ya que se pueden mantener o firmar nuevos acuerdos bilaterales. Un acercamiento del MERCOSUR con la Unión Europea aparece también como una alternativa. Estudios de la Fundación Getulio Vargas indicaron que el libre comercio con los europeos promovería un mayor crecimiento económico en el bloque sudamericano.

Pero en este caso aumentarían más las exportaciones agrícolas, mientras el ALCA favorece un mayor incremento del comercio de manufacturas, destacó Lia Valls, autora del estudio.

Brasil participó así en la Cumbre de las Américas, con gran parte de la nación temiendo que las negociaciones para la formación de un bloque continental le impongan un camino que no le parece el mejor para el futuro del país.

EMPRESARIOS NECESITAN APOYO SOCIAL

La OEA y el BID recomendaron a empresarios americanos, reunidos en la capital argentina a inicios de mes, dialogar con la sociedad civil para dar mayor sustento al proceso de creación del ALCA. César Gaviria, secretario general de la OEA, y Enrique Iglesias, presidente del BID, coincidieron en el planteamiento al hablar en el VI Foro Empresarial de las Américas, que concluyó en Buenos Aires.

La conformación del ALCA fue una idea de los gobernantes del continente para “llevar mejoras a la sociedad”, por lo cual no se debe “dejar que se vea sólo como un simple proceso comercial”, dijo Gaviria y agregó que las tratativas para crear el ALCA transitan ahora por un proceso “más político que económico”.

“Los procesos de integración tienen buena imagen en la sociedad, mientras que los de apertura comercial están desgastados, y la gente en América Latina los rechaza”, advirtió. La mayor adhesión de la población a los temas de integración es “un activo que tenemos”, remarcó Gaviria ante un millar de empresarios de 34 países de América.

“Debemos mostrar el ALCA como mucho más que una zona de libre comercio, debemos demostrar de qué manera esta iniciativa permite conseguir el acceso a nuevos mercados”, desafió.

A su turno, Iglesias también se refirió a la urgencia de dar una visión más política al proceso negociador. “Se requiere de una legitimidad social a este proyecto, y eso reclama un mayor diálogo con la sociedad si es que queremos que esto avance”, remarcó.

El presidente del BID añadió que los empresarios son actores principales del ALCA, pero también lo son los trabajadores.

No obstante esta aseveración y mientras Iglesias hablaba ante los empresarios, miles de personas manifestaban por las calles de Buenos Aires su rechazo al proyecto de integración hemisférico,

convocados por la Confederación General del Trabajo, una de las tres centrales sindicales argentinas.

La protesta, primera de tres movilizaciones programadas, demostró el malestar de los trabajadores por la falta de participación en las discusiones de un proyecto que afectará la calidad del empleo y profundizará la hegemonía de Estados Unidos sobre la región, según sostienen sus líderes.

Los empresarios, como es habitual en el proceso de creación del ALCA, se reunieron antes de la cita de ministros responsables de comercio exterior. Los grupos de discusión empresarial son similares a los de la negociación oficial y se dividen en acceso a mercados, agricultura, inversiones, servicios, compras gubernamentales, subsidios y derechos antidumping (comercio desleal) y compensatorios, defensa de la competencia, solución de controversias, economías pequeñas y comercio electrónico.

La modalidad en este proceso es que, una vez discutidos los tópicos, los empresarios participan del primer plenario de ministros para hacer sus planteamientos. El sector empresarial es el único de la sociedad civil con intervención directa en las negociaciones oficiales.

“Los ministros se informan de los consensos logrados entre nosotros, para saber la manera de avanzar mejor en sus estrategias”, explicó a IPS Enrique Mantilla, presidente de la Cámara de Exportadores de Argentina. “En definitiva, somos nosotros quienes arriesgamos capital”, precisó.

Mantilla reconoció la existencia de diferencias entre países y entre sectores de producción, así como sobre los temas que se negocian, pero destacó el esfuerzo que se hace para alcanzar acuerdos sin descuidar los intereses de cada nación.

Mientras, la Asociación Latinoamericana de Industriales también se pronunció a favor del ALCA “siempre y cuando se den los tiempos necesarios para una integración equilibrada y justa”. En ese sentido, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Osvaldo Rial, comentó que se debe insistir en la eliminación de los subsidios agrícolas y de las barreras paraarancelarias que aplica Estados Unidos, afectando el libre comercio.

Rial advirtió que “estamos negociando con grandes economías protegidas que, si sólo nos envían sus saldos de producción, pueden inundar por completo nuestros mercados, haciendo desaparecer la alicaída industria de muchos países que necesitan inversiones”.

Numerosos países de los que participan en las negociaciones del ALCA) tienen economías pequeñas, cuyo producto interno bruto equivale a la facturación mensual de una empresa transacional estadounidense de nivel medio. Muchas de esas naciones pequeñas son las abanderadas en la oposición a adelantar el fin de las negociaciones de creación del acuerdo del 2005 original al 2003, como impulsan por ejemplo Estados Unidos, Canadá y Chile.

Sin embargo, expertos advierten que aún con plazos más largos tampoco será posible equiparar las diferencias y evitar así un intercambio equitativo que, como remarcó el secretario de Comercio estadounidense Donald Evans, no divida al hemisferio entre “ganadores” y “perdedores”.

La virtual crisis que sacude al Mercado Común del Sur (MERCOSUR) ante el propósito de anticipar las negociaciones del ALCA quedaron en evidencia el 5 de abril al inaugurarse el VI Foro Empresarial de las Américas en la capital argentina. Un millar de empresarios de los países del continente participaron en el foro, cuyas conclusiones se entregaron a los ministros de Comercio Exterior de las Américas, que se reunieron en Buenos Aires.

“Creemos que el MERCOSUR es la vía regional para que nuestros países se integren a un área de libre comercio continental sin padecer los efectos de la asimetría económica”, dijo en la inauguración del foro empresarial el intendente (jefe de gobierno) de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra.

Sin embargo, el debilitamiento del bloque favorecía el propósito inicial de Estados Unidos, Canadá y Chile de adelantar al 2003 el fin de la negociación del ALCA. El MERCOSUR, particularmente Brasil, y la Comunidad Andina, en especial Venezuela, abogan por respetar los plazos iniciales del proceso, en la perspectiva de abordar la apertura comercial con un proceso previo de fortalecimiento de la integración latinoamericana.

La Comunidad Andina está integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Chile, en tanto, está asociada al MERCOSUR, pero sin ser miembro pleno, al igual que Bolivia.

“La integración no puede ser unidimensional. Debe incluir las dimensiones políticas y sociales, porque de lo contrario será un proceso condenado al fracaso”, subrayó Ibarra, miembro del izquierdista Frepaso (Frente País Solidario) de la coalición Alianza, que respalda al gobierno de Fernando de la Rúa.

En contraste, el jefe de gabinete de De la Rúa, Christian Colombo, calificó la creación del ALCA de “oportunidad única para nuestros países”. El bloque, que comprenderá a 783 millones de habitantes de 34 países, representará 40 por ciento del producto y 20 por ciento del comercio mundiales. Colombo abogó a favor del ALCA como instancia de fortalecimiento del continente frente a otras regiones.

El empresario argentino Julio Werthein, presidente del foro empresarial, llamó a adelantar la creación del acuerdo comercial continental. “Necesitamos acelerar la inserción en el mercado global para erradicar los problemas sociales”, expresó. “La zona de libre comercio entre Alaska y Tierra del Fuego es la promesa regional más importante desde el sueño bolivariano”, afirmó Werthein.

“Esperamos con gran expectativa que nuestras aspiraciones puedan empezar a concretarse”, subrayó el presidente del foro al aludir a la Cumbre de Quebec.

El VI Foro Empresarial de las Américas sesiona a través de 11 talleres de trabajo, que analizan más de 200 ponencias relativas al libre comercio y la inserción en él de los grandes grupos económicos, así como de los pequeños y medianos productores.

Los planteamientos de Colombo y Werthein estuvieron en consonancia con los conceptos que expresara en esos días el secretario de Comercio de Estados Unidos, Donald Evans, en el Congreso Internacional de Comercio Electrónico, otro de los foros empresariales celebrado en Buenos Aires en estos días.

En tanto, en Canadá partidos opositores y organizaciones civiles advirtieron que el gobierno de ese país ofreció a las compañías privadas contactos preferenciales con los líderes políticos que asistirían a la Tercera Cumbre de las Américas.

El encuentro contó con auspicios y donaciones de grandes empresas –muchas de ellas subsidiarias de compañías estadounidenses– a pedido del gobierno canadiense.

Una firma organizadora de campañas de presión vinculada al Partido Liberal, en el gobierno, obtuvo más de un millón de dólares de las empresas, ofreciéndoles a cambio acceso directo a los principales líderes durante los encuentros sociales de la cumbre.

Algunas empresas aportaron hasta 500.000 dólares para auspiciar reuniones como rondas de café, almuerzos o incluso la recepción oficial, con espectáculo cultural incluido, que ofreció el primer ministro Jean Chrétien. Como contrapartida, las firmas debían obtener “ubicaciones preferenciales” en las cenas con los líderes mundiales, así como invitaciones a las reuniones sociales.

En respuesta a estos hechos, la organización no gubernamental de Ottawa Democracy Watch (Control Democrático) solicitó al comisionado en Asuntos Éticos del gobierno federal que investigara tales auspicios. Duff Conacher, coordinador del grupo, afirmó que la decisión del gobierno de obtener auspicios corporativos “equivale a corromper la democracia”.

A finales de marzo, Chrétien defendió públicamente los auspicios, sosteniendo que son un aspecto habitual del sistema de las cumbres. “Cada vez que hemos celebrado cumbres en Canadá hemos invitado a las empresas privadas a colaborar con el gobierno para ofrecer la mejor recepción posible”, declaró Chrétien ante el Parlamento. “Todo el mundo lo hace en forma voluntaria”, agregó.

“La mayor parte de esta gente tiene intereses en América Latina. Como todos vienen a la ciudad, quieren mostrar que son tan buenos ciudadanos canadienses como lo son de esos países. Ninguna empresa tendrá acceso privilegiado a los líderes durante las reuniones”, sostuvo el mandatario.

Chrétien agregó que los representantes de las empresas estarían “presentes entre cientos y cientos de personas durante las recepciones”. Como ejemplo, el primer ministro dijo que las compañías que auspiciaron en 1997 la reunión, en Vancouver, de los líderes de la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) obtuvieron beneficios similares.

Sin embargo, muchas organizaciones contrarias a la globalización afirman que tales “donaciones”, sumadas a las medidas de seguridad para mantener a los manifestantes lejos de la cumbre, muestran que el gobierno está sumamente comprometido con las grandes empresas.

“Los funcionarios de comercio dicen que éste es un negocio más. Por apenas medio millón de dólares las corporaciones pueden saltar la valla de tres metros de altura y pasar al otro lado”, dijo en el Parlamento la dirigente del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático, Alexa McDunnough.

“Esto no tiene nada que ver con gastar menos dinero. Tiene que ver con dar acceso preferencial a las empresas privadas”, sostuvo.

Maude Barlow, directora del Consejo de los Canadienses –el grupo antiglobalización más crítico del país– sostuvo que los auspicios son una clara prueba de que el ALCA es manejado por las empresas y que el gobierno anfitrión no quiere exponer a los delegados a ningún punto de vista diferente. “Es injusto. Cuanto más pagas, más acceso tienes. Es un privilegio que el resto de los ciudadanos no tendremos”, dijo.

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