2025: Equilibrismo cubano con viento en contra
Resumen político anual de 2025. El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca reactivó la máxima presión contra la isla caribeña.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asiste a un acto político en apoyo a Venezuela, celebrado en La Habana, tras el ataque militar estadounidense en Caracas y el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Foto: Jorge Luis Baños_IPS
Si bien en 2025 hubo varios cambios importantes en la cúpula política cubana, las relaciones con Estados Unidos marcaron el ritmo interno del país. En general, Cuba vivió un año caracterizado por la incertidumbre, mayores penurias económicas y un redimensionamiento del tablero político nacional e internacional.
Y es que el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025 reactivó la máxima presión contra la mayor isla del Caribe: reinclusión en la lista de terrorismo, sanciones al envío de remesas, restricciones de viaje y visados, entre otros.
La segunda juramentación de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el 20 de enero de 2025, prometió desde su inicio otra escalada de las hostilidades en las ya entonces maltrechas relaciones bilaterales entre ese país y Cuba.
El retorno de Trump a la Casa Blanca significó la reactivación inmediata de la política de “máxima presión” con la reincorporación de la isla a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, apenas seis días después de que la administración de Joe Biden (2021-2025) la hubiera retirado en una negociación intermediada por El Vaticano.
El 31 de enero, el Departamento de Estado, bajo la dirección del senador de origen cubano, Marco Rubio, reinstauró y actualizó la Lista Restringida de Cuba, que prohíbe transacciones con compañías vinculadas a las fuerzas armadas cubanas. En esa lista se incluyó a Orbit S.A., uno de los principales canales de envío de remesas a la isla.
Asimismo, se reactivó el título III de la Ley Helms-Burton, vigente desde 1996, lo que abrió la puerta a demandas que permiten reclamaciones judiciales de empresas extranjeras confiscadas o nacionalizadas desde los inicios del gobierno cubano tras la revolución de 1959.
En febrero, Washington anunció restricciones de visas para funcionarios cubanos y extranjeros vinculados a los programas de colaboración médica, a los que calificó de “trata de personas”, las cuales días después se concretaron con sanciones a varios funcionarios centroamericanos, entre otros.
En junio, Trump firmó un memorando presidencial que reforzó la prohibición de viajes turísticos de ciudadanos estadounidenses a Cuba, y el Departamento de Estado añadió 11 hoteles a su Lista de Alojamientos Prohibidos, que ya contenía más de 400 hospedajes en la isla.
Ese mismo mes entró en vigor la proclama presidencial, también llamada “travel ban”, que restringe totalmente la entrada a Estados Unidos de residentes de 12 países, y parcialmente, a siete países, entre los que se encuentra Cuba.
El parteaguas que causó la ley se evidenció cuando Estados Unidos denegó múltiples visados a deportistas cubanos –y otros miembros técnicos– que iban a competir en su territorio o en Puerto Rico, como sucedió con 17 integrantes de la selección femenina de vóleibol y, posteriormente, con los adultos del cuerpo técnico que iban a acompañar y supervisar a un equipo de jugadoras de softbol de entre 9 y 10 años de edad.
Ya desde inicios de 2025, las instituciones deportivas de Cuba habían denunciado casos de denegaciones similares o, lo que más ocurría hasta la llegada del travel bal de Trump, de demoras no justificadas en la embajada estadounidense que terminaban infringiendo los plazos de las competiciones.
El 11 de julio, cuando Estados Unidos impuso restricción de visas al presidente Miguel Díaz-Canel y a otros dirigentes de la isla –la primera vez que se restringe la visa a un presidente cubano en funciones–, todavía no había noción de cuánto más escalarían las hostilidades entre ambos países.
Bloqueo petrolero
Entre septiembre y diciembre de 2025, como resultado de ataques a pequeñas embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, murieron 87 personas y fueron hundidas al menos 22 lanchas, utilizando la justificación del tráfico de drogas.
A finales de agosto, Estados Unidos inició un despliegue militar de embarcaciones militares navales en el sur del Caribe con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico cercano a costas venezolanas.
Desde mediados de diciembre, el gobierno de Donald Trump impuso un cerco marítimo en el Caribe para restringir el flujo de petróleo venezolano hacia otros países, incluido Cuba, que durante décadas recibió combustible de Caracas a cambio de cooperación médica y de otros sectores profesionales.
Pero el colofón del conflicto llegó el 3 de enero de 2026, cuando una operación militar estadounidense a gran escala –con bombardeos en Caracas y varios objetivos militares– concluyó con el secuestro del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
En el ataque, según informaciones oficiales en La Habana, perdieron la vida 32 militares cubanos. Cuba declaró Duelo Nacional el 4 de enero y, en los días siguientes, rindió homenaje a los caídos en una ceremonia encabezada por el mandatario Miguel Díaz-Canel y el expresidente Raúl Castro (2008-2018).
Tras secuestrar a Maduro –quien fue sustituido interinamente por su vicepresidenta Delcy Rodríguez– y someterlo a un juicio en los tribunales estadounidenses, mantener la presencia militar cerca de las costas venezolanas, ocupar varios barcos petroleros y algunos acuerdos diplomáticos con la nueva administración de Rodríguez, Estados Unidos empezó a dominar, de facto, las exportaciones del petróleo venezolano.
El 11 de enero de 2026, Trump escribió en su red Truth Social que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba” de Venezuela, mientras alimentaba el discurso de que Cuba “caería” próximamente.
Trump firmó el 29 de enero una orden ejecutiva que declaraba una “emergencia nacional” respecto a Cuba e imponía aranceles a cualquier país que le suministrara combustible. “Cuba no podrá sobrevivir”, declaró Trump ese mismo día.
Casi un mes después, el 25 de febrero, una embarcación con diez personas a bordo –y cargada con armamentos y explosivos–, abrió fuego al ser interceptada por los guardafronteras cubanos, una batalla que terminó cobrando la vida de cinco de ellos.
El 6 de febrero, Cuba había respondido con un plan de contingencia que incluyó reducción de la semana laboral para los empleados gubernamentales, clases semipresenciales, racionamiento y dolarización de la venta de combustible.
Asimismo, el gobierno descentralizó la importación de combustible. Ya no solo podría hacerlo la administración central del Estado, sino que cualquier empresa, incluidas las privadas, podían desde entonces hacerlo, una transformación que se insertó dentro de una serie de reformas políticas y económicas que acrecentaron el alcance del sector privado en Cuba.
Las repercusiones del cerco de combustible llegaron poco después, cuando el 10 de febrero las autoridades aeroportuarias cubanas alertaron que durante un mes carecerían de combustible de avión todos los aeropuertos internacionales del país, alerta que se aplazó hasta el 10 abril posteriormente.
En marzo, en menos de una semana, ocurrieron además dos apagones generales –el sexto y el séptimo de esa envergadura en 18 meses– que dejaron sin luz a los 9,7 millones de habitantes de esta de esta nación insular caribeña.
Al recuperarse la red eléctrica tras los cortes eléctricos totales, la normalidad que regresó era de lejos una situación apetecible, con cortes de unas 15 horas diarias en La Habana y hasta el doble en el resto de las provincias, llegando a alcanzarse un déficit diario de la generación eléctrica superior a 60%.
El 13 de marzo, en una conferencia de prensa, Díaz-Canel afirmó que, en efecto, toda la generación eléctrica salía principalmente con crudo cubano en las termoeléctricas –que cubre el 40 % de los 100 000 barriles diarios que demanda el país– y los paneles solares.
Tras más de tres meses sin recibir nuevos suministros de petróleo, ya el Estado se encontraba raspando el fondo de las reservas, una situación que ya empezaba a provocar descontento en las calles.
Repercusiones ciudadanas
La crisis energética, sumada a la inflación y la falta de alimentos, reavivó la protesta ciudadana. Aunque los estudiantes universitarios marcaron la pauta en junio de 2025 con sus movilizaciones contra el “tarifazo” de Etecsa –que incluyó comunicados conjuntos de cinco facultades de la Universidad de La Habana y se extendió a otras instituciones–, fue en el segundo semestre cuando la calle volvió a ser escenario de manifestaciones espontáneas.
El 13 de septiembre de 2025, decenas de vecinos de la comunidad de Gibara, en la provincia de Holguín, en el este de Cuba, protagonizaron una protesta por un apagón que superaba las 20 horas, tras el colapso total del Sistema Eléctrico Nacional ocurrido días antes.
En esos meses también se registraron pequeñas protestas en varias comunidades de La Habana y de otras provincias del país, debido a problemas en servicios esenciales como electricidad y abasto de agua.
El caso Gil
El juicio del exministro de Economía y Planificación y exviceprimer ministro, Alejandro Gil Fernández, destituido abruptamente en febrero de 2024, fue otro de los hitos que marcaron la alta política del estado cubano.
A finales de octubre de 2025, la Fiscalía General solicitó responsabilidad penal contra Gil por 11 delitos, incluidos malversación, falsificación de documentos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, cohecho, infracciones en la protección de información clasificada y, el más importante, espionaje.
Este último, le otorgó al proceso una mayor dimensión política y de seguridad nacional, por lo que, cuando el 31 de octubre se produjo la imputación formal, los tres días de juicio dentro del Tribunal Supremo Popular trascurrieron a puerta cerrada.
La sentencia fue de cadena perpetua más 20 años de prisión, convirtiéndose en el funcionario de más alto rango en enfrentar cargos de esta naturaleza en los últimos 15 años.
De acuerdo con analistas, el proceso penal contra Gil, con muchas zonas oscuras y opiniones encontradas sobre el juicio, constituye uno de los movimientos más significativos en la política cubana reciente.
Aunque la figura de Gil no era bien vista por la población por haber estado a cargo de la implementación de la reforma monetaria de 2021 y la llamada Tarea Ordenamiento, que con resultados fallidos y consecuencias funestas trató de poner fin al uso de una doble moneda en Cuba, la falta de transparencia en el caso y su escueta divulgación dejó muchas preguntas sin responder en la población cubana.
Cambios en los altos mandos de Cuba
A lo largo de 2025 hubo otras reconfiguraciones entre altos funcionarios.
Marta Elena Feitó Cabrera, la entonces titular de Trabajo y Seguridad Social, renunció un día después de que, el 14 de julio, durante una intervención parlamentaria, hiciera declaraciones sobre los mendigos y la pobreza visible en Cuba que desataron una ola de críticas en las redes sociales.
El 18 de agosto, el Consejo de Estado designó a Jesús Otamendiz Campos como nuevo ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Los cambios de liderazgo alcanzaron mayor brío en la sesión parlamentaria del 18 de diciembre de 2025, en el Palacio de Convenciones de La Habana, con la presencia de Miguel Díaz-Canel y la participación por videoconferencia de Raúl Castro.
Fue aprobada la liberación de Rubén Remigio Ferro como presidente del Tribunal Supremo Popular tras 27 años en el cargo, siendo elegido Oscar Silvera Martínez, hasta entonces ministro de Justicia.
Para ocupar la vacante en el Ministerio de Justicia, fue designada Rosabel Gamón Verde, quien se desempeñaba como viceministra primera.
La sesión también conoció las renuncias de dos miembros del Consejo de Estado, además de la del exsecretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Ulises Guilarte, que ya había sustituido en julio como secretario en la CTC.
También renunció Ricardo Rodríguez González, expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), un movimiento habitual cuando un líder universitario termina su periodo como representante estudiantil: en su caso, la nueva lideresa de la FEU, Litza Elena González Desdín, elegida en octubre, también fue ascendida a un puesto en el Consejo de Estado.
Sin embargo, el caso más polémico fue la dimisión de Homero Acosta Álvarez como secretario de la Asamblea Nacional y miembro del Consejo de Estado, sustituido en ambas funciones por José Luis Toledo Santander.
Calendario partidista
En la agenda durante 2025 del Partido Comunista de Cuba (PCC), el único permitido legalmente, el principal evento ocurrió casi al cierre del año, con el XI Pleno del Comité Central del PCC, celebrado el 13 de diciembre de 2025 y que se desarrolló por videoconferencia entre el Palacio de la Revolución en La Habana y las provincias, debido a la crisis energética que entonces ya sufría el país.
Durante el pleno se evaluó el cumplimiento del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, y se discutieron las propuestas del Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado para 2026.
Asimismo, se acordó promover al General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), como nuevo miembro del Buró Político.
Durante 2025, el presidente Miguel Díaz-Canel, también primer secretario del Comité Central del (PCC), encabezó 13 encuentros con jóvenes pertenecientes a la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y otras organizaciones en diversos sitios históricos del país.
En octubre, el PCC fue anfitrión en La Habana del III Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda, que contó con la presencia del presidente Díaz-Canel y más de un centenar de invitados de 30 países, en la búsqueda de consolidar espacios de coordinación y debate ideológico con grupos de políticas afines a nivel internacional.
Como parte del balance de cierre del año 2025, se celebraron en enero de 2026 plenos extraordinarios en varias provincias, encabezados por Díaz-Canel y el miembro del Buró Político y Secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, discusiones centradas en temas como la defensa, la estabilidad del sistema eléctrico nacional, la producción de alimentos, la calidad de los servicios a la población y el enfrentamiento a indisciplinas sociales y la corrupción.
En el año 2025, también se realizaron otros eventos importantes de organizaciones de base como el XIII Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), celebrado en mayo y al que asistió Díaz-Canel. En diciembre, la ANAP realizó el III Pleno de su Comité Nacional.
La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) celebró su IX Congreso en febrero de 2025 y, en octubre, el Consejo Nacional de la FEU en La Habana, en el que fue elegida como nueva presidenta de la organización, la estudiante Litza Elena González, quien dos meses después integraría el Consejo de Estado.
Leyes aprobadas
En la sesión ordinaria de julio de 2025, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley 178 de 2025 “Código de la niñez, adolescencias y juventudes” que refuerza el desarrollo integral y la protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Pero probablemente una de las transformaciones jurídicas más seguida por los analistas a mediados de 2025, fue la reforma constitucional que elimina el límite de 60 años como requisito para asumir el primer mandato presidencial en Cuba, mientras se mantuvo la edad mínima de 35 años.
También se aprobó en esas fechas la Ley 177 “Del Régimen General de Contravenciones y Sanciones Administrativas”, que regula el procedimiento para el control, cobro e ingreso al presupuesto estatal de las multas por faltas administrativas, en un intento de modernizar y unificar el sistema contravencional en Cuba.
Asimismo, pasó por la votación de los asambleístas la Ley 179, “Del Sistema Deportivo Cubano”, que establece el marco legal que rige la organización y funcionamiento del sistema deportivo en el país, y la Ley 180 “Del Registro Civil”, que regula la organización y los procedimientos registrales.
Pero probablemente una de las transformaciones jurídicas más seguida por los analistas a mediados de 2025, fue la reforma constitucional que elimina el límite de 60 años como requisito para asumir el primer mandato presidencial en Cuba, mientras se mantuvo la edad mínima de 35 años.
La reforma fue aprobada por unanimidad entre los diputados a la Asamblea, el 18 de julio, a propuesta del expresidente Raúl Castro.
La Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada en la sesión parlamentaria de diciembre, introduce elementos novedosos como la diversificación de fuentes de financiamiento en moneda nacional y en divisas, el crecimiento del aporte del sector empresarial, la contribución de la inversión extranjera y la cooperación internacional.
En diciembre, también fue aprobada la Ley 183, “De reducción excepcional del actual periodo de mandato de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular”, que disminuye excepcionalmente de cinco a dos años y medio el mandato actual de los delegados municipales para sincronizar los procesos electorales.
Por otra parte, al finalizar 2025 entró en vigor el Decreto-Ley 114 de 2025, el cual permite la creación de sociedades de responsabilidad limitada mixtas, con capitales integrados de empresas estatales y privadas, hasta ahora inexistentes en el derecho mercantil del país.
El Decreto 140 de 2025 establece, a su vez, un proceso de descentralización administrativa, transfiriendo funciones, recursos y trabajadores desde el gobierno central hacia los municipios.
Desde febrero de 2026, el gobierno cubano ha implementado varias normas jurídicas que ofrecen mayor apertura al sector privado, como permitir la importación de combustible, la creación de negocios privados relacionados con el cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad, ampliar el alcance de la exención de impuestos por importar equipos que aprovechan las fuentes de energía renovable, como paneles solares, entre otras medidas.
En el contexto de las conversaciones entre La Habana y Washington, la medida más reciente consiste en que los ciudadanos cubanos que viven fuera del país podrán desde ahora ser propietarios de empresas privadas en Cuba sin necesidad de residir en la isla, abrir y operar cuentas bancarias en divisas en bancos cubanos, y otras garantías que hasta estaban restringidos a los cubanos con residencia efectiva.
Diplomacia en tiempos de presión estadounidense
En abril de 2025, Cuba asistió a la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Tegucigalpa, donde Díaz-Canel ratificó el respaldo a Venezuela y Nicaragua. En noviembre participó en la IV Cumbre CELAC-UE en Colombia, ocasión en que condenó “el genocidio perpetrado por Israel en Gaza”.
El presidente Díaz-Canel inició a finales de agosto de 2025 una gira oficial por Vietnam, China y Laos. En mayo había viajado a Moscú para conmemorar el 80 aniversario de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial y reunirse con Vladimir Putin. Luego en octubre, Putin ratificó un acuerdo de cooperación militar entre ambos países, firmado en marzo.
En la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 29 de octubre de 2025, la resolución contra el bloqueo económico que le impone Estados Unidos a Cuba obtuvo 165 votos a favor, siete en contra –Estados Unidos, Israel, Argentina, Hungría, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania– y 12 abstenciones, la mayor oposición desde que empezó a discutirse en 1992.
Cuba reveló cartas del Departamento de Estado instando a las naciones a rechazar la moción.
Sin embargo, la presión estadounidense surtió efecto entre los vecinos de la región de América Latina y el Caribe.
En marzo de 2026, Costa Rica anunció el cierre de su embajada en Cuba, afirmando que “hay que limpiar el hemisferio de comunistas”. Ecuador había ordenado dos semanas antes la salida del personal diplomático cubano.
En menos de un mes, en el momento de mayor tensión de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, Guatemala frenó su programa de médicos cubanos tras 27 años de cooperación. Nicaragua prohibió la entrada a ciudadanos cubanos sin visa, cortando una ruta clave para la migración hacia Estados Unidos, en tanto Honduras y Jamaica dieron por terminados sus convenios médicos con la isla.
En medio de este cerco diplomático, el presidente Díaz-Canel oficializó el 13 de marzo de 2026 la existencia de conversaciones con la administración Trump para “buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales”, con intermediación de actores internacionales no especificados.
Ayuda internacional
Mientras esas aún incipientes conversaciones entre Cuba y Estados Unidos tienen lugar, Cuba subsiste, en parte, gracias a la solidaridad internacional.
Uno de los gestos más mediáticos ocurrió con la llegada del Convoy Nuestra América, en marzo de 2026, iniciativa que trajo a la isla 50 toneladas de ayuda y unos 650 activistas y políticos internacionales de 33 países, cuya mayoría arribó por vía aérea y unas decenas, mediante tres embarcaciones.
México ya había enviado en febrero dos barcos con 2000 toneladas de víveres. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su apoyo a Cuba, aunque sin incluir combustible.
El 9 de enero, cuando el buque petrolero Ocean Mariner llegó a la refinería Ñico López en La Habana con un cargamento de 80 000 barriles de petróleo desde México, fue el último registro de una embarcación enviada por la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) a la isla.
El 2 de noviembre de 2025 se anunció que Estados Unidos, a través de la Iglesia Católica en Cuba, distribuiría una asistencia humanitaria de tres millones de dólares para los damnificados por el huracán Melissa en Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.
España, Chile, Canadá y otros países también manifestaron su intención de asistir a la isla.
En el puerto de Matanzas, a 100 kilómetros al este de la capital de Cuba, el buque con bandera rusa Anatoly Kolodkin atracó el 31 de marzo con 100 000 toneladas de petróleo (unos 730 000 barriles), que representan un respiro a la asfixia energética provocada por el bloqueo de combustibles impuesto por Estados Unidos desde fines de enero.
El arribo del crudo a Cuba tuvo lugar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestara que no le preocupaba que la isla recibiera el crudo del tanquero ruso.
Mientras, Rusia ya prepara un segundo envío de petróleo a Cuba.
Mientras varios medios internacionales divulgan interioridades de las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, como que la administración Trump presiona para que el presidente cubano abandone el poder, el gobierno cubano enfatiza que la soberanía, la independencia, el sistema político cubano y la permanencia de cualquier dirigente cubano, son innegociables.
El año 2026, para Cuba, al parecer tomará la ruta que marquen dichas conversaciones bilaterales, así como el apoyo que reciba la isla de otras potencias aliadas, o de cómo marche la política interna de Estados Unidos, así como sus conflictos armados en el exterior.
En el ámbito interno, la política cubana ha debido sortear la presión internacional, mientras intenta garantizar el apoyo de la ciudadanía, aquella que sufre principalmente las carencias económicas y la crisis energética. (2026)
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