La más importante cita política cubana, el Congreso del Partido Comunista, acordó dar continuidad al programa de transformaciones económicas aprobado cinco años atrás en el país. Los principales documentos y decisiones proponen, incluso, ampliar o profundizar cambios que implican la consolidación, modificación o emergencia de nuevos actores y estructuras en el escenario nacional.

Los mil delegados del VII Congreso no solo renovaron esta vez los Lineamientos de la Política Económica y Social. Si la construcción de ese programa había absorbido casi toda la atención de una reunión similar en 2011, esta vez proyectaron también otros de carácter conceptual y de más largo plazo. Asuntos de índole política, cultural y social, menos tratados en la convención anterior, ocuparon los debates, además de enriquecer o hacer más clara la ruta de un proceso que los cubanos identifican como Actualización del modelo económico.

El cónclave confirmó a la empresa estatal socialista como eje principal del desarrollo nacional, pero agregó de forma explícita una nueva variable no estatal: la empresa privada.

Las autoridades y los medios oficiales evitaban ese término, pero Raúl Castro, reelegido como Primer Secretario del Partido por otro lustro, reclamó “llamar a las cosas por su nombre y no refugiarnos en ilógicos eufemismos”, y reconoció la existencia de “medianas, pequeñas y microempresas privadas” en el ámbito cubano.

El Congreso anterior había refrendado cuatro formas de gestión no estatal, que actuaban en Cuba desde décadas previas: los campesinos, los trabajadores por cuenta propia, las inversiones extranjeras y las cooperativas, expandidas desde ese año a la actividad no agropecuaria. La reunión más reciente agregó la quinta variable no estatal, presente ya en la economía cubana, pero que ha operado sin personalidad jurídica, regida apenas por el marco regulatorio diseñado para la contratación de fuerza de trabajo en negocios personales o familiares de pequeña escala.

“La empresa privada actuará en límites bien definidos y constituirá un elemento complementario del entramado económico del país”, declaró Raúl Castro en el Informe Central al VII Congreso.

Las transformaciones y conflictos en torno a la propiedad de los medios fundamentales de producción emergieron durante las consultas y análisis del documento titulado Conceptualización del Modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Fue uno de los temas más debatidos y que más inquietudes suscitó, dijeron los organizadores.

En respuesta, otro documento examinado por los delegados del Congreso, la Actualización de los Lineamientos para el período 2016-2021, mantiene la política de impedir la concentración de la propiedad en las formas de gestión no estatales; y añade la norma de no permitir tampoco la concentración de la riqueza.

El Informe Central insiste en la definición de la empresa estatal socialista como “la forma principal de gestión en la economía nacional”. Pero admite que esas entidades enfrentan hoy desventajas en comparación con las estructuras no estatales y privadas, debido a la persistencia de problemas y desequilibrios de la economía que el proceso de Actualización no ha logrado resolver aún.

De acuerdo con los datos presentados antes del Congreso, de los 313 lineamientos aprobados cinco años atrás, solo el 21 por ciento se ha cumplido totalmente. En fase de implementación se encuentra el 77 por ciento. Y el 2 por ciento no se ha iniciado. La dualidad monetaria y cambiaria es uno de los conflictos pendientes de solución y que más lastra la economía empresarial estatal. En palabras del mandatario cubano, es “la muestra más elocuente de la complejidad del proceso de implementación”.

El VII Congreso estudió el programa emprendido para fortalecer a las empresas que son propiedad del Estado. El gobierno lo impulsa mientras le abre espacio a las formas de gestión no estatal. Una de las acciones más recientes es la Resolución 6 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Entró en vigor dos semanas antes de empezar el cónclave partidista, a fin de corregir y perfeccionar los sistemas de pago por resultados aplicados en las empresas desde 2014 con la Resolución 17 de ese organismo.

El gobierno ha desarrollado una intensa e inusual actividad legislativa en el quinquenio, para articular y dar coherencia a los cambios planeados en los Lineamientos. A las 130 políticas aprobadas en la etapa, le siguieron 344 nuevas normas legales, la modificación de 55 y derogó 684. Pero el Presidente del país, y Primer Secretario, manifestó insatisfacción por “la lenta puesta en práctica de las regulaciones jurídicas”; ha dilatado, dijo, la implementación de las políticas aprobadas.

En las empresas estatales se ha hecho visible ese mal. La Resolución 17 del MTSS no avanzó con igual suerte en todos los sectores y entidades. La norma que le sustituye, la Resolución 6, propone perfeccionar ahora los sistemas salariales para elevar tanto los ingresos provenientes del trabajo como la productividad. Ambos objetivos son claves para relanzar a las empresas estatales en un escenario donde aparece y crece la competencia del sector privado de maneras muy variadas, por ejemplo, competencia por la fuerza laboral calificada.

La Actualización del modelo económico ha avanzado también hacia la reestructuración y descentralización del sistema empresarial estatal, otra manera de inyectarle energía y capacidad.

Los directivos de empresas adquieren gradualmente mayores facultades a la hora de tomar decisiones ante un mercado cuya naturaleza no se interpreta como opuesta al socialismo. “La introducción de las reglas de la oferta y la demanda no está reñida con el principio de la planificación”, afirmó Raúl Castro al presentar el Informe Central, un principio asumido ya en el Congreso anterior del PCC.

Los documentos discutidos y que el VII Congreso acordó llevar próximamente a debate público, antes de someterlos finalmente al Parlamento, reconocen el papel del mercado pero alertan sobre la necesidad de que sea regulado. El tema desató fuertes polémicas antes del cónclave y durante las sesiones del mismo, por los signos de especulación y descontrol que han llevado al alza los precios de los productos del agro desde el año pasado.

No menos ambicioso, otro de los títulos que el Partido analizó y que la opinión pública examinará también, Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, completa la visión de país. El primer plan de largo plazo con que contará la nación propone los ejes y sectores estratégicos del desarrollo.

La suma de todos esos documentos busca definir de manera más precisa los fundamentos de prosperidad y sostenibilidad invocados por Raúl Castro en persona, para el socialismo que los cubanos se han propuesto remodelar de acuerdo con su identidad e historia. (2016).