La Habana, 10 abr.- Aunque existe consenso sobre la necesidad de reformar la Constitución cubana para impulsar y amparar legalmente muchas de las reformas económicas iniciadas en 2008, aún no comienza el proceso para modificar la Carta Magna con más de 40 años de vigencia.

Así lo confirmó José Luis Toledo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento, unicameral), durante un podcast ocurrido el 31 de marzo en el sitio de noticias Cubadebate.

Toledo reconoció que todavía no ha comenzado el proceso para que la Ley de leyes sea “sometida a un estudio integral de análisis y de valoraciones para atemperarla al momento que vive la nación y no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social”.

Mencionó que, en estos momentos, el órgano legislativo trabaja en una Ley de Aguas Terrestres, un “proyecto que ya está a término, lo único que resta es que el presidente decida incluirla en agenda”.

Aunque una ley como esta (la de aguas terrestres) es muy valiosa, “más fundamental aún es disponer de una Constitución de la República Actual”, sostuvo Raúl, un ciberlector para quien “eso no debe esperar más años”.

El 19 de abril de 2016, al clausurar el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, el presidente y primer secretario de esa organización, Raúl Castro, aseguró que “dentro del conjunto de tareas principales a mi cargo, dedicaré el tiempo necesario al proceso de reforma de la Constitución de la República (…) para introducirle los ajustes pertinentes”.

Funcionarios y especialistas reconocen que resulta lento el programa de reformas económicas impulsadas desde 2008, entre otros factores, por la ausencia de un asidero constitucional que las avale.

Por ello, varios ciberlectores reflejaron inquietud por la demora del proceso, a 10 meses de que el jefe de Estado pudiera dejar este cargo, el 24 de febrero de 2018.

“¿A qué estamos esperando? ¿Cómo enfrentar los futuros cambios del gobierno sin estas modificaciones?”, cuestionó Olegario.

Armando Lío opinó que el presidente “está a punto de terminar con su mandato al frente de los consejos de Estado y de Ministros (…) Tan trascendental tarea se debe culminar bajo su presidencia y no queda ya mucho tiempo para discutir tan complejo asunto antes de la próxima legislatura, en la cual él no estaría ya al frente de los destinos de Cuba”.

A juicio de Mikel, el estudio de las modificaciones debería “revisar profundamente el sistema legislativo y los poderes actuales para lograr un país más acorde a nuestros tiempos, sin perder el carácter humano, solidario y de compromiso con el pueblo. Luchando constantemente contra la corrupción y bajo una sombrilla de transparencia real a todos los niveles”.

Otros, como Gilberto Reinoso, propusieron que los cambios sean aprobados “por voto directo y secreto, como es la práctica internacional, no mediante firmas, así como las elecciones en todas las instancias”.

La Constitución cubana, aprobada mediante referendo popular en 1976, fue sometida a modificaciones en 1978, 1992 y 2002.

En la última ocasión y durante un proceso plebiscitario, más de 8.100.000 de ciudadanos firmaron para incorporar al texto la irrevocabilidad del sistema político de orientación socialista (artículo 3) y la prohibición de negociar bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera (artículo 11).

Según el exdiputado Daniel Rafuls, quien también participó en el podcast, desde la academia se están evaluando temas como el de la representación en el parlamento para que sean tenidas en cuenta para la reforma constitucional.

Recomendó que “debe ser reforzado en la Constitución cubana la defensa de los derechos del ciudadano (…) porque no puede ser que la Constitución de 1940 haya tenido una sala dentro del tribunal supremo que tenía que ver con lo constitucional y lo social, y que nosotros no lo tengamos”.

Propuso tomar experiencias de actuales procesos de la izquierda latinoamericana donde se crearon instrumentos como las Defensorías del Pueblo, “instituciones importantes, también de elección popular, que pueden ser una contrapartida mejor a las instituciones nuestras, incluso instituciones judiciales”.

La aprobación de una ley de Cine, de Prensa y de Comunicación, así como los nuevos Código Civil y de Familia, son algunas de las iniciativas legales que diversos sectores y organizaciones de la sociedad civil reclaman con insistencia ante los cambios operados en el país en los últimos años.

Semanas atrás, la sexóloga y diputada Mariela Castro Espín aseveró que otro reclamo frecuente, el reconocimiento legal de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales en Cuba, sucederá después que se realicen cambios a la Carta Magna. (2017)