La Habana, 16 mar.- Cuando el grupo empresarial cubano Cimex anunció este año la apertura de un nuevo Centro de Llamadas para Clientes, la noticia se difundió en los medios de prensa estatales como un avance en “el mejor acercamiento y comunicación” con los usuarios.

La medida pone a disposición de las y los ciudadanos de la isla caribeña el número 0800 00724, para marcar de forma gratuita y realizar denuncias.

Una operadora especializada atenderá y tramitará, durante las 24 horas del día, quejas y reclamaciones sobre servicios y ofertas relacionadas con la cadena estatal de tiendas.

También se habilitará el correo atencionalcliente@cimex.com.cu para los mismos fines.

Clientes, usuarios y activistas consultados por la Redacción IPS Cuba no confían en acciones como esta y las califican de “primarias”. Otras entidades empresariales y de la administración pública ya disponen de teléfonos y correos para quejas relacionadas con el consumo.

Proyecto Consumidores y Usuarios Protegidos (CUP) Con el objetivo de vigilar, exigir e investigar sobre violaciones tanto en el sector privado como estatal, funciona en Cuba el proyecto de carácter independiente Consumidores y Usuarios Protegidos (CUP) Liderado por Jimmy Roque, la iniciativa lleva pocos años de trabajo, en la búsqueda de información y su divulgación, así como la publicación de denuncias de infracciones. Aunque todavía con pocos activistas, algunas acciones incluyen distribuir plegables con datos sobre derechos del consumidor, y brindar servicios de pesaje de manera gratuita en mercados de la capital cubana. “Nos esforzamos en exigir respuestas ante los funcionarios sobre algunos  problemas detectados por nuestro colectivo”, explicó Roque. Esta alternativa pretende también promover nuevos derechos, regular la publicidad y ofertas dirigidas al público, y luchar contra la impunidad institucional y privada.

“Se trata de una tenue respuesta a la falta de leyes de protección al consumidor”, consideró Jimmy Roque, conocedor del tema en la nación caribeña.

Para este promotor social la habilitación de un teléfono no es la solución a la desprotección en que viven los usuarios y consumidores en Cuba.

“Desde hace varios años existen estas opciones para la atención al cliente. Funcionan mal, y el tiempo ha demostrado que esta alternativa sola no es suficiente”, consideró.

Ante ese complejo contexto, Roque explicó que la población cubana ha perdido la confianza en las instituciones.

“No exigen sus derechos y sienten que no hay nada que hacer”, apuntó.

Roque criticó el elevado nivel de corrupción en diferentes niveles y la falta de transparencia en algunas instituciones estatales, como algunos factores que inciden en la desprotección.

A consideración del líder del proyecto autogestionado Consumidores y Usuarios Protegidos (CUP), otro elemento que incide es el conflicto de intereses cuando el responsable de la protección es el mismo directivo o funcionario de la entidad.

Se suman a estos aspectos, el escaso empoderamiento ciudadano frente al quebrantamiento de sus garantías, la poca información respecto a opciones de reclamación y las complicaciones existentes para establecer exigencias en el emergente sector privado.

Varias voces especializadas consideran que una Ley de Protección al Consumidor debió estar aprobada hace años, si bien no es la única respuesta.

“No creo que solo la ley sea la solución al problema, pero es imprescindible tener la herramienta legal para exigir, demandar y tomar medidas penales y administrativas con los violadores de nuestros derechos”, insistió Roque.

Actualmente en el país solo existe oficialmente el simbólico documento Deberes y Derechos del Consumidor, emitido por el Ministerio de Comercio Interior.

Por eso clientes, usuarios y activistas en diferentes escenarios y foros online reclaman otras medidas para controlar la desprotección.

Algunas de las propuestas de Roque comprenden crear oficinas territoriales independientes para atender las reclamaciones de los ciudadanos en todas las esferas, tanto privadas como estatales.

Otros aspectos vinculan una mayor participación de la sociedad civil en este proceso, además de identificar públicamente a los responsables de las violaciones al nivel que se encuentren.

Tampoco se descarta el desarrollo de mecanismos alternativos de control de la calidad. (2017)