Para no pocas personas resulta un enigma inexplicable que las tarimas de los mercados agropecuarios cuyos precios se regulan por la oferta y la demanda siempre estén llenas, mientras las de la red estatal tengan muchos menos productos y, generalmente, de calidad inferior.

Desde la apertura de la primera de estas redes, en 1994, han sido los establecimientos de libre formación de precios—regidos por el monopolio que establecen los concurrentes- los que han demostrado tener, generalmente, productos de primera y un amplio nivel de surtidos, frutos de la organización y flexibilidad de los sistemas independientes, que funcionan bajo las leyes del mercado, algo que no ha sido capaz de reproducir el Estado.

La razón del amplio surtido y permanencia de la oferta es una: el interés particular. Alguien que tiene un camión propio, visita a los campesinos, les pregunta qué tienen sembrado, cuándo toca cosecharlo y negocia cantidad y precios. Pasados los meses, en dependencia del cultivo, casi al momento de la cosecha, regresa y acuerda el día y hora de recogida.

En la fecha fijada, llega -dinero en mano- a cargar. Luego, sin demora, al amparo de la noche, va a los mercados a venderle la mercancía al que comercializa de forma minorista en la red de libre formación de precios, conocida en el sector del comercio como los MAOD (mercado agropecuario de oferta y demanda). Todo este modus operandi no es fruto de la ficción, lo explica en condición de anonimato un funcionario del Ministerio de la Agricultura.

Sin embargo, agrega, el empleado estatal tiene que desandar los campos sin medio de transporte para visitar a los productores y también debe averiguar sobre las siembras.

A la hora de la cosecha, promete un camión que muchas veces demora demasiado o no llega, en detrimento de la calidad, la satisfacción del productor con sus ingresos -tiene que cobrar mediante cheques- y de la población, necesitada de productos que tardan en llegar.

Con la pretensión de atar los cabos sueltos en la cadena producción-acopio-comercialización, la dirección del Ministerio de la Agricultura adoptó hace cerca de un año un sistema, cuyo principio se basa en que la agricultura se encargue de producir y el Ministerio del Comercio Interior, de comercializar.

Pero, pasado el tiempo, el mecanismo no ha demostrado su efectividad y las restricciones y trámites existentes, amén de la baja en determinadas producciones, han mantenido las tarimas en ascuas.

De esa realidad dan fe las imágenes recientemente aparecidas en la televisión estatal de la isla, las cuales mostraban hileras de camiones y tractores llenos de ajo, bajo el ya caliente sol del trópico, en espera de que la empresa estatal comprara la producción pactada con anterioridad. Una de las productoras entrevistadas declaró: “estamos bajo el sol, mientras en provincias como Pinar del Río y otras, en el oriente del país, no hay ni un ajo para vender”.

Cuando fue anunciado el sistema que supuestamente resolvería los problemas de comercialización y abastecimiento, periodistas especializados expresaron cierta desconfianza.

¿Quién garantizará que este funcionará, si cuando Acopio tenía combustible y un gran parque de camiones, en etapas anteriores a la crisis de los noventa, no pudo garantizar eficientemente el acopio y la mercancía se echaba a perder en el campo?”, inquiría entonces una comentarista radial de larga experiencia. La vida, hasta el momento, le está dando la razón.

Los problemas en la cadena producción-acopio-comercialización no son exclusivos de la capital cubana y su principal proveedora, la provincia La Habana. Un reportaje publicado el jueves 15 de abril, por el diario oficial Granma, hacía referencia a la producción de frijoles en el municipio de Gibara, en la oriental provincia de Holguín.

Con su cosecha, el territorio podía cumplir con la distribución de la cartilla de racionamiento con la norma fijada para los 73.000 habitantes del territorio y además, cumplir sus compromisos de entrega al país. En el camino se presentaron trabas para hacer esas contribuciones en el menor tiempo posible.

Al respecto, el autor reflexionaba que “el caso revela, entre otras cosas, que los organismos y ministerios nacionales, en general, aún no reaccionan con el estilo dinámico y creativo indispensable para suprimir esquemas no funcionales y otras trabas hoy padecidos en el proceso de producción y distribución de alimentos”.

Oh, La Habana

En la capital cubana, con una población de 2,2 millones de habitantes y cerca de un millón de personas de población flotante, todo resulta muy complejo. El tema de la alimentación se torna más peliagudo, toda vez que dispone de solo 0,4 por ciento de la tierra agrícola del país.

Uso de la tierra en Ciudad de La Habana

Uso	Cantidad de tierra (hectáreas)
Organopónicos	121
Cultivos semiprotegidos (en antiguos organopónicos)	60
Parcelas	506,17
Microhuertos caseros	–
Patios productivos	88.918

Fuente: Asamblea Provincial del Poder Popular

Según un documento del gobierno de la ciudad, “hoy la agricultura no garantiza la demanda, ni en cantidad, ni en surtido, ni en calidad”, partiendo de que el principal suministrador, la provincia de La Habana, incumplió el plan de enero en 40 por ciento, y el de febrero, en 33 por ciento, equivalente a 33.000 toneladas, lo que “se refleja en las semivacías tarimas de los mercados estatales”.

El documento señala también que “sin embargo, los mercados de oferta y demanda muestran hoy un abanico de productos con calidad, con precios superiores, lo que evidencia la falta de control y exigencia y desvío de recursos por parte de algunos productores inescrupulosos”.

¿De qué se trata? Según las regulaciones establecidas, las diferentes formas de producción pueden acudir al mercado liberado solo tras cumplir sus compromisos con el Estado.

Ahora, las tarimas están vacías por el bajo cumplimiento de lo pactado con la empresa estatal, mientras que los mercados más caros tienen en oferta hasta las frutas que algunos creían desaparecidas, entre ellas el anón y el canistel, explica un directivo de una empresa de la capital dedicada a producir hortalizas.

Los mercados agropecuarios estatales que conforman una red de 310 unidades -de ellas 50 calificadas de especiales por contar con venta de jugos, plantas ornamentales y medicinales, productos de panadería y repostería, entre otros- y venden diariamente un promedio de 500 toneladas, mientras que los de oferta y demanda, con 33 establecimientos en toda la ciudad, solo alcanzan a vender la décima parte de esa cifra, 50 toneladas.

Sin embargo, a los ojos de las personas, por su calidad y surtidos, estos siguen teniendo un mejor desempeño, aun cuando los precios no son asequibles para miles de personas cuyos ingresos no les permiten adquirir allí todo lo que desearían y necesitan.

El sistema de comercialización antes descrito y que se emplea hoy para la distribución de la provincia de La Habana (Opac, Operación Producción-Acopio-Comercialización), indica el citado documento, “ha demostrado aún tener sus fisuras, relacionadas con la compra de productos en correspondencia con su verdadera calidad, la compra de pequeñas producciones complementarias”.

El análisis considera que existe, “en la práctica, una disminución de la comercialización de frutas y algunos tipos de vegetales” y adolece, en las naves ubicadas en la provincia de La Habana,  de un doble mecanismo de compra en el que conviven la estructura de la agricultura y la del Ministerio del Comercio Interior.

Tras visitas, recorridos, reuniones y análisis de las opiniones de representantes locales, las autoridades de la capital concluyeron que, además de las bajas en la comercialización por falta de productos, todavía constituyen deficiencias las ventas de productos por falta de calidad, las violaciones de precio, la forma de mostrar los surtidos, la permanencia en almacenes de productos de mayor calidad que los expuestos en tarimas y la insuficiencia en la cobertura de la red de mercados en las diferentes áreas de la ciudad.

Este último aspecto –debido al cierre de puntos de venta en los barrios, después de los huracanes de 2008, para eliminar ilegalidades reales- es muy cuestionado  todavía por la población. “Cuando existían, uno no tenía que desplazarse a grandes distancias, sobre todo las personas mayores que son las que están la mayor parte del tiempo en las casas y sobre quienes, en buena medida, recaen las compras de alimentos”, señala Lucía, estomatóloga recién jubilada.

En medio de la carencia de viandas, la realización de ferias municipales ha sido una de las variantes adoptadas por el gobierno de la capital para poner en manos de las personas lo poco que hay. Estas convocatorias –aclaró a la prensa local Héctor Hijos, director provincial de comercio y gastronomía– son ferias gastronómicas que tienen un complemento en productos del agro  y no se trata de ferias agropecuarias propiamente, como había antes.

A ellas acuden los mercados agropecuarios estatales, productores de otras provincias cuyas cooperativas hayan cumplido sus compromisos con el Estado en cada surtido, así como la agricultura urbana, con cantidades moderadas de hortalizas, luego de haber entregado lo pactado con los sistemas de educación, salud y varios organismos.

Esa, se sabe, no es la solución, que solo llegará cuando haya suficiente producción agrícola y una lógica en la organización del acopio y la distribución. Fuentes cercanas a la Comisión agroalimentaria del parlamento cubano indican que están hechos los estudios y análisis del deficiente funcionamiento del actual sistema y que, más temprano que tarde, deberá adoptarse una decisión que destrabe los actuales nudos y permita una comercialización más ágil y eficiente, lo que impulsaría a los campesinos a incrementar las producciones.

En la actualidad, a las pérdidas de las cosechas del pasado año por la demora en los mecanismos se suman las restricciones para acudir a la ciudad. Los productores no se sienten motivados a producir más, pese a los llamados que hace el país y la necesidad real de que así sea. El trabajo del campo es duro y hay que conjugar bien el corazón con el bolsillo, comenta un miembro de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap).

Poco, pero es algo

Ante la carencia de productos y el reconocimiento de la alta dependencia del resto de los territorios del país, las autoridades de Ciudad de La Habana impulsan la producción local en las limitadas tierras cultivables, que totalizan 35.890 hectáreas.

Según estimados, aun cuando se explote eficientemente hasta el último espacio disponible, la capital produciría solo 20 por ciento de lo que necesita. No obstante, se considera que tener más alimentos propios daría cierta “moral” para exigirles a otros territorios que cumplan lo pactado para la ciudad.

Del total de la tierra, 32 por ciento se dedica a los cultivos varios; de ello, 50 por ciento está destinado a hortalizas. La mitad de los terrenos tiene vocación agropecuaria porque se trata de espacios que no reúnen las condiciones para otros cultivos, mientras 12 por ciento corresponde a forestales y frutales.

Entre los motivos que impiden alcanzar cifras mayores de producción se encuentran la carencia de  semillas de calidad, la entrada tardía de las cimientes, dificultades en adquirir los medios para combatir plagas y enfermedades por el deterioro de los Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos, falta de medios para preparar las tierras –fundamentalmente de tiro animal–, y la necesidad de aumentar la siembra bajo cultivos, pues 93 por ciento del terreno se siembra en secano.

Para incrementar los niveles productivos, consideran expertos, debe aprovecharse al máximo la tierra, dar solución a las necesidades de insumos, elevar la elaboración de abonos orgánicos, semillas y posturas, hacer un uso óptimo del agua y los sistemas de riego disponibles, así como aumentar las labores de capacitación de los productores, sobre todo aquellos que recibieron tierras mediante el Decreto ley 259.

Según fuentes de la Delegación Provincial de la Agricultura, hasta el momento en la ciudad fueron entregadas 3.868,48 hectáreas en usufructo para cultivos varios (45,4 por ciento); ganado mayor (45,6 por ciento); ganado menor (8,7 por ciento) y frutales (0,5 por ciento).

Las autoridades reconocen que este proceso ha estado caracterizado por la lentitud de los funcionarios que tienen que ver la tramitación y autorización de las solicitudes. Hasta el momento se han detectado más de 700 violaciones, entre ellas construcciones ilegales, tierras mal explotadas y  producciones no autorizadas.