El 17 de septiembre de 2008, toda Cuba inició el proceso de entrega de tierras en usufructo dirigido a poner a producir aquellos espacios ociosos o deficientemente explotados. Pasados 22 meses, han sido entregadas en usufructo miles y miles de hectáreas, de ellas cerca del 50 por ciento ya está dando sus frutos.

La entrega de tierras ociosas o deficientemente explotadas quedó establecida mediante el Decreto ley 259, del 10 de julio de 2008. El Decreto ley 282 para la aplicación de la legislación fue adoptado el 29 de agosto de ese año.

Entre los objetivos de esta decisión, considerada en su momento como una tercera ley de Reforma Agraria, se encuentran elevar la producción de alimentos, incrementar las exportaciones y reducir las importaciones de productos agroalimentarios. El país se vio precisado a poner en manos de personas que quisieran y estuvieran en condiciones de hacer producir terrenos estatales, toda vez que a lo largo de todo el archipiélago se declararon sin el uso debido más de un millón de hectáreas de tierras cultivables.

De acuerdo con Pedro Olivera Gutiérrez, director del Centro Nacional del Control de la Tierra, perteneciente al Ministerio de la Agricultura, los ciclones que azotaron a la isla en 2008 causaron considerables pérdidas en el sector agropecuario, por lo cual el país se vio precisado a acelerar el proceso de entrega de terrenos, sin haber conformado en su totalidad el fondo de áreas disponibles.

No obstante, se calculó que 1.763.283 hectáreas con vocación agrícola se encontraban ociosas o deficientemente explotadas; es decir, aquellas que no se encontraban produciendo, cubiertas de marabú o que, por sus volúmenes productivos o cantidad de cabezas de ganado vacuno, no tenían la carga establecida por cada unidad de tierra.

Según aseveró Olivera, en los 22 meses transcurridos desde el inicio del proceso y hasta junio, se ha entregado 1.007.112 hectáreas, lo que representa 57 por ciento del fondo inicial. Las autoridades municipales de control de la tierra han recibido 133.900 solicitudes, de las cuales han tenido una respuesta positiva 112.109 (83 por ciento).

Las estadísticas de la Oficina Nacional del Control de la Tierra arrojan que, del total de nuevos usufructuarios, 91,2 por ciento son hombres y 8,8, mujeres. Por otra parte, 31 por ciento de quienes recibieron terrenos son trabajadores de entidades de los ministerios de la Agricultura y el Azúcar; 13 por ciento, empleados de otros organismos; 11 por ciento, jubilados; 5,4 por ciento, trabajadores por cuenta propia. Cerca de 15 por ciento está pendiente de respuesta. De las solicitudes recibidas, 4,8 por ciento (unas 5.000) fueron denegadas, al considerarse que los solicitantes no reunían los requisitos necesarios.

Las regulaciones aprobadas para este proceso indican, entre los requisitos imprescindibles, que los usufructuarios naturales deben estar vinculados a una cooperativa de créditos y servicios. Al respecto, las cifras muestran que 95,5 por ciento de quienes accedieron a la tierra ya se integraron a esa forma productiva. A partir de esa vinculación, explicó el directivo del Ministerio de la Agricultura, los usufructuarios tendrán acceso a los insumos y a realizar, a través de ella, la comercialización de los productos agropecuarios.

De las áreas entregadas (1.007.112), 59,6 por ciento ha sido para la producción pecuaria; 26,8 por ciento, para viandas y hortalizas; 7,7 por ciento, para la siembra de arroz; 3,4 por ciento, café y cacao; 1,22 por ciento para frutales y forestales y 1,5 por ciento, tabaco y azúcar. En la actualidad, 46 por ciento de las tierras entregadas ya está en explotación, indicó Olivera. El 20 por ciento de las parcelas corresponden a ampliaciones de parcelas a personas que ya disponían de áreas productivas.

Entre las provincias con mayores atrasos para comenzar a explotar las tierras ociosas asignadas en usufructo se encuentran Granma, Santiago de Cuba, Camagüey, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus, en 66 de los 169 municipios del país.

A partir de la evaluación que se acomete entre los nuevos usufructuarios, entre las causas de carácter objetivo que inciden en la demora en poner en producción el resto de las tierras se encuentran el alto nivel de infestación de marabú y otras plantas indeseables (59 % de esas tierras); la carencia de recursos y medios materiales y de trabajo; la sequía que ha sufrido el país durante 2009 y el primer semestre de 2010.

En los territorios que más daño tuvieron por el impacto de los ciclones, Holguín, Las Tunas, norte de Camagüey, una parte de Pinar del Río y el municipio especial de Isla de la Juventud, recibieron excepcionalmente del Estado un módulo conformado por machetes, limas, guantes, hachas y un poco de soga. Al resto de los nuevos productores, dijo Olivera, el Ministerio de la Agricultura no ha tenido posibilidades de entregarles recursos.

Aún restan por entregar 756.171 hectáreas en todo el país. Sin embargo, los mayores volúmenes por distribuir se concentran en Cienfuegos, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas, justo en algunos de los territorios donde es más agudo el déficit de alimentos. Las áreas que quedan ociosas son de categoría tres y cuatro, es decir: suelos cuya vocación agroproductiva tiene como destino fundamental la ganadería. Por otra parte, son terrenos con difícil acceso y no son de interés de quienes solicitan espacios.

De acuerdo con el director de la Oficina Nacional de Control de la Tierra, hasta ahora no se puede medir en toneladas el impacto productivo de las tierras entregadas, algo que comenzará a contabilizarse a partir de 2011, con el proceso de contratación que se realiza en estos momentos para el próximo año. El Ministerio de la Agricultura considera que el impacto productivo medible de las parcelas entregadas podrá calcularse al menos dentro de dos años.

El proceso

No ha sido fácil el proceso de entrega de tierras, ni para las autoridades ni para los solicitantes. Las autoridades reconocen que ha faltado agilidad en los trámites –según las regulaciones pueden extenderse hasta unos 108 días- y ha habido demoras en las conclusiones de los expedientes; así como falta de preparación y capacitación del personal, lo que se atribuye a la premura en el inicio de la tramitación de los documentos, motivada por los ciclones.

En los meses finales de 2009, la Oficina Nacional de Control de la Tierra fue objeto de una verificación fiscal, que arrojó un grupo de dificultades como resultado de que el sistema de control no estaba preparado para enfrentarse al gran volumen de nuevas entregas, así como deficiencias en el seguimiento del uso de las tierras, pues el esfuerzo principal se concentró en la terminación de la documentación y la entrega de las parcelas, en detrimento de quienes las habían recibido.

Tal situación provocó que no se realizaran las contrataciones de las producciones, la revisión del cumplimiento de los plazos pactados para poner en explotación los terrenos. Esto condujo a rectificar el tiro y a la reorganización de las comisiones agrarias municipales, el órgano creado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, que le da la responsabilidad al Ministerio de la Agricultura de integrar a diferentes organismos para este proceso, dijo Olivera.

Hasta ahora las inspecciones han detectado falta de integración entre las instituciones que la componen, como la Oficina Nacional de Hidrografía y Geodesia —medición de tierras y actualización del fondo–; Ministerio de Justicia —encargado del seguimiento y asesoramiento legal del proceso de expedientes y revisión de su calidad y acompañamiento a los delegados municipales como figuras rectoras–, y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

A partir de las recomendaciones de las verificaciones fiscales, el control a los nuevos usufructuarios se trata de hacerse de forma integrada, no solo desde la Oficina de Control de la Tierra, sino que se cuente con la participación del resto de las autoridades implicadas; es decir, aquellas que tienen que ver con la sanidad vegetal, la medicina veterinaria y el control de masa ganadera, entre otras funciones estatales.

Generalmente, hasta hace poco tiempo, los contratos no abarcaban de manera integradora aspectos importantes de los acuerdos y negocios, incluso los firmados con contrapartes extranjeras. El reglamento para la entrega de terrenos ociosos, señala Olivera, establece por primera vez, de forma muy clara, las obligaciones de las partes: los usufructuarios y el Estado.

Esto posibilita que “el cumplimiento de estos detalles pueda y sea chequeado de manera periódica, cada año, y a partir de ahí se emite una valoración, lo que da la posibilidad de cese o continuidad del convenio”. Las causales de extinción están relacionadas con el incumplimiento de los objetivos para los cuales se asignó el terreno.

Por incumplir los plazos del convenio o por renuncias de los solicitantes al terreno, unas 800 personas han salido del sistema de usufructo. Entre los asuntos pendientes están el cobro de los certificados catastrales y el de los bienes que reciben los usufructuarios (instalaciones y medios de propiedad estatal). Por otra parte, se estudian aspectos como la eventual autorización de facilidades en el área (no de viviendas), que permita a los productores pernoctar allí para cuidar los recursos que están creando, un reclamo hecho por quienes trabajan la tierra.

Según el director de la Oficina Nacional de Control de la Tierra, este proceso no tiene fin. En el primer semestre de 2010 se han recibido como promedio unas 2.500 solicitudes. Medidas como la racionalización de plazas y reacomodo de plantillas en el sector estatal estimularán esta dinámica, pues podría constituir una fuente de empleo para las personas que queden excedentes en sus puestos. Por otra parte, se evalúa periódicamente el fondo de tierra, que puede ser entregada en usufructo a aquellas cooperativas que tienen en su patrimonio terrenos ociosos.

El reordenamiento en curso del Ministerio de la Agricultura, donde quedarán en mayoría empresas de servicios, generará volúmenes considerables de áreas que podrán ser incluidas también en el fondo para el usufructo.

La capital cubana, un aparte

El total de las áreas entregadas en la capital para cultivos varios y 70 por ciento de las destinadas a la producción pecuaria se encuentran en producción, explicó Pedro Olivera Gutiérrez, director del Centro Nacional del Control de la Tierra, del Ministerio de la Agricultura.

En Ciudad de La Habana, de las 4.651 hectáreas declaradas ociosas, han sido otorgadas hasta el momento 4.196 hectáreas, 90 por ciento del fondo total. De ellas, 4.032 fueron puestas en manos de personas naturales y 163 en las de personas jurídicas. A la ganadería se otorgaron 1.850 hectáreas; cultivos varios, 1.814; frutales, 8,36 y ganado menor, 359,72 hectáreas.

Según explicó Olivera, los terrenos aprobados no sobrepasan, por lo general, las dos o tres hectáreas, lo que ha permitido ponerlas en explotación con prontitud.

A inicios del proceso, en septiembre de 2008, el número de solicitudes superó las áreas disponibles, por lo que muchos de los solicitantes fueron remitidos hacia la provincia de La Habana, señaló el funcionario del Ministerio de la Agricultura.

El proceso en la capital encerró algunas particularidades. Como las áreas eran muy escasas, se hizo un análisis puntual de todas las entidades que contaban con espacios sin producir, para incorporarlos al fondo de tierra factible a entregar en usufructo.

Por otra parte, como en su mayoría los terrenos se enmarcaban en zonas urbanas, se evaluó caso por caso con Planificación Física para evitar que, en el futuro, se produzca una confrontación entre una inversión y un área entregada, agregó Olivera Gutiérrez. Algunas dificultades de este tipo se presentaron y solucionaron en La Habana del Este, por ejemplo, entre los programas de desarrollo turístico y petrolero previstos, mientras que en otros aún persisten.

Otra peculiaridad de la ciudad es que el movimiento de la agricultura urbana ha permitido que los nuevos productores que recibieron tierras hayan tenido una mayor integración, además de acceso a la capacitación y los recursos.

La capital cubana dispone solamente de 0,4 por ciento del total de área cultivable del país y desarrolla un amplio programa de agricultura urbana. Aun así, al inicio del proceso se contabilizaron más de 4.000 hectáreas de terrenos improductivos. Con la entrega de más terrenos podría incrementarse la producción de hortalizas y condimentos frescos.

Semanas atrás, cuando se hablaba de la nueva división político administrativa del país, que implicaba el traspaso de decenas de hectáreas de la capital hacia la colindante provincia de La Habana, no pocos cuestionaban la validez de haber desarrollado entonces, a partir de enero, la agricultura suburbana en las zonas periurbanas. Fuentes cercanas al gobierno de la ciudad indican que ese proceso, que implicaba para Ciudad de La Habana la pérdida de cerca de 50 por ciento de sus tierras agrícolas, está actualmente momentáneamente detenido.