La Habana, 18 feb.- En la cuarta edición anual de Quórum, su anfitriona Auge, empresa de servicios corporativos, dialogó con 150 líderes de emprendimientos sobre los desafíos del sector privado para 2025 y la eventual aplicación de nuevas transformaciones regulatorias en Cuba.

“En las últimas dos ediciones, le hemos puesto el foco especialmente a los problemas, a las esencias del año que comienza”, explicó Oniel Díaz, gerente general de Auge. Respecto al encuentro celebrado el 7 de febrero, en el Hotel Meliá Habana, apuntó que se abordaron tres temas fundamentales.

Estos fueron las nuevas regulaciones y políticas económicas relativas a las mipymes, el aumento de las acciones de control que ejercen las autoridades hacia los actores económicos no estatales y el cada vez más evidente redimensionamiento de las relaciones comerciales entre el sector privado y el estatal.

El encuentro fomentó un espacio para crear sinergias empresariales. Facilitó el debate sobre las ponencias a cargo de analistas, líderes de proyectos y representantes de la Unión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo.

Asimismo, Auge presentó dos guías propias destinadas a emprendedores –El Termómetro y el Informe de Delitos Corporativos en Cuba–, útiles para realizar la autoevaluación de un negocio y encontrar las soluciones a deficiencias identificadas.

 

Un año de control

“En 2025 habrá ciertamente más control a la actividad privada. No lo vemos como un elemento negativo per se, sino como un elemento intrínseco del manejo empresarial. En cualquier lugar del mundo, las autoridades controlan el desempeño de las empresas. En Cuba, debemos aprender a gestionar y vivir con esa realidad”, comentó Díaz.

De acuerdo con el especialista, en el contexto actual, “la mayoría de los incentivos al sector privado han desaparecido” como la eliminación en 2024 del beneficio que tenían los socios de las mipymes de quedar exentos del pago sobre ingresos personales por lo obtenido en su primer año de operaciones.

También consideró que resulta difícil para los nuevos negocios acceder a créditos bancarios, por no poder cumplir con las rigurosas garantías que exige el banco.

“Esto no significa necesariamente que estemos previendo para 2025 un año de retroceso o desaparición de empresas privadas. Simplemente es un nuevo escenario con el que las empresas tendrán que adaptarse a lidiar”, aseguró Díaz.

A su juicio, “las iniciativas privadas que ya están en la economía llegaron para quedarse: brindan servicios a empresas estatales, tienen cientos de miles de trabajadores (emplean aproximadamente al 35 % de la fuerza laboral en Cuba) y aportan al producto interno bruto (PIB) de la economía (un 15 %)”.

Para el economista y analista de Auge, Daniel Torralbas, uno de los ponentes de Quórum, el reto más grande del sector privado este año será “resistir”.

“Primero, la situación económica del país, que aún sigue complicada; las distorsiones macroeconómicas. Pero también veo oportunidades con las nuevas formas de alianza que pueden darse con el Estado”, señaló.

Renegociar relaciones

Según se estableció en el Decreto-Ley 88 de 2024, los consejos de la administración municipales –gobiernos locales–, y ya no el Ministerio de Economía y Planificación, autorizarán la creación de las nuevas mipymes privadas y su objeto social.

De ese modo se transforma el intercambio entre el gobierno y el sector privado, así como la proyección de los negocios en cada territorio. A la vez, las autoridades exigen a las empresas estatales una posición más proactiva en los contratos con los actores privados.

“Como negociación al fin, habrá intereses comunes y también intereses encontrados. Dependerá de quienes negocien para asegurar espacios que los beneficien. Si miramos que es la empresa estatal, abierta a discutir relaciones más complejas de negocios, puede ser una gran oportunidad”, señaló Díaz.

 

¿Una resolución parteaguas?

Un tema que causó polémica en Quórum fue el impacto de la Resolución 56 de 2024, del Ministerio de Comercio Interior, para la comercialización mayorista por mipymes privadas y cooperativas no agropecuarias de forma directa a entidades estatales o a través de las comercializadoras mayoristas estatales, a partir de mayo venidero.

“Si la idea es construir una entidad intermediaria para cumplir un fin burocrático y de control, creo que va por mal camino. Si la idea es tratar de ampliar capacidades de negocios para las dos partes que se vinculen a esa relación, pudieran lograrse cosas interesantes”, opinó Díaz.

Asimismo resaltó: “Las personas necesitan todo tipo de productos importados; antes los importaba el Estado, pero hoy no puede hacerlo al mismo nivel de hace 10 años. Y el sector privado está cubriendo esa brecha”.

Teresita López, lideresa de proyectos en Auge y conferencista en Quórum, consideró que a pesar de la reestructuración que esa norma pudiera causar en los modelos de negocios de algunas mipymes, “muy pocas van a cerrar”. (2025)