La bancarización es un proceso necesario para Cuba, sobre todo ante la actual inflación y poca disponibilidad de dinero en efectivo, pero su implementación y desarrollo se frena ante la ausencia de electricidad y una infraestructura tecnológica que lo sostenga durante los prolongados apagones.

A un año de su inicio, el mecanismo enfrenta nuevos desafíos, como el de ser sostenible en medio de la crisis energética por la que atraviesa la nación.

La tensa situación que vive la sociedad cubana en los últimos años se ha visto agravada por los continuos apagones, que han llegado a ser nacionales y por varios días, y más recientemente por las afectaciones provocadas por el paso de los huracanes Rafael y Oscar.

Los canales digitales que se han establecido como vía para paliar, al menos la crisis económica, sucumben ahora ante otra crisis, la energética.

Los cortes de electricidad, que traen aparejados la ausencia de Internet, tienen entre sus primeras bajas a los servicios telefónicos, esenciales por ejemplo para los pagos por transferencia. A ello se suma que quedan afectadas también las operaciones de los cajeros automáticos y las sucursales bancarias.

“Llevo poco más de dos semanas resolviendo (casi que rogando) a base de pagos en línea, transferencias y recargas telefónicas, porque dinero físico no tengo. Las colas en los cajeros son centenarias y en muchas ocasiones estos equipos ni siquiera funcionan”, dijo el periodista Alejandro Rodríguez Cuervo en su perfil de Facebook.

“No aceptamos transferencias”, la nueva moda

El espacio televisivo Mesa Redonda informó que desde el inicio de la bancarización en el país las operaciones digitales (pagos, transferencias, etc.) habían experimentado un crecimiento promedio del 0,6 por ciento mensual. Sin embargo, de cara a las nuevas circunstancias habrá que replantear las cifras.

Cada vez son más los negocios y entidades, tanto estatales como privadas, que exigen el efectivo y se niegan a realizar estar operaciones, aun cuando existe una normativa establecida por el Ministerio de Comercio Interior que les obliga a hacer uso de ellas si lo prefiere el cliente.

Bloqueos en las transacciones, falta de conectividad, lentitud en las operaciones o errores en las pasarelas de pago (Transfermóvil o EnZona) figuran entre las excusas más recurrentes para la negativa.

Más allá de los pretextos, utilizados como salida fácil en la mayoría de los casos, lo cierto es que lo obstáculos para el pago electrónico cada vez son mayores.

Como se mencionó en esta misma sección, los pagos atraviesan dificultades por factores como distorsiones generales de la economía, la endeble infraestructura bancaria, el acceso a internet y la tecnología, la falta de electricidad y, por qué no, también la resistencia de su uso sobre todo por parte de vendedores y servidores públicos.

¿Y la caja extra?

La caja extra es otra alternativa disponible para la ciudadanía desde 2021. De acuerdo con la Resolución 231/2021 del Banco Central de Cuba, el servicio es resultado de la colaboración entre un banco comercial, la única Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) y la entidad en que se ubica la caja, por lo regular una unidad comercial.

Para hacer uso de este servicio se necesita tener un teléfono celular, estar registrado en la plataforma Enzona o Transfermóvil y portar el carnet de identidad.

Una vez registrada, la persona usuaria podrá extraer hasta cinco mil pesos en una operación diaria en entidades de comercio a través del uso de las opciones de las plataformas de Etecsa, en dependencia del efectivo que exista en la entidad.

El servicio de caja extra tiene entre sus objetivos contar con nuevos puntos de acceso a los servicios financieros y ofrecer una alternativa para la extracción de dinero en efectivo en el mismo lugar donde se realiza la compra de bienes o pagos de servicios.

A pesar de sus evidentes ventajas, la prestación no ha fructificado con éxito. Para ello requiere la imbricación entre tres instituciones: el banco, Etecsa y la entidad que genere ingresos diarios en efectivo capaz de brindar el servicio.

Desconocimiento, negativas para su uso, burocracia y falta de control, son algunas de las causas que lo han colocado en un plano casi inexistente para muchos.

Varios dependientes alegan que para ellos supone un trabajo adicional que entorpece sus labores y poco les beneficia. Otros se niegan a entregar un dinero en efectivo que sus establecimientos suelen necesitar en sus operaciones y que, en las condiciones actuales, no resulta nada fácil extraer de bancos o cajeros.

Hacer cumplir la medida

Desde el dos de diciembre del pasado año entró en vigor la Resolución 93/2023 del Ministerio de Comercio Interior, que obliga a los establecimientos estatales o privados a operar con, al menos, un canal de pago electrónico (Transfermóvil o EnZona) o terminales de punto de venta (código QR) para la prestación de servicios.

La medida es extensiva a todas las personas naturales y jurídicas que realiza actividades comerciales objeto de inscripción en el Registro Central Comercial.

De acuerdo con la entidad, el requisito obedece a la ampliación del proceso de bancarización de las operaciones en el sistema de comercio, así como a reforzar los derechos del consumidor.

A quien incumpla ese requisito le será aplicado el Decreto 184, que lleva la adopción de una contravención o el cierre de las operaciones en el establecimiento hasta cumplir lo dispuesto en la norma.

Hasta mayo último unos 475 establecimientos habían sido cerrados por incumplir, injustificadamente, con lo dispuesto en la resolución. Se retiraron licencias en otros 360 y se han impuesto multas. (2024)