Una resolución del Banco Central de Cuba, la primera de su tipo en el país, regula el uso de lo que denomina activos virtuales en transacciones comerciales.
Las criptomonedas han vuelto a ser tendencia y asunto de debate en las redes sociales, tras la publicación de la primera normativa que regula algunos de sus usos en la nación caribeña.
Las críticas hacia artículos considerados ambiguos en materia de libre expresión en las nuevas normas jurídicas sobre telecomunicaciones en Cuba, invisibilizan que por primera vez se legisla sobre ciberacoso, grooming y phishing.
Si algo no tendrá el Decreto Ley 35 y sus normas jurídicas acompañantes, es el derecho al olvido. Con tan solo días de publicado ya tiene su propio hashtag #NoalDecretoLey35 que en 48 horas logró movilizar a alrededor de 1.800 personas en Facebook. Miles han sido los comentarios en contra y favor del mencionado cuerpo jurídico, sobre todo en relación a varios de sus artículos asociados con la prohibición de determinadas publicaciones en redes sociales, cuya implementación puede resultar ambigua y en detrimento de la libertad de expresión en el país caribeño.
Reclamos de años para la tipificación de delitos como el ciberacoso y el engaño pederasta hallan respuesta en nuevas leyes, que a la vez generan preocupación por artículos que pudieran limitar la libertad de expresión en redes sociales.
Conceptos como ciberterrorismo y ciberguerra, nuevos delitos tipificados que resultan luchas feministas de años como ciberacoso o engaño pederasta, regulaciones sobre transmitir noticias falsas y prohibición de difusión de contenidos sexuales o discriminatorios, son algunos de los preceptos de las recientes normas jurídicas que en materia de telecomunicaciones fueron dadas a conocer el 17 de agosto en Cuba.
La iniciativa digital permite la identificación de billetes y tarjetas de uso en el país, mediante un sistema de sonidos y vibraciones.
Si algo ha faltado en el emergente desarrollo de software en Cuba, es una visión inclusiva para todas las personas, especialmente aquellas que viven en situación de discapacidad. Por ello, resultan casi inexistentes las propuestas que impliquen un diseño universal o de accesibilidad para personas con algún tipo de discapacidad visual o auditiva.
