Con la construcción de dos parques eólicos de tecnología china, Cuba se propone multiplicar la generación de electricidad con esa fuente renovable de energía.
Cuba anunció la continuidad en 2018 de las inversiones para el desarrollo de la generación eléctrica con fuentes renovables de energía, mediante obras que ampliarán la participación del viento, como parte de un ambicioso programa para aprovechar también otras alternativas, como la luz solar y la biomasa cañera.
El gobierno cubano insiste en reordenar las cooperativas y el trabajo por cuenta propia, en una doble señal del interés declarado de compartir espacio con las formas de gestión no estatales y del sambenito de un pasado ajeno a tal convivencia.
Con el anuncio de próximas regulaciones para ordenar la gestión económica no estatal, el gobierno cubano confirmó pasos anticipados a mediados de 2017, y dio continuidad a una estrategia de búsqueda y ensayo que promete alargarse. En lugar de indicar rechazo a esta alternativa económica, los ajustes confirman más bien insistencia por labrarles a los negocios privados un espacio en el modelo económico socialista. Solo que el empeño se le ha tornado tan difícil a los nuevos actores de la economía como al propio gobierno.
El gobierno cubano pasa revista a deudas del programa de transformaciones del modelo, que traban el avance de la economía. El PIB creció 1,6 por ciento en 2017.
Entre golpes políticos, adversidades meteorológicas e incumplimientos del plan, cerró la economía de Cuba otro año de evolución gris, alejado aún de los resultados a que aspira la reforma económica identificada como Actualización del modelo económico y social. No faltaron, sin embargo, señales alentadoras, en términos de indicadores macroeconómicos y de declaraciones políticas.
Nuevas normas jurídicas para adoptar hacia el ideal de la descentralización de la gestión empresarial.
A fin de profundizar la reforma empresarial en Cuba, el gobierno adoptó a mediados de diciembre un grupo de regulaciones jurídicas para otorgarles mayor autonomía y competitividad a las empresas estatales. Las nuevas normas buscan reducir también la dispersión tradicional en la legislación y el desarrollo del sistema empresarial.
