La Habana, 27 abr.- Por la materialización de la carrera administrativa, como parte del actual proceso de reforma jurídico-institucional y para organizar mejor la función pública en el país, aboga Fernando Monzón, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.

En su texto, “Pertinencia y perspectiva de la implementación de la carrera administrativa en Cuba”, publicado en el último número del 2020 de la Revista Cubana de Derecho, el experto resalta la urgencia de reivindicar a la administración pública y al derecho administrativo en el país, “segmentos que han sido, durante la etapa revolucionaria, de los menos definidos y articulados”, apunta.

Según el especialista en derecho administrativo, es preciso garantizar una gestión pública “eficiente y atemperada a las nuevas tecnologías. Por tanto, funcionarios públicos preparados en ese sentido son cada vez más necesarios”.

Monzón advierte que la carrera administrativa, “despojada del mito de la burocracia patológicamente corrupta e ineficaz, opera como garantía de transparencia, de democracia y límite a la injerencia desproporcionada de la política sobre los predios de la administración pública”.

Asimismo aclara que, “por su razón de existencia y su esencia técnica, esa disciplina de estudio no ha de ser un mero instrumento de la política y, consecuentemente, debe conservar determinada independencia funcional”.

A juicio del profesor, la implementación adecuada de la administración pública y de su carrera afín, como parte de su arsenal técnico, pueden contribuir “a una mejor organización del factor humano que ejerce las funciones del Estado, en especial la función administrativa”.

Contexto actual de la función pública cubana

En su análisis de la realidad de la administración pública en la nación caribeña, el jurista señala “graves problemáticas, que parten desde insuficiencias técnicas hasta manifestaciones de distorsión de la deontología más contemporánea de la administración pública”.

De acuerdo con el académico, “la consecuencia más inmediata, en el orden práctico, ha sido la disfuncionalidad del régimen funcionarial cubano, caracterizado por el aumento progresivo del nivel de politización del sistema de función pública y amplios márgenes de discrecionalidad en el acceso a los cargos administrativos y la progresión dentro del sistema”.

Monzón menciona ejemplos de “las insuficiencias que caracterizan el panorama actual del régimen jurídico de los medios personales al servicio de la administración pública”, con “un impacto negativo en su propia dinámica funcional”.

En tal sentido, apunta “el detrimento de la dimensión técnica de la administración pública, su perspectiva autoritaria y poco garantista en el contexto de la relación de empleo público, el insuficiente control jurídico del ejercicio de potestades administrativas”.

Suma otros aspectos como “el resquebrajamiento de la ética funcionarial, el desinterés profesional, el descrédito del funcionamiento administrativo, el deficiente sistema de control y responsabilidad”.

De igual manera, subraya “la necesidad de un sistema de gestión pública de bases más participativas e inclusivas, que coadyuven a un funcionamiento democrático y eficaz de la administración pública, como vía de expresión y materialización de los nuevos postulados constitucionales”.

Relaciones jurídicas confusas

Cuestiones como la ausencia del derecho administrativo en las bases teóricas que sustentan el régimen jurídico de la función pública en Cuba, el desequilibrio legal entre la administración pública y el personal funcionarial son alertadas por Monzón en su texto.

Recomienda tener en cuenta que “un núcleo importante del difuso régimen jurídico funcionarial patrio lo constituyen los vigentes Decretos-Leyes 196 y 197”, ambos de 1999, sobre el “Sistema de trabajo con los cuadros del Estado y del Gobierno” y “Sobre las relaciones laborales del personal designado para ocupar cargos de dirigente y de funcionarios”, respectivamente.

En su opinión, el texto constitucional cubano refrendado en 2019 “en materia de función pública no ofrece una proyección diferente a la de su predecesor de 1976”. En tal sentido, destaca “la ausencia de bases precisas y sólidas para la función pública en general y, consecuentemente, también para la carrera administrativa”.

No obstante, como “el nuevo marco constitucional establece límites importantes al ejercicio del poder, especialmente por el coto temporal que dispone al mandato presidencial”, Monzón insiste en que “los funcionarios públicos insertos en el sistema de carrera no puedan ser separados arbitrariamente de sus puestos en cada renovación política ni como represalia por la toma de decisiones”.

Para el jurista “es permisible validar una perspectiva a corto y largo plazo para la carrera administrativa en Cuba, necesaria para la sociedad, útil para la organización administrativa, ventajosa para el desenvolvimiento eficaz y eficiente de la administración pública, y posible constitucionalmente”. (2021)