En Cuba, las biopolíticas hacia las personas con sexualidades y géneros no heteronormativos han sido refrendadas en un conjunto de leyes y herramientas administrativas aprobadas en los últimos años, que reconocen  y protegen los derechos humanos y permiten la construcción de una nación habitable, equitativa y con respeto a la dignidad de todas las personas. Sin embargo, quedan cambios pendientes en 2026.

La biopolítica, según la bioética de intervención, es la forma en que los gobiernos, sus instituciones y las políticas organizan, regulan y valoran la vida humana y no humana, que en el caso de las logradas por la ciudadanía LGBTIQ+ cubana se ha avanzado enormemente pero prevalece un núcleo duro de discriminación. De dicho enfoque emana la obligación ética de intervenir y modificar las estructuras institucionales y sociales a las cuales tributan las políticas destinadas a mejorar la vida de las personas.

A día de hoy, solamente se reconoce la existencia de dos sexos y dos géneros, a pesar de que los parentescos y las uniones eróticas homoafectivas y poliamorosas (no heterosexuales y no monogámicas, respectivamente) erosionaron el poder universal del patriarcado y el matrimonio tradicional.

Los Lineamientos del Partido Comunista de Cuba (2011 y 2021), la Constitución de la República (2019), el Código de las Familias (2022), el Código Penal (2022), la Ley de Salud Pública (2026), la Ley de Registro Civil (2026) y el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes (2026), conforman un entramado jurídico‑político que reconoce y regula la vida y los derechos humanos de las personas con sexualidades y géneros no heteronormativos en múltiples planos: la igualdad formal, la protección penal contra la discriminación y las violencias, el reconocimiento de familias diversas, el matrimonio igualitario, la adopción, los derechos reproductivos, la atención de salud para las personas trans e intersexuales, además de los marcos administrativos para la identidad y la filiación.

Este modelo biopolítico también ofrece herramientas para identificar de forma crítica las iniquidades que persisten en su contenido, las brechas no cubiertas, las injusticias y las políticas específicas pendientes que sean congruentes con un cuerpo legislativo tan avanzado.

Otro aporte de dicho enfoque es que permite verificar cómo las políticas aprobadas y la producción de nuevos saberes y de evidencias científicas sobre las sexualidades y los géneros en Cuba no escapan de los marcos coloniales que perpetúan la medicalización, la patologización y la reproducción de las discriminaciones, ancladas a una cultura y un tejido social que sigue siendo patriarcal, homofóbico, misógino, lesbofóbico y transfóbico.

 

Identidades trans y cuerpos intersexuales: entre la norma patologizante y los vacíos jurídicos

El derecho, la medicina, la pedagogía, la psicología, la demografía y las ciencias de la comunicación tienen un problema no superado con los binarismos de sexo/género. No son las únicas, pues otras ciencias tributan a las políticas y también discursan desde ese paradigma de la diferencia biológica entre los sexos para producir saberes y normas que afectan la vida de las personas.

En todo el espectro legislativo, que incluye a la Constitución de la República y las resoluciones y normas específicas, se asume únicamente el binario macho/hembra y masculino/femenino. Los cuerpos e identidades que no se ajusten a ese binario llevan etiquetas que siguen apelando a la anomalía y la singularidad. Aunque en la Ley de Registro Civil se reconocen algunos de los derechos de las personas trans en intersexuales, en la letra y espíritu del resto de los instrumentos jurídicos son cuerpos y sexualidades ausentes y se asume su protección al reconocimiento de la igualdad y la no discriminación por sexo, género e identidad de género.

La categoría sexo sigue siendo un elemento registral primario y se mantiene el enfoque positivista y esencialista de que puede ser modificado si la identidad de género de la persona no es coincidente con el sexo asignado al nacer. En Cuba no contamos con una Ley de Identidad de Género porque no se la considera por el derecho como categoría central en el desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, tampoco se reconoce a las personas con géneros no binarios o fluidos, o aquellas que se encuentran en procesos de transición de género durante años. De hecho, la identidad se define de formas diferentes en la psicología, el derecho y la sociología.

En Cuba, los discursos de las ciencias enfatizan mucho más en el significado de la identidad nacional, cuando ni siquiera una definición de algo tan heterogéneo como la cubanidad puede escapar del enfoque de género. El proyecto de nación cubana ha sido narrado y registrado como un proceso predominantemente masculino y aún tiene una deuda con el legado simbólico de lo que no ha sido masculino, patriarcal ni heterosexual.

A su vez, en el ámbito de los estudios sobre sexualidades y géneros y en el activismo por los derechos de las personas con sexualidades no heteronormativas, predominan los enfoques constructivistas y binarios basados en la diferencia sexual.

El acrónimo LGBTIQ+ reconoce la existencia diferenciada de múltiples identidades sexuales y de género, pero también facilita la estratificación en poder y el control heteronormativos. Los aportes teóricos sobre performance de género, fluidez de género, deconstrucción de género, el sexo como construcción cultural, son asuntos poco abordados y colisionan contra la pared normativa que impone el Estado y sus instituciones (incluye a las científicas).

Aunque según la ley vigente, las personas trans e intersexuales pueden cambiar su sexo en los documentos de registro de identidad sin requerir procesos judiciales ni cirugías genitales de afirmación de género, se requiere de una valoración documental por parte de especialistas biomédicos que aseguren la identidad de género vivenciada por cada persona. Se asume, dada la implementación de los protocolos y la desactualizada Resolución 126 del 2008 del Ministerio de Salud Pública, que el documento con peso legal lo emite un experto en salud mental. Dicho proceso es patologizante y tiene un impacto potencialmente negativo en las personas trans que no sienten su identidad con síntomas en su salud mental (la etiqueta psiquiátrica “disforia de género”).

Desde que en 2010 la Sociedad Cubana para el Estudio de la Sexualidad declarara la necesidad ética de despatologizar la transexualidad y el resto de las identidades trans, se ha hecho muy poco por actualizar los protocolos de atención de salud y la resolución vigente mantiene a las identidades trans como trastornos de la identidad de género. A la falta de transparencia sobre dichas biopolíticas, se suman la centralización de los servicios de salud, la pobre accesibilidad y disponibilidad, en un sistema que enfrenta una de las peores crisis en cuanto a justicia distributiva de los recursos para la atención integral de este grupo humano. Sobre la integralidad, más allá de la salud, las estadísticas más recientes siguen siendo escasas, pero dan cuenta de la violación de la dignidad humana de estas personas.

El panorama actual es más grave aún al no existir una política integral para la atención de las infancias trans. La niñez y la adolescencia son los momentos más lábiles en cuanto a la percepción corporal y la construcción de la identidad personal y de género (como elemento central). El impacto para las personas con variantes de género y cuerpos intersexuales en esta etapa de la vida trasciende el plano íntimo y familiar.

En Cuba no contamos con una Ley de Identidad de Género porque no se la considera por el derecho como categoría central en el desarrollo de la personalidad.”

Si bien el marco legislativo protege a todas las infancias de violencias, actos degradantes, discriminaciones e intervenciones médicas innecesarias, el principio de autonomía progresiva del menor debe respaldarse con biopolíticas de protección específicas donde sean verdaderos sujetos de derechos. La atención centrada solamente en la adultez a las personas trans constituye un paliativo insuficiente para el sufrimiento y las discriminaciones que enfrentan las personas con identidades de género diferente a las asignadas durante su infancia y adolescencia. En el caso de las personas intersexuales, aún queda pendiente la implementación biopolítica de lo acordado en el I Consenso Cubano sobre Intersexualidad (2024).

 

Nudos en la educación sexual integral

La pedagogía, junto a la medicina y el derecho, es uno de los poderes más importantes sobre la vida humana. Esta política es, sin dudas, la más sensible y difícil de implementar. Un primer nudo es que la educación sexual integral no es un asunto exclusivo del Ministerio de Educación. Aunque en las siguientes líneas se hará mención a este ministerio y su programa en este campo, el primer nudo es que debe participar la sociedad toda. Cuba puede hacerlo, tal y como fue capaz de alfabetizar a cientos de miles de personas en 1961.

El segundo nudo es estructural: el modelo educativo escolar en Cuba tiene el lastre de ser positivista en todos sus niveles de enseñanza. También es bancario, caracterizado por la aplicación de un programa y una metodología controlada, con pobre libertad académica y de desarrollo en el pensamiento crítico, donde se premia la nota y no el conocimiento, por lo que el educando hace lo que el educador orienta.

A pesar de que la educación popular participativa, basada en las necesidades específicas de los educandos y con enfoque liberador, ha tomado auge desde su introducción en la pasada década de los ochenta, se usa poco, sobre todo en la educación sexual integral.

El tercer nudo es el conservadurismo, tanto religioso como secular, que se opone a la enseñanza de una educación sexual orientada al respeto, la equidad, la igualdad y la no discriminación por sexo, orientación sexual, género e identidad de género. Consideran que la educación sexual es “adoctrinamiento” y que debe ser ejercida en el ámbito privado de la familia de acuerdo a los valores que cada una defiende. En el caso de los grupos cristianos, la oposición ha sido frontal y con estrategias de presión hacia el Estado. Tanto la Iglesia Católica como la mayoría de las denominaciones protestantes consideran que el mencionado programa es “ideología de género” y defienden la diferencia de sexo biológico (que fue de un solo sexo hasta el siglo XVIII) de la persona y el respeto a su dignidad.

Todo ello conllevó a que se pospusiera la implementación de la Resolución 16/2021 Programa de Educación de la Sexualidad con Enfoque de Género y de Derechos Sexuales, que daba continuidad a la Resolución No. 139, emitida por el Ministerio de Educación en 2011 para su aplicación en el currículo escolar de las educaciones Preescolar, Primaria, Especial, Secundaria Básica, Preuniversitario, Técnica y Profesional, Adultos y Formación y Superación del Personal Pedagógico del Ministerio de Educación.

Las declaraciones de una funcionaria del Departamento de Salud de la cartera educativa sobre el aplazamiento se centraron en las limitaciones económicas y la situación epidemiológica que atravesaba el país, pero solamente la resistencia conservadora al cambio explica que no se haya actualizado tampoco, por más de cincuenta años, el Programa Nacional de Educación Sexual (1972) a cargo del entonces Grupo de Trabajo en Educación Sexual (ahora Centro Nacional de Educación Sexual, Cenesex).

El alcance  de la Resolución 16 del 2021 (actualizada en el 2022, pero aún sin implementarse en la actualidad) es mucho más amplio, pero seguirá siendo limitado si no sobrepasa el sistema educativo y se convoca a participar activamente en su implementación. Son, precisamente, los momentos de crisis económica y social los que ponen en riesgo los derechos sexuales como derechos humanos.

En opinión de este autor, la promulgación de una Ley de Educación Sexual sería una herramienta vinculante (de ejecución obligatoria) y blindaría este derecho humano ante el avance nacional y transnacional de los conservadurismos religiosos y seculares.

 

Cuerpos intersexuales y personas trans en el deporte: “demasiada testosterona” y juego limpio

En Cuba ni siquiera ha comenzado un debate público sobre la homolesbotransfobia en el deporte. Sin embargo, en 2024 en redes sociales se produjeron algunos intercambios sobre personas trans e intersexuales en este ámbito.

El hecho en sí se hizo público por el acoso mediático sufrido por la boxeadora argelina Imane Khelif, mujer cisgénero (no trans) intersexual, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París. En este caso en particular —que tiene precedentes—, Khelif tenía altos niveles de testosterona por los que fue vetada en competencias previas pero cumplía con los estándares establecidos por el Comité Olímpico Internacional para los Juegos Olímpicos.

En octubre de ese mismo año, el Instituto de Medicina Deportiva en Cuba solicitó al Cenesex la inclusión de un taller en su maestría de medicina deportiva sobre los aspectos bioéticos, jurídicos y de derechos humanos de las personas trans e intersexuales en el deporte. Durante la sesión se identificaron algunos desafíos que constituyen un punto de partida para trabajar en este campo:

• desconocimiento sobre sexualidades y géneros con enfoque de derechos sexuales como derechos humanos,
• deficiente formación ética en este campo de los profesionales de la medicina del deporte y del resto de las especialidades deportivas en general,
• falta de consenso internacional sobre los valores de testosterona como única medida para un juego limpio, lo cual implica la persistencia de un enfoque patriarcal y excluyente en este campo,
• ausencia de políticas específicas en Cuba sobre las personas trans e intersexuales en el deporte, la educación física y la recreación,
• silencio sobre homolesbotransfobia en el ámbito deportivo cubano.

Si en Cuba el deporte y la recreación, como parte de las políticas de la vida, son un derecho humano reconocido por el Estado, se impone una intervención educativa, de modificación estructural y de las políticas, además del monitoreo del sistema deportivo cubano en referencia a las personas con sexualidades y géneros no heteronormativos, particularmente en las personas trans e intersexuales, que son más vulnerables y sujetas a discriminaciones, acoso y exclusión. Tal y como dice una cita atribuida a George Dei, pedagogo ghanés-canadiense del Ontario Institute for Studies in Education de la Universidad de Toronto: “La inclusión no consiste en llevar a las personas a los espacios que ya existen; se trata de construir un nuevo espacio, un mejor espacio para todas las personas”.

 

Biopolíticas en espacios laborales seguros y equitativos

El Código de Trabajo vigente (2013) fue la primera ley en la que el Estado cubano incluyó a la orientación sexual como causal de discriminación, pero resultó incompleta por no contemplar a la identidad de género. También es letra muerta porque no se implementaron reglamentos ni estructuras institucionales de monitoreo de las discriminaciones en estos espacios.

Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales Cuando hablamos de personas o comunidades LGBTIQ+ nos referimos a lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, intersex y queer. El signo + al final de la sigla busca incluir otras identidades, orientaciones y formas de vivir, reconociendo la gran diversidad humana. IPS Cuba facilita el acceso a un glosario elaborado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México con el objetivo de proporcionar herramientas conceptuales básicas en torno a la orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales.

El actual Anteproyecto de Ley Código de Trabajo es coherente con la legislación vigente, pero correrá la misma suerte si no se crean las condiciones para que existan espacios laborales seguros, libres de acoso, violencias, y discriminación por orientación sexual e identidad de género. Las personas trabajadoras y el sindicato —que debiera representarlos— deben ser parte activa del proceso de reconocimiento de las discriminaciones y las violencias simbólicas y explícitas en los espacios donde transcurre la mayor parte de la vida humana en edad laboral.

 

A modo de cierre

Ningún derecho humano conquistado por las personas con sexualidades y géneros no heteronormativos debe darse por sentado. Lo mucho y valioso que se ha logrado en Cuba después de más de veinte años de activismo e incidencia política con decisores claves no garantiza absolutamente nada para el futuro si no se produce un cambio cultural y una transformación estructural reales.

Los peligros que enfrentamos como nación pueden convertir todo este entramado legal en letra muerta. Además, existen biopolíticas pendientes que requieren con urgencia la intervención del Estado y la sociedad civil: el movimiento LGBTIQ+ (desarticulado), los derechos sexuales en personas privadas de libertad, el envejecimiento en este grupo humano, los reglamentos militares, entre otros. (2026)