La Habana, 8 feb.-Temas como derecho internacional y contratación, el proceso de actualización del ordenamiento jurídico del país, las normativas relacionadas con los nuevos actores económicos y el logro de una mayor cultura jurídica centraron los debates del IV Congreso Internacional Juriscuba.

“El derecho como ciencia social requiere de una comprensión precisa e inteligente de nuestra realidad. De lo contrario, se corre el riesgo de romper con la estabilidad que genera el ordenamiento jurídico”, resaltó Oscar Manuel Silvera, ministro de Justicia de Cuba, en su discurso de apertura del congreso, celebrado del 5 al 7 de febrero en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Asimismo destacó que desde abril de 2019 (a partir de quedar aprobada la Constitución de la República) hasta diciembre de 2024 se aprobaron alrededor de 50 leyes y 116 decretos leyes “que impactan en todos los ámbitos de la vida en Cuba”, incluida la reforma procesal y judicial del país.

“La actividad legislativa no tiene paralelos en otros momentos y solo es posible por la participación de un significativo grupo de directivos, juristas y especialistas de todas las instituciones del Estado y el gobierno», aseguró.

Durante su último periodo ordinario de sesiones en 2024, del 16 al 20 de diciembre, el parlamento aprobó las leyes del Notariado, la del Ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, y la del Presupuesto del Estado para 2025.

Según trascendió, de las 17 normas previstas para ser aprobadas ese año quedaron pendientes ocho, incluidas ahora en el cronograma legislativo de 2025, el cual abarca 13 leyes.

Ordenamiento jurídico

“Los servicios jurídicos que se prestan avanzan de manera sostenida, en alianza con empresas de tecnología de la información, fortaleciendo la transformación digital de los procesos”, sostuvo Silvera ante 350 participantes de Cuba y 41 de países como Namibia, España, Alemania, China, Rusia, Italia, México, Venezuela y República Dominicana.

El ministro también se refirió al uso de aplicaciones informáticas en fases avanzadas de desarrollo para apoyar la gestión de recursos humanos y el funcionamiento de los sistemas de control estadístico. Además indicó que se introducen herramientas de inteligencia artificial “que optimizan la agilidad y calidad de los servicios”.

Durante un diálogo con Alfredo José Ruiz, Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, invitado a JurisCuba, el ministro Silvera comentó que por las características del diseño institucional de la nación caribeña “no existe una Defensoría del Pueblo, pero a partir de importantes transformaciones legislativas este tema ha sido prioritario en el congreso”.

En tal sentido aseguró que el ordenamiento jurídico en Cuba, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de 2019, tiene como objetivo perfeccionar y actualizar el marco legal “acorde a las necesidades de desarrollo del país”.

Advirtió que a “la dinámica legislativa se une de forma impostergable la necesidad de lograr el cumplimiento de las normas jurídicas aprobadas. Es ese un objetivo que debemos cumplir todos, instituciones, actores económicos y las personas”.

Derecho y economía

Alejandro Redondo, al frente de la Comisión Asesoramiento Jurídico y Legislación, señaló la necesidad de estudiar a los actores económicos no estatales y ofrecer nuevas propuestas para perfeccionar su participación en la economía cubana.

“Debemos lograr una profundidad científica a través del intercambio de ideas para identificar las buenas prácticas”, consideró.

Por su parte, la abogada Isabel de la Peña, compartió detalles sobre la contratación internacional de las mipymes privadas.

“Representan un excelente medio para el impulso de la economía nacional, por su aporte al tráfico mercantil y ser un potencial creador de empleo. Estas nuevas formas de gestión no estatal se alzan como un importante sector de la economía para la distribución y producción de bienes y servicios”, opinó.

Entre otros temas, las sesiones del congreso se dedicaron al derecho registral, el asesoramiento jurídico, la creación normativa, el derecho notarial, la defensoría y la gestión de despacho de abogados, la superación profesional, la igualdad de género, el derecho de asociación y la asistencia legal. (2025)