La Habana, 19 feb.- Autoridades y voces ciudadanas coinciden en la necesidad de continuar las acciones realizadas durante el Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.

Fuentes de la Fiscalía General de la República y del Departamento Técnico de Investigaciones, del Ministerio del Interior, señalan que del total de delitos ocurridos en el país en los últimos años, el 81 % se clasifica como patrimoniales, el 10 % se relaciona con la corrupción en sectores de la economía y el 9 % con la violencia.

De acuerdo con el presidente Miguel Díaz-Canel, el ejercicio nacional desarrollado del 2 al 7 de diciembre de 2024 se orientó principalmente a enfrentar manifestaciones de corrupción, actitudes antisociales, evasión fiscal, así como precios abusivos y especulativos.

Respecto a los resultados de esa iniciativa gubernamental, el portal Cubasí informó que la Fiscalía “logró avanzar en la tramitación de expedientes penales para su entrega a los Tribunales”.

La fuente también confirmó la aplicación de “más de 300 medidas cautelares contra presuntos comisores de delitos asociados a la droga, la corrupción y de carácter energético, como el de sustracción de aceite a transformadores eléctricos”.

Modalidades de delitos

Según la coronel Deniset González, de la Policía Nacional Revolucionaria, tras incautar cannabinoides sintéticos, dinero y bienes relacionados con la venta de drogas, prosiguen las investigaciones “para identificar modus operandi y cortar aquellas cadenas de suministros que puedan seguir afectando” a la sociedad cubana.

En su intervención en el programa televisivo Mesa Redonda, emitido el 7 de diciembre de 2024, González destacó que junto a las acciones en las comunidades es necesario priorizar el enfrentamiento y la prevención de la venta y consumo de drogas en los centros escolares.

También señaló que el ejercicio permitió reforzar el control sobre las actividades de tenentes de tierra y de masa ganadera, además de dar inicio a los procesos penales contra más de 100 personas involucradas con el hurto y la receptación de ganado mayor en Cuba.

Habría que estudiar cómo, cuánto y por qué la ilegalidad se ha extendido y echado raíces en nuestras vidas”.
Daniel Hernández, músico residente en La Habana.

Por el delito de violación de precios fueron procesadas judicialmente 50 personas, entre trabajadores y propietarios de entidades privadas, “otros 15 fueron advertidos y más de 900 fueron multados”, apuntó González.

En el mismo espacio televisivo, el vicefiscal general de la República de Cuba, Marcos Caraballo, comentó que durante el ejercicio nacional “se impusieron más de 300 medidas cautelares, de las cuales el 83 % correspondió a prisión provisional por delitos que son prioritarios en la cotidianidad, como el enfrentamiento a la droga y la corrupción”.

Respecto a esto último comentó que se detectaron cadenas delictivas que incluyen a “directivos, funcionarios, trabajadores y otros que se pusieron de acuerdo para apropiarse de los bienes, recursos financieros y materiales necesarios para el desarrollo del país”.

Al analizar los delitos que afectan el sistema eléctrico nacional aclara el vicefiscal: “el delito de sabotaje no es cometido solamente por quienes tienen la intención directa de provocar daño en el equipo, sino también por quienes actúan a sabiendas de los resultados que pueden producirse”.

Más allá del ejercicio

Una nota publicada por el diario Granma, el pasado lunes 17, informó que representantes de la Fiscalía General de la República y de la Unión Eléctrica visitan varias provincias para dialogar con colectivos laborales acerca de la situación de cada territorio y las medidas para sancionar cualquier delito que afecte el sector energético.

El periódico oficial citó declaraciones de la fiscal jefa de la suroriental provincia de Ciego de Ávila, María Victoria Sifonte, acerca de las acusaciones imputadas a 32 personas por su participación en hechos que dañaron la generación local de electricidad durante 2024 y lo que va de 2025.

En sus declaraciones, Sifonte mencionó averías en 139 transformadores de los cuales se sustrajeron 18 337 litros de aceite dieléctrico. “De esta situación, con independencia del daño económico por 959 958 pesos, lo más grave son los perjuicios causados a pobladores de comunidades y polos productivos, que dejan de recibir energía durante largos periodos”, consideró la fiscal.

Por otra parte, informó  sobre el empleo de vehículos estatales para el robo de diésel en los emplazamientos de los grupos electrógenos de Cayo Coco y Cayo Guillermo, que proveen electricidad al polo turístico de Jardines del Rey.

A juicio de Daniel Hernández, músico de 47 años de edad, residente en La Habana, “habría que estudiar cómo, cuánto y por qué la ilegalidad se ha extendido y echado raíces en nuestras vidas”.

Advierte Hernández: “lo más grave es que, en determinados ámbitos, es socialmente aceptada o al menos tolerada, y a la vista pública se quebrantan normas e ignoran disposiciones”. (2025)