En junio, el unicameral parlamento cubano aprobó un paquete de 176 reformas económicas y sociales, algunas de corte abiertamente liberal, que facilitaría mucho mayor acceso al capital privado nacional o al extranjero.
Para acompañar a las víctimas en el proceso, en noviembre de 2025, se inauguró en Cuba la Oficina Especializada para la Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, una iniciativa de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que ya tiene 40 sedes a lo largo de la isla.
El gobierno busca incentivar la producción interna, reducir el control estatal de la distribución alimentaria y, a la vez, involucrar al sector privado en el proceso.
Cuba precisa unos 100 000 barriles diarios de petróleo para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40 000 los aporta su producción nacional.
La norma profundiza en los derechos patrimoniales, al derogar oficialmente la confiscación de viviendas a los migrantes cubanos que salieron de forma definitiva del país, mientras facilita las herencias a personas en el extranjero.
Las hoy más de 15 600 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas aprobadas pueden administrar o adquirir recursos estatales, e invertir en rubros históricamente monopolizados por el Estado del país caribeño.
Gibara es una urbe de unos 70 000 habitantes que, aparte de la pesca, ha vivido en gran medida del turismo, incluso antes de la llegada del Festival de Cine Pobre, que revitalizó ese rubro en la ciudad.
