Pocas semanas antes de concluir 2025, el gobierno cubano comenzó a mover fichas de la economía de manera notoria. La celeridad de los movimientos recuerda una final frenética de ajedrez, cuando el tiempo se les está agotando a los jugadores y quedan pocas piezas sobre el tablero. El símil dice algo más: el juego aún no ha terminado.

La velocidad de los anuncios no dejó mucho tiempo para digerir socialmente las novedades e influyó incluso en que alguna pasara casi inadvertida o sin repercusión social. Así ocurrió con la primera movida probable en esta carrera, presentada en el diario Granma el 23 de noviembre: el Consejo de Ministros aprobó la gestión del comercio mayorista por empresas privadas y cooperativas, junto a otras medidas.

Este paso anuló la Resolución 56 del Ministerio de Comercio Interior publicada un año antes, pero pospuesta sucesivamente a lo largo del 2025 bajo un mar de críticas. La amenaza de cerrar el comercio mayorista como actividad de empresas privadas había concitado un rechazo que el gobierno tuvo en cuenta finalmente.

El Mincin promete ordenar ahora de manera coherente y flexible el comercio mayorista como opción también de formas no estatales. No solo es un recurso para oxigenar el deprimido comercio interno, sino también para viabilizar encadenamientos económicos entre las formas de gestión que actúan ya en la economía cubana. La nueva regulación contempla la oferta de este suministro de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) a las empresas e instituciones presupuestadas estatales.

Reacción ante la crisis

Cuatro días después, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, tomó la Feria Internacional de La Habana como escenario para anunciar medidas destinadas a dinamizar las inversiones extranjeras en Cuba. Proponen nuevas oportunidades para allanar la entrada de capital extranjero y hasta de bancos foráneos para gestión de cuentas de actores cubanos de la economía.

Una cadena de decretos y resoluciones de otras instituciones gubernamentales dio continuidad acelerada a las primeras movidas. Aunque con objetivos bien definidos cada norma, todas apuntan desde perspectivas diferentes hacia la dolarización parcial o hacia algún otro ajuste que comenzó a tomar cuerpo previamente.

En diciembre, el gobierno dio señales de disposición para romper el clima de morosidad que dominó su actuación en la economía antes, en lo que pudiera interpretarse como la reacción largamente esperada frente a la crisis, o al menos las primeras muestras de esa reacción. La demora para implementar transformaciones en el modelo económico ha sido un hecho, a pesar de contar muchos proyectos con consenso político y social y estar acuñados programa tras programa, año tras año.

Sea por cautela extrema para cambiar políticas y estructuras o por la clásica resistencia de la burocracia, la lentitud hizo mella en la gestión del gobierno en 2025, una vez más. El año había transcurrido con pocas movidas públicas relevantes en materia económica, a la espera de un Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, que el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz había presentado al Parlamento en diciembre de 2024.

En julio siguiente, Marrero manifestó en el Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) su “más profunda insatisfacción” con los resultados de este Programa en el primer semestre. Pese a la autocrítica, la publicación de dicho plan y su debate social todavía demoraron tres meses más. Las medidas comenzaron a emerger de manera clara casi un año después de su presentación a los diputados.

Por la complejidad que entraña la gestión legislativa, es lógico que tome tiempo la emisión de leyes para estas transformaciones, pero cierto es también que el nuevo programa apenas reacomoda objetivos de vieja data, del proyecto de Estabilización Macroeconómica de 2023 y de los Lineamientos de la Política Económica y Social de 2017, entre otros tantos.

La demora ha tenido también otros costos. La lentitud para implementar cambios políticos y del modelo económico comunica pasividad o indecisión política del gobierno para actuar. Es la percepción de los economistas Julio Carranza y Luis Gutiérrez Urdaneta, entre otros, que califican de “insuficiente y errático” el  avance de la reforma integral, imprescindible para superar la actual situación.

Primeras medidas

Los pasos emprendidos en diciembre buscan, de acuerdo con declaraciones oficiales, oxigenar los ingresos de divisas, fomentar las inversiones extranjeras, destrabar oportunidades de negocios para los actores privados y estatales y enlazarlos mejor, avanzar en la descentralización empresarial y hacia los municipios y empezar a reordenar el fragmentado mercado cambiario y monetario.

Entre las medidas aprobadas o anunciadas se encuentran:

23 de noviembre: acuerdos del Consejo de Ministros para permitir y flexibilizar la gestión del comercio mayorista por actores privados y cooperativas.

27 de noviembre: anuncio de medidas para destrabar trámites burocráticos y ampliar las inversiones extranjeras, eliminar restricciones para la comercialización mayorista por empresas extranjeras con actores económicos del país, abrir nuevas zonas especiales de desarrollo, entre otras anunciadas por el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, en la Feria Internacional de La Habana.

11 de diciembre: Decreto ley 113 reordena las transacciones en divisas en la economía nacional, a fin de legalizar y flexibilizar la asignación, la gestión y el acceso a divisas para actividades cubanas y extranjeras vinculadas con la exportación, sus encadenamientos productivos y la sustitución de importaciones, mediante la compra-venta de las mismas en el mercado cambiario. A la par, autoriza a las inversiones extranjeras a realizar “sus cobros y pagos con el exterior en divisas y a lo interno de la economía en divisas y moneda nacional, en la proporción que les permita respaldar sus gastos en divisas”.

11 de diciembre: decreto ley para legalizar las asociaciones entre entidades empresariales estatales y privadas, aprobado por el Consejo de Estado, pero aún sin publicar.

11 de diciembre: Decreto 125 del Banco Central de Cuba (BCC) para regular la apertura de cuentas bancarias en divisas tanto para formas estatales como privadas.

18 de diciembre: nueva tasa flotante de cambio del peso cubano, implementada mediante la Resolución 127 del BCC. El sistema cambiario incorpora así tres segmentos, ajustados los dos primeros por tasas fijas de 1 USD x 24 CUP y 1 USD x 120 CUP, y el tercero por la tasa que varía según la realidad del mercado.

18 de diciembre: el BCC crea mediante la Resolución 128 un mercado cambiario para la compra y la venta de divisas por personas naturales y jurídicas. Días después CADECA y otros bancos abren oficinas con ese propósito y el BCC habilita vías bancarias para que los actores no estatales de la economía accedan a divisas.

20 de diciembre: Decreto 138, para descentralizar la organización y gestión del sistema salarial en las empresas, junto con decretos respectivos de los ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Finanzas y Precios para regular esta actividad.

29 de diciembre: Decreto ley 140 para descentralizar gradualmente las competencias y la transferencia de recursos hacia los territorios, a fin de ampliar la autonomía municipal.

Objetivos ambiciosos

Las medidas en marcha apuntan en cuatro direcciones fundamentales, por el momento:   sostén a la dolarización parcial, facilidades a la inversión extranjera, nuevo mercado cambiario y mayor descentralización.

Desde diversas perspectivas, cada uno de estos pasos aporta cuerpo legal a esta dolarización a la que ha vuelto el gobierno ante el evidente revés del Ordenamiento Monetario.

Bajo promesa de solución temporal, ha puesto parte del comercio interno bajo la

sombrilla del dólar y abrió la oportunidad de cuentas en divisas en la banca cubana, a fin de reanimar el comercio y los ingresos en moneda dura, frenar la inflación, reflotar la gestión bancaria y reordenar el sistema cambiario y monetario.

Las medidas apuntan también a ordenar mejor la articulación de las múltiples formas empresariales que actúan en la economía cubana: privadas, estatales, cooperativas y extranjeras, entre otras. Se suman, además, a las operaciones para construir un modelo de gestión descentralizada a favor de los municipios y de las empresas estatales y colocan como objetivo priorizado desbrozar vías de acceso al capital extranjero.

Pero quizás la maniobra más osada y compleja sea el intento de crear un mercado cambiario, o de recolocar la banca en un mercado que había cedido a agentes sin aval legal. En el consenso de expertos y de las propias autoridades, un mercado de compra y venta de divisas requiere de condiciones mínimas de estabilidad macroeconómica y capacidad operativa de la banca, incluida liquidez suficiente de moneda dura en la misma. Son justamente debilidades que el gobierno se propone enmendar o aliviar con la dolarización parcial.

Desafíos y dudas

En proceso de implementación la mayoría, estos pasos plantean desafíos, riesgos y dudas que centrarán la atención de la economía cubana y sus actores en 2026. Tres grandes conflictos del contexto pesan ahora sobre el ajedrez económico cubano:

El primer riesgo se deriva de la desmedida agresividad política y militar de Estados Unidos en la región y hacia Venezuela y La Habana en particular, que agrava las presiones del bloqueo económico. Las modificaciones bruscas y poco transparentes del cuadro geopolítico global y en América Latina exigen del gobierno cubano mayor capacidad de maniobra diplomática y política internacional para reordenar alianzas, recuperar suministradores de petróleo y de otros recursos, y encontrar el capital que le urge. Sin esos nexos, las medidas en marcha tendrían poco éxito.

El segundo riesgo lo generan, como en una suerte de círculo vicioso, los propios conflictos que el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía intenta resolver:

las debilidades profundas de la economía para reaccionar y recuperar espacios. El

endeudamiento externo, por ejemplo, se une al bloqueo como obstáculo para encontrar nuevas fuentes de capital y pone en situación precaria cualquier corrección del sistema monetario y cambiario;

las distorsiones y fracturas del modelo económico. A los desequilibrios macroeconómicos se suma la multiplicidad de monedas y tasas de cambio, que genera una parcelación e incomunicación nocivas entre empresas y en las relaciones comerciales y financieras, en general;

el desgaste social que se deriva de la inflación, el deterioro del consumo y la debilidad del sistema salarial y laboral, entre otros viejos problemas.

El tercer riesgo lo determinará la profundidad real que logre concretar el gobierno con estos primeros pasos, que ha incorporado por el momento con alcance parcial o con

declarada discrecionalidad administrativa. Las medidas requerirán de otras transformaciones más profundas y audaces para renovar de manera integral y efectiva el modelo económico cubano y evitar que la colección de decretos y programas recientes se convierta en letra muerta una vez más. (2026)