Con la legalización de las empresas privadas el gobierno cubano redondea el reparto final de actores en la economía nacional y da continuidad, en un momento dramático, a una reforma empresarial que apuesta por la pluralidad de voces. A la par del decreto-ley que da entrada a las compañías privadas bajo el formato de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), el Consejo de Estado aprobó siete normas para rehacer la partitura de otras formas no estatales: las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia.

La noticia, muy esperada desde que el gobierno la anticipó en la Estrategia económica adoptada a mediados del 2020, fue aprobada por el Consejo de Ministros en mayo de este año. El decreto-ley llegó finalmente el 6 de agosto, con la aclaración de que acogerá por igual a formas estatales, privadas y mixtas, en una coyuntura doblemente tensa por la crisis de la pandemia, las sanciones estadounidenses contra Cuba y los disturbios sociales del pasado 11 de julio.

En buena ley, este paso otorgará personalidad jurídica y mayor visibilidad pública a empresas privadas –restaurantes, pequeños hoteles, constructores, mini-industrias alimentarias, informáticos, transportistas y otros servicios- que ya operaban en la economía cubana desde hace años, pero con propietarios registrados como trabajadores por cuenta propia.

Las autoridades adoptaron el número de personas ocupadas, incluidos los socios, como indicador en la escala empresarial: micro empresa –de 1 a 10 personas ocupadas–, pequeña empresa –de 11 a 35– y mediana empresa –de 36 a 100.

Aunque las formas empresariales privadas han constituido uno de los ejes de polémica y debate político tradicional en el socialismo cubano, eran aceptadas desde hace años por los líderes y principales programas de la reforma económica del país. Incluso, leyes principales como la Ley Tributaria y el Código de Trabajo reconocían de facto y de derecho la existencia de contratistas privados.

La demora del estreno legal privado puede responder a la lentitud cubana para implementar cambios en el modelo económico cubano, una vez acordados. A juzgar por sus críticas públicas a las trabas burocráticas y otros obstáculos, el Presidente Miguel Díaz-Canel intenta acelerar las transformaciones, desde que recibió en abril de este año las riendas principales del Partido Comunista de Cuba en su VIII Congreso.

Pero la tardanza también puede responder en este caso a la intención de articular la entrada de formas privadas con una reforma empresarial más integral y con transformaciones estructurales –ordenamiento monetario, política de precios y de salarios, y del comercio exterior, entre otras- que garanticen una interacción más equilibrada entre todas las formas empresariales, con independencia del tipo de propiedad.

Junto con el decreto-ley de las micro, pequeñas y medianas empresas, el Consejo de Estado aprobó el 6 de agosto un decreto-ley que reordena jurídicamente a las cooperativas no agropecuarias, al eliminar restricciones que tenían y el carácter experimental en que permanecieron estancadas por largos años.

Dando seguimiento a transformaciones emprendidas este año para liberalizar el trabajo por cuenta propia  en la jornada también llegaron otros decreto-leyes para actualizar las regulaciones de este sector laboral, normar las garantías de la seguridad social de los trabajadores acogidos a estas formas no estatales, modificar y ajustar la Ley Tributaria acorde con el nuevo escenario, y ordenar los registros públicos de bienes inmuebles.

Con el foco puesto en otro actor económico fundamental desde los años 60 del pasado siglo: las cooperativas agropecuarias, el Presidente del Consejo de Estado, Esteban Lazo, también firmó el decreto-ley “Sobre la Conservación, Mejoramiento y Manejo Sostenible de los Suelos y el Uso de los Fertilizantes”.

Estas novedades coinciden con transformaciones en marcha este año para fortalecer las empresas estatales, que conservan su rol como actor principal en este concierto económico, en tanto controlan las principales industrias y actividades económicas del país.

El movimiento más reciente lo hizo el gobierno el 15 de julio, al otorgar mayor autonomía a las políticas salariales de las empresas estatales, en un evidente intento por equiparar oportunidades de estas con la competencia económica en ciernes. A la par, definió reglas de propiedad y gestión para las formas estatales que se acojan a la sombrilla de las Mipymes.

Sobre el escenario quedaron finalmente los actores empresariales con que el país intentará salir de un año agónico y reordenar un juego diferente en el modelo económico del socialismo cubano.(2021)