La mujer rural en Cuba: un aporte a las políticas públicas

Las estrategias, políticas y normativas dirigidas al ámbito rural deben incorporar de manera explícita el enfoque de género.

Foto: Jorge Luis Baños_IPS

Varias investigaciones apuntan que, entre los obstáculos para el empoderamiento de la mujer rural, destaca la sobrecarga de responsabilidades domésticas y de atención a los hijos, unida a la insuficiente preparación técnica, los estereotipos sexistas, que disminuyen sus posibilidades de transitar a puestos de mayor complejidad y remuneración salarial. En particular se hace énfasis en algunas de las investigaciones sobre la necesidad de un enfoque de desarrollo rural y no solo agropecuario. Por ello, las políticas públicas deben articular mejor las variables territorio, género y juventud; para profundizar en los factores específicos que en las localidades pueden estar determinando las brechas de género y el rezago que experimentan las mujeres rurales, entre ellas las jóvenes, en su empoderamiento. 

También deben incorporar acciones que aborden la solución del conflicto entre lo público y lo privado, fenómeno que está limitando de manera significativa  la participación de las mujeres. Las entidades productivas pueden jugar un papel relevante en la promoción de nuevas modalidades de articulación entre la vida laboral y familiar, así como en el acceso al empleo y la participación igualitaria. Por otro lado, la capacitación y transformación cultural debe continuar siendo una actividad priorizada en un mundo donde está tan arraigada la cultura patriarcal.

Como se discutió en el  recién concluido VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), el sector agropecuario constituye una de las prioridades entre los objetivos, metas e indicadores de desarrollo sostenible de la estrategia nacional  hasta 2030. Ambiciosos objetivos que se plantean para Cuba en medio del proceso de actualización de su modelo económico y social, situación que constituye un reto inmenso y trascendente para la puesta en práctica de políticas públicas eficientes y eficaces que resuelvan los problemas de baja productividad,  vulnerabilidad ambiental y social que caracterizan las zonas rurales. el escenario agropecuario cubano ha cambiado sustancialmente, como resultado de un conjunto de medidas económicas iniciadas a partir de 2007. La agricultura en la nación caribeña, hoy día, absorbe 20 por ciento del empleo total, mientras que  su aporte directo al PIB

Sin duda, es menor al cinco por ciento, debido a que es donde se encuentra la más baja productividad. Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, se mantiene la  tendencia a la disminución de la producción nacional agrícola y ganadera, no obstante las potencialidades existentes en el país

En el contexto de la economía cubana, las mujeres conforman una importante reserva de productividad, en particular en el ámbito rural, pero el despliegue de todas sus potencialidades productivas no resultará efectivo si no se toman en cuenta las desigualdades de género que persisten en sus localidades y frenan su  plena participación.

Sin entrar en contradicción con esos avances, una visión articulada de territorio, género y  perspectiva rural –o sea, no solo agropecuaria–, puede mostrar ciertas brechas en esas zonas, las cuales colocan a las mujeres que allí residen en posiciones de mayor desventaja, situación que no siempre aparece reflejada en los índices promedios.

De ahí que, en el ánimo de seguir avanzando por el sendero de la equidad de género, este trabajo se propone analizar los logros en la igualdad de oportunidades en territorios rurales seleccionados, en el período comprendido entre 2002 y 2015, así como las desigualdades que aún persisten y crean situaciones de desventaja para las mujeres rurales.

 

Género y territorio

Las mujeres cubanas han recorrido un largo camino en pos de su autonomía, desarrollo humano y reconocimiento en la sociedad, dejando así patentes y relevantes logros en el campo de la igualdad entre los sexos. Sin embargo, queda aún una gran tarea pendiente para conseguir; de una parte, que su rol en la vida socioeconómica del país se sitúe a la altura de sus necesidades y capacidades  para que las actividades domésticas y de cuidado que ellas realizan sean -en la práctica- plenamente valoradas y compartidas y, de otra,  que obtengan con ello un triple beneficio: para sí mismas, para sus familias/comunidades y para la economía cubana en general.

Por varias décadas, las políticas gubernamentales en Cuba se caracterizaron por el enfoque de mujer en el desarrollo, gracias a lo cual se produjo un notable cambio en su situación socioeconómica y cultural. La inversión social realizada durante ese período permitió que el país  alcanzara una ubicación de desarrollo humano alto, en el lugar 67 entre 187 naciones, de acuerdo con informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2015, y se mantuviera en 2014 con una esperanza de vida de 79,4 años, un ingreso per cápita de 7.301 dólares y un bajo índice de desigualdad de género, con un valor de 0,356.

Sin embargo, la aproximación a las dinámicas territoriales  ha estado dominada por enfoques “llamados convencionales” y “de mujeres”, que contemplan a estas solo como productoras, lo que ha generado análisis parciales que  invisibilizan los aportes y contribuciones al territorio. Mientras que, al incorporar  en el marco de análisis las relaciones de género, se puede integrar una mayor diversidad de elementos: oportunidades de hombres y mujeres en determinados espacios, actores, instituciones y activos que interactúan en procesos socioeconómicos.

 

Cuadro I:

Enfoques de desarrollo y perspectiva de género para el análisis territorial.

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Fuente  Ajustado de Paulson, 2011. 

 

Las investigaciones sobre las mujeres rurales en Cuba, por un lado, y las de desigualdades de género en el mundo rural, por otro, no califican entre las que cuentan con un mayor número de publicaciones en el país. En la literatura relacionada con las mujeres rurales, se distinguen, en la mayoría de  los temas, los análisis realizados en la década  de los noventa y los estudios  posteriores. Las investigaciones de los noventa son más descriptivas, no han contado con fuentes estadísticas adecuadas, se apoyan en muestras muy pequeñas. A partir del año 2000, la producción ha sido más prolífica y se ha beneficiado, por una parte, de la mejoría en las fuentes de investigación, y por otra, del apoyo de diferentes organismos internacionales (PNUD, UNICEF, OXFAM, entre otras) al financiamiento de estudios de mayor alcance.

Atendiendo a las temáticas de los análisis, se observa una importante concentración de trabajos en  torno a  tres cuestiones clave: las brechas de género en el empleo, las brechas para la conciliación de la vida pública y privada, las brechas de participación de las mujeres en los cargos directivos y de decisión en las diferentes formas de propiedad en el sector agropecuario.

Por otra parte, aunque las estadísticas y las investigaciones sobre el tema se han incrementado, la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), se centra más en mayor información sobre la comparabilidad de la situación entre hombres y mujeres en esferas como la salud, la educación y el empleo, y aún se carece de estadísticas desagregadas necesarias –como las de los salarios medios de hombres y mujeres a nivel nacional–  y no se  brinda suficiente información sobre las diferencias locales en esos índices. Algunos indicadores sí se sistematizan  a nivel de provincias,  pero casi ninguno a nivel de los  municipios. La falta de información adecuada ha frenado los avances en numerosos temas de interés, ya que no permite análisis diferenciados por género o con tamaños muestrales adecuados.

De particular importancia resultó la aplicación, por primera vez en el país, de las encuestas de uso del tiempo aplicadas por la ONEI en 2002[1]. Ese estudio demuestra como la carga del trabajo no remunerado recae, mayoritariamente, en las mujeres, tanto de las zonas urbanas como de las rurales, generando fuertes tensiones y provocando una “pobreza de tiempo” en sus vidas. Asimismo, sus resultados  constituyen una valiosa herramienta para las autoridades locales, pues les permite proyectar acciones a favor de la equidad de género.

En zonas rurales, es mayor el tiempo dedicado a estas labores no remuneradas por mujeres y hombres, además de que se mantiene la sobrecarga para las mujeres. Mientras ellas dedican, por ejemplo en Bayamo, 5,59 horas al trabajo doméstico, los hombres de esa misma zona dedican 2,25 horas como promedio. Mientras que en la zona urbana el trabajo no remunerado ocupa 69 por ciento del total de horas trabajadas por las mujeres y 28 por ciento por los hombres, en la zona rural esta proporción es de 80 por ciento para las primeras y 40 por ciento para los segundos, de acuerdo con datos de la ONEI de 2002.

Un estudio realizado en la provincia Granma, en 2002, permitió mostrar  las brechas salariales  existentes entre hombres y mujeres que ocupan iguales puestos de trabajo. Llamaba la atención las afectaciones salariales por ausencias al trabajo encontradas en esta investigación, que estuvieron relacionadas con: problemas de enfermedad (60 %), cuidado de hijos y familiares (22 %) y licencia por maternidad (18 %). Del total de ausencias registradas en uno u otro sexo, 77 por ciento correspondió a mujeres y se confirmó que los hombres rara vez se ausentan del trabajo por otra causa ajena a la enfermedad. Un estudio cualitativo muy singular sobre mujeres rurales  fue la publicación 50 voces y rostros de líderes campesinas cubanas, auspiciada por OXFAM-Canadá y la Junta de Andalucía,  la cual muestra los avances de las mujeres en esas zonas y los impactos positivos que sobre ellas ejerció la política educacional, de salud, empleo y promoción a la participación femenina. En particular, revela los avances en el liderazgo de mujeres campesinas en  asociaciones, entidades gubernamentales locales y comunitarias, sin olvidar el costo que para ellas significó abrirse camino en escenarios donde ha prevalecido siempre una muy arraigada cultura patriarcal.

Los resultados de estas investigaciones apuntan a que los obstáculos fundamentales para el empoderamiento de la mujer rural siguen estando en la sobrecarga de responsabilidades domésticas y de atención a los hijos, unida a la insuficiente preparación técnica, los estereotipos sexistas, entre otros; en resumen, a la cultura patriarcal, todo lo cual disminuye sus posibilidades de transitar a puestos de mayor complejidad y remuneración salarial. De igual forma, la responsabilidad familiar repercute en sus ausencias al trabajo y, en alguna medida, afecta su remuneración en comparación con los hombres. En particular se hace énfasis en algunas de las investigaciones sobre la necesidad de un enfoque de desarrollo rural y no solo agropecuario.

 

Las mujeres rurales en el ámbito nacional

En la actualidad, el sector agropecuario cubano está integrado por cinco tipos de entidades productivas: las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), las Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA), las cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), las y los productores privados y el sector estatal [2]. Cada una de ellas se corresponden con diferentes formas de propiedad y tenencia; las tres primeras se consideran cooperativas. El nuevo modelo agrícola productivo a desarrollar se dirige hacia la diversificación en cuanto a sus formas de propiedad (casi 80 % de la tierra está bajo formas  de producción no estatal),  con la pretensión  de estimular las fuerzas productivas, en un escenario donde lo local constituye el eslabón fundamental.

Pese a que se han implementado significativas medidas en el contexto de las transformaciones del sector agropecuario cubano, tales como la aprobación del Decreto-Ley 300, el nuevo reglamento de las UBPC y la flexibilización de las ventas agrícolas, estas no han repercutido en un mayor despegue de la producción de alimentos. Solo en 2012 se destinaron  1 633,7 millones de dólares para importar alimentos, cifra se mantiene alta y representa más del 20 por ciento de las importaciones del país, de acuerdo con datos citados por el economista Omar Everleny en su “Análisis de la evolución reciente de la economía cubana”, publicado en el volumen Miradas a la Economía cubana (Ed. Caminos, 2013).

agricult-campLa pérdida del peso del sector agrario en la economía cubana se ha reflejado en el empleo femenino. El Censo de Población y Viviendas de 2002 registraba que las empleadas en la zona rural representaban 13,7 por ciento del total de las mujeres cubanas dedicadas al trabajo remunerado y 22,8 por ciento del total de las mujeres rurales. En tanto, eran 67 por ciento de la población no económicamente activa de esas zonas, según datos de la ONEI en 2002.  Se estima que por cada 100 hombres empleados en la zona rural, lo están 30 mujeres.

Aunque no constituyen mayoría en las zonas rurales, las mujeres encierran un potencial importante como fuerza de trabajo que, entre otros factores, está determinado por el desarrollo de sus niveles de educación en los últimos años. De acuerdo con los datos seriados de 2015 de la ONEI, las mujeres rurales en Cuba son el 10,4 por ciento del total de la población y 20,7 por ciento del total de mujeres del país.

Atendiendo a la participación de la mujer en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), organización que agrupa 406.526 asociados de las CPA  y las CCS, al finalizar 2012 las mujeres representaban 17 por ciento, de acuerdo con datos del Ministerios de la Agricultura en 2013. El gráfico 1 evidencia la mayor presencia de la mujer en el sector estatal. Las entrevistas a expertas realizadas para esta investigación revelan una mayor participación femenina en las cooperativas de esposas, hijas y otras parientes de los cooperativistas dueños de la tierra, y no tanto de mujeres que se integran por un proceso de empoderamiento económico.

 

Gráfico 1:

Brechas de género de participación en las diferentes formas de propiedad del sector agropecuario en Cuba. 2013.

 

 graf 1

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de la Agricultura.

 

Otra reserva considerable de productividad se aprecia en el no aprovechamiento de la capacidad real y potencial de ellas como fuerza de trabajo calificada. En 2015, las mujeres cubanas representaban 66,3 por ciento de la fuerza laboral técnica. No obstante, estos resultados por lo general no son revertidos en su  participación en la toma de decisiones directas, ni en los sectores económicos de mayor productividad. En 2015 ellas eran 47,2 por ciento de los ocupados en cargos de dirección, de acuerdo con datos de la ONEI. De acuerdo con las entrevistas, esa brecha es más profunda entre mujeres de  zonas rurales.  

Las estadísticas nacionales y las investigaciones reflejan un menor desarrollo social en el ámbito rural, y en particular en las montañas, factor que incide en las migraciones que se han producido durante décadas de zonas rurales a urbanas y de las montañas a los llanos. Todo ello sucede muy a pesar de la política nacional implementada de igualdad de oportunidades territoriales, que ha adolecido, sin embargo, de un enfoque integral del mundo rural y ha estado centrada en el sector agropecuario.

Las entrevistas  a expertas apuntan a que el menor acceso a servicios de agua potable, electricidad, círculos infantiles y de apoyo al funcionamiento de la vida doméstica en general son factores que deciden  el rezago que se produce en el proceso de empoderamiento de las mujeres rurales. La publicación sobre el Panorama Medio Ambiental de Cuba  mostraba, para 2011, una tasa de acceso de la población al agua potable en zonas rurales de 76,7 por ciento, mientras que en las zonas urbanas era de 97,4 por ciento. La disparidad es más profunda en las conexiones domiciliarias, muy bajas en zonas rurales con solo 37,3 por ciento de cobertura, si se compara con 85,4 por ciento en las áreas urbanas, indican datos del Panorama Ambiental de la ONEI publicado en 2012.

IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE HUMEDALESSe sabe las implicaciones que tiene para la conciliación entre el trabajo público y doméstico la presencia sostenida de este líquido en el hogar, cómo define los tiempos y la organización de la vida cotidiana de  mujeres que aún siguen lavando en ríos y deben dedicar tiempo a cargar el agua.

Las sucesivas transformaciones agrarias que se han producido en el país y la legislación han generado un sistema de protección a la mujer rural entre los cuales se halla su derecho a heredar  la tierra, la protección a su maternidad, al trabajo y otras. Fuentes de la ANAP refieren que en 2012 un conjunto de 12.102  mujeres eran propietarias de tierras, lo que representa 11 por ciento del total. Luego de un período de varios años de entrega de tierras en usufructo, propiciado desde 2008 por el Decreto-Ley 250, de un total de 171.237 personas beneficiadas, solo 9,5 por ciento fueron mujeres, reportó el Minagri en 2013.

El Censo de Población y Vivienda de 2012 revela información que denota el incremento de la participación de las mujeres rurales en el sector no estatal (ver tabla 1). Pero, si estas cifras las comparamos con la participación de los hombres en las diferentes formas de gestión, observamos que la brecha de participación no se ha reducido. Del propio informe, varias cifras refieren que a escala nacional se han beneficiado 243.914 usufructuarios, el número de mujeres representa tan solo 37 por ciento.

 

Cuadro II

Participación de ocupados. Sector no estatal

UM: Miles de trabajadores 

 tabla

Fuente: Censo de Población 2012.

 

Sobre  las mujeres usufructuarias, vale señalar que las tierras que faltan por entregar son las más lejanas de los poblados y están cubiertas de marabú, lo que supone un período de acondicionamiento más prolongado y mayores recursos para invertir. Y aunque las mujeres tienen derecho a créditos, hay un problema cultural de fondo: los dueños de la tierra tienden a traspasarle los saberes y la herencia al varón que más se involucra en su producción y ello reproduce en el campo una división sexista del trabajo, según expuso la investigadora Yenisei Bombino en su trabajo “Oportunidades y retos de la juventud como actores estratégicos del desarrollo rural cubano”, en 2013, durante el II Taller Nacional de Sociología Retos y perspectiva de la sociedad cubana.

Otras expertas afirman que la cifra mencionada no refleja el verdadero empoderamiento de las mujeres, porque muchas de ellas tienden a delegar la administración de las tierras a sus esposos e hijos.

La relación de Cuba con la cooperación internacional en sus más diversas modalidades ha dado lugar a la expansión del debate y la práctica del enfoque transversal de género en las entidades que promueven el desarrollo rural. Un papel importante en ese sentido lo han desempeñado, en diferentes etapas, el  Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL) y el Programa de Apoyo Local a la Modernización Agropecuaria en Cuba (PALMA), por mencionar solo algunos de los actores internacionales que han contribuido, en particular los que interesan a este trabajo.

La estrategia de género del PDHL contó con una serie de modalidades de intervención para la institucionalización del enfoque de género en el Desarrollo  Humano Local. Los diagnósticos territoriales permitieron ganar en claridad sobre las diferencias en el comportamiento de las desigualdades de género entre las provincias y municipios donde operaba el programa. A su vez se crearon comités para la evaluación del enfoque en algunas localidades, se impulsaron  numerosos proyectos que ampliaron las oportunidades de participación de las mujeres, junto con el despliegue de diferentes formas de  capacitación que involucraron tanto a hombres como a mujeres con especialización en herramientas de transversalización de género en proyectos de desarrollo local. Muy especial significado tuvo el proyecto de fincas forestales que propició el acceso de las mujeres rurales como jefas de fincas.

Las contribuciones de diferentes organizaciones no gubernamentales, como la ANAP, la Asociación Cubana de producción Animal (ACPA) y la Asociación Cubana de Trabajadores Agrícolas y Forestales (ACTAF)[3] han sido clave en la promoción de la  equidad de género en el sector agropecuario. En 2005, la ANAP aprueba su estrategia de género, convirtiéndose de esta forma en la primera organización del sector agropecuario que cuenta con un documento estratégico de este tipo. En estos momentos, el Ministerio de la Agricultura elabora su propia estrategia de género. La ACPA, en tanto, también ha desarrollado importantes acciones al respecto, cuenta con una estrategia de género que se aplica en todas las estructuras y ha instituido el Premio de la Mujer Rural, lo cual significa un estímulo para destacar a aquellas que se desempeñan en el campo científico, técnico y práctico de producción agroalimentaria.

En 2009 se inició el Programa de Apoyo Local a la Modernización Agropecuaria en Cuba (PALMA), como proyecto de cooperación implementado por el Ministerio de la Agricultura (MINAG) y el Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD), con financiamiento de la Unión Europea, al cual se incorporó en 2012 otra contribución de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI). Uno de los objetivos fundamentales de esta acción conjunta ha sido  el apoyo al fortalecimiento de capacidades y la generación de buenas prácticas que contribuyan a consolidar la gestión a nivel local del sector agropecuario, con énfasis en la municipalización y el desarrollo de una gestión más eficiente de la seguridad alimentaria, así como en las cooperativas y las entidades estatales de servicios.

Se aprovecha la experiencia regional existente en la implementación del Sistema de Gestión con Equidad de Género (SGEG). PALMA está generando una experiencia demostrativa para el país, encaminada a promover la gestión con equidad de género en pequeñas y medianas  entidades locales que intervienen en la seguridad alimentaria. Esta iniciativa se ha nombrado Igualdad de Género para la Gestión con Calidad de la Seguridad Alimentaria, la cual concilia intereses comunes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), el MINAG y la ANAP.

La iniciativa IGECSA (Igualdad de Género para la Gestión Calidad de la Seguridad Alimentaria)  del Programa PALMA se empezó a aplicar en los municipios de Cabaiguán, Santiago de Cuba y Jiguaní  en  10 entidades del sector agropecuario. En ellas se realizó un diagnóstico que abordó cinco ejes: 1) Selección y contratación del personal, 2) desarrollo profesional, 3) conciliación vida laboral – familiar y 4) corresponsabilidad, ambiente laboral y salud, 5) comunicación inclusiva e imagen no sexista.

El  diagnóstico en las cooperativas y entidades de servicios de los municipios seleccionados y la consulta a otras fuentes oficiales revelaron brechas de género  persistentes en:

La participación en diferentes formas de propiedad. Se observa mayor presencia de mujeres en el sector estatal que en las formas de producción no estatal. Por ejemplo, en el municipio Cabaiguán, 62 por ciento de las mujeres se encuentran ocupadas en el sector estatal, mientras que solo 16,6 por ciento está en las CPA y 22 por ciento en las CCS.

 

Gráfico 2:

Brechas  en la participación laboral de hombres y mujeres en municipio Cabaiguán.

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Elaboración propia a partir de datos  ONEI

 

 

La selección y contratación del personal. Desde las propias convocatorias a puestos de trabajo considerados “masculinos” se privilegia a los hombres, tales como técnicos de campo, ordeñadores.  Esta es una problemática que trasciende a estas localidades. Bombino afirma que en la investigación sobre mujer rural en la que ha participado se han identificado prácticas  estereotipadas  que masculinizan el ordeño por la exigencia de levantarse temprano. Las mujeres prevalecen en puestos administrativos y de servicios.

La segregación horizontal en las cooperativas e instituciones de servicios para el sector agropecuario.  En el municipio Jiguaní, las mujeres son mayoría como fuerza de trabajo  en la categoría de técnicas, mientras los hombres en la categoría de operarios.

 

Gráfico 3: Segregación ocupacional de las mujeres  en Jiguaní. 

 graf 3

 

Hombres ocupados según categoría ocupacional en Municipio Jiguaní

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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico Municipal 2012.

 

La compra de insumos para la actividad laboral: Las decisiones de compras tienen sesgo de género; se prioriza la adquisición de ropa de trabajo, botas y otras herramientas para las actividades realizadas por los hombres y no se cuenta con presupuesto para las necesidades de trabajo de las mujeres cooperativistas.

Brechas de género en el salario. Se advierten porque ellas se ocupan en las profesiones menor valoradas (por ejemplo, en los semilleros y no en la cosecha) y por la segregación vertical (se emplean en los sectores peor remunerados, en cultivos peor pagados, trabajos temporales y en ganado menor); por las ausencias al trabajo relacionadas con su rol de cuidadoras. Otro ejemplo se encuentra en los sistemas de pagos colectivos aplicados en las Fincas Forestales Integrales que invisibilizan los aportes de las mujeres a la producción.

Brechas en la posesión de activos. Menor posesión de activos entre las mujeres como resultado de una cultura patriarcal que privilegia a los hombres como beneficiarios de herencias y sucesiones. Los estudios han demostrado que las mujeres jóvenes tienen desventajas frente a los hombres jóvenes porque ellos heredan el capital de la familia como resultado de una práctica cultural de tipo patriarcal, que dura siglos y continúa reproduciéndose.

Brechas para la conciliación de la vida pública y privada: Tiene que ver con el menor desarrollo en los servicios sociales ya mencionados. Como tendencia, en las zonas rurales existen pocas instituciones para el cuidado de niños y ancianos, por lo que puede ser difícil para las mujeres pasar esta responsabilidad a otros para poder incorporarse al trabajo remunerado. Aunque los indicadores de salud no reflejan desigualdades territoriales apreciables, e incluso, en algunos casos, los de mortalidad infantil del menor de un año y los de mortalidad femenina por diversos tipos de enfermedades son mejores en provincias, con un valor menor del Índice de Desarrollo Humano Territorial (IDHT) que el que posee la capital del país, algunas expertas apuntaron que, en la reforma de salud y educativa que transcurre en la actualidad, el desmantelamiento de los servicios  en muchas zonas de difícil acceso, sobre todo en las montañas, podría tener un impacto negativo en el futuro. En las entidades seleccionadas por IGECSA se detectó que no existen estrategias para aliviar la carga doméstica a las mujeres. Un problema social que preocupa es el incremento de la fecundidad adolescente en estas zonas, sobre todo en montañas. Los datos oficiales a lo sumo nos permiten reconocer diferencias entre las provincias en 2012: en Santi Spíritus, 13 por ciento de las madres eran adolescentes; en Granma, 17 por ciento y en Santiago de Cuba, 14,4 por ciento. La falta de proyectos alternativos a la maternidad, debido al más bajo desarrollo social, puede ser un factor que esté influyendo.

Brecha en la participación en los principales espacios de toma de decisiones a nivel territorial: Poder Popular, sistema empresarial y otras organizaciones: Aunque se ha acrecentado la participación a nivel nacional de mujeres jefas de asociaciones campesinas, en cooperativas y en entidades de gobierno municipal y local, aún no se logra aprovechar todo el potencial que tienen las mujeres para organizar y dirigir en esas zonas, lo cual hace suponer que la diferencia entre hombres y mujeres sea más profunda en estos espacios que en otros.  El diagnóstico de IGECSA arrojó que no existe una estrategia de promoción de las mujeres a cargos de dirección en las entidades estudiadas.  Las estadísticas territoriales sobre la participación de las mujeres en la legislatura 2007/2008 de la Asamblea Nacional arrojan diferencias a esos niveles en los territorios aquí estudiados; Santi Spíritus contó con 52 por ciento de mujeres diputadas; Granma con 38,6 por ciento y Santiago de Cuba, 39,6 por ciento, de acuerdo con el informe Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2010 del Instituto de Investigaciones Económicas (Inie)

El cuestionario que se aplicó sobre estereotipos de género revela que, en un porcentaje considerable de la población de esas localidades  rurales, se mantienen arraigados los enfoques tradicionales de la mujer cuidadora, el hombre jefe de hogar, la creencia de trabajos propios para mujeres y otros para hombres (la ganadería y el trabajo físico para hombres y el trabajo no físico y con documentos para mujeres), que los hijos varones deben perpetuar las prácticas laborales agropecuarias, entre otros. Esos enfoques son compartidos por un grupo numeroso de personas, tanto de hombres como de mujeres, aunque sean mayores entre ellas los desacuerdos al respecto. La cultura asentada en las ideas tradicionales que reproducen sexismo sigue siendo un factor que limita el desarrollo de las mujeres rurales.

 

Implicaciones de políticas públicas

  1. Las políticas públicas, diseñadas y ejecutadas por las diferentes instancias de gobierno, deben articular mejor las variables territorio, género y juventud; para profundizar en los factores específicos que en las localidades pueden estar determinando las brechas de género y el rezago que experimentan las mujeres rurales, entre ellas las jóvenes, en el proceso de su empoderamiento. Se requiere una mayor autonomía de los gobiernos locales, sin desdeñar su relación con los enfoques nacionales que determinan el carácter universal de políticas justas.
  2. Una emergencia es avanzar hacia una visión más integral del desarrollo en esos territorios, menos centrada en lo agropecuario y más en el desarrollo rural, que apunte hacia la priorización de la inversión en esas zonas y fomente el empleo femenino. El enfoque de desarrollo rural y, no solo agropecuario,  permitiría identificar nuevas fuentes de empleos que trascienden a ese sector y una mejor articulación entre lo social, económico, cultural y político, transversalizado por metas de equidad social, en particular de género. Sería necesario, en política, tener planes diferenciados para territorios urbanos y rurales, así como también para comunidades rurales en el llano y en las montañas, donde las desigualdades de género no tienen la misma connotación.  El Plan Turquino ha sido un ejemplo de ese punto de vista integral de intervención en las montañas, pero hoy resulta  insuficiente. De esta manera podría lograrse una reducción de las migraciones, retención de los jóvenes y control sobre el envejecimiento.
  3. El desarrollo local es un ámbito importante de intervención para las acciones a favor de la equidad de género, por lo que se requiere potenciar el rol de los gobiernos locales y sus capacidades reales para abordar los desafíos que enfrentan  las desigualdades de género y el desarrollo rural del país en las condiciones actuales.
  4. Con el fin de incorporar un enfoque que reconozca las diferencias socioeconómicas de partida que caracterizan a las localidades y las inequidades que aún se observan entre los sexos, es necesario seguir avanzando en la producción de estadísticas con una noción articulada de género y territorio, en particular del ámbito rural. Ellas deben reflejar la situación integral del bienestar alcanzado en todas las esferas de la actividad humana.
  5. Asimismo, mejorar los instrumentos de captación de la información subsanaría los vacíos en el registro del tiempo que las mujeres destinan a todas las labores de los ciclos agrícolas, en particular la simultaneidad de las tareas, y permitiría la evaluación de su aporte a la economía nacional. Con ello también se lograría prestar una mayor atención a las  políticas económicas que impactan de forma negativa en la posición de las mujeres y  sentaría las bases para el mejoramiento de las políticas públicas.
  6. Las estrategias, políticas y normativas que se aprueben, dirigidas al ámbito rural, deben incorporar de manera explícita el enfoque de género, a través del uso de incentivos y normativas específicas (política de empleo, política crediticia, impuestos diferenciados, etc.)
  7. Es imprescindible que se continúen fortaleciendo los procesos que se han iniciado por los actores políticos y de la cooperación internacional aquí mencionada, en materia de transversalización de género, elaboración de programas, proyectos y estrategias para el desarrollo.
  8. La capacitación y transformación cultural debe continuar siendo una actividad priorizada en un mundo donde está tan arraigada la cultura patriarcal. Es esencial continuar haciendo capacitaciones en todos los temas de desarrollo sensible al análisis de género y hacer énfasis en los directivos que diseñan y controlan la aplicación de las políticas.
  9. Construir una estrategia de difusión de las buenas experiencias con enfoque empresarial y territorial, que incorporen la perspectiva de género y hayan logrado cambios en las prácticas culturales.
  10. Las políticas deben incorporar acciones que aborden la solución al conflicto entre lo público y lo privado, fenómeno que está limitando de manera significativa la participación de las mujeres. Las entidades productivas pueden jugar un papel relevante en la promoción de nuevas modalidades de articulación entre la vida laboral y familiar, así como en el acceso al empleo y la participación igualitaria.
  11. La integración de la equidad en los diferentes ámbitos de la organización  de las empresas debe responder a enfoques de economía solidaria y responsabilidad social, permitiendo identificar los puntos de intervención más estratégicos para la igualdad de género, invirtiendo en el desarrollo social de las comunidades y promoviendo la participación de las mujeres. Esas estrategias deben fomentarse en el sector empresarial, cooperativo y privado, y hacer énfasis en el incremento del empleo femenino.
  12. Lo expuesto en la investigación plantea la necesidad imperiosa de promover políticas y medidas específicas dirigidas a las poblaciones juveniles, en particular rurales, donde se reconozca la importancia de los jóvenes de cara a sostenibilidad de población rural
  13. Crear mecanismos de estimulación económica para las empresas que hayan incorporado a la práctica de toda su gestión económica el enfoque de género, logrando reducir las brechas entre hombres y mujeres. Trabajar en la formulación de políticas que promuevan prácticas gerenciales  intraorganizacionales  o intraempresariales a favor de la igualdad (normas, certificaciones, sistemas de gestión).

 

Bibliografía

  • Oficina Nacional de Estadísticas e Información 2015. Anuario Estadístico 2015. (Cuba: ONEI)
  • PALMA/IGECSA 2009 Documento Orientador. Programa de Apoyo Local a la Modernización Agropecuaria en Cuba. Igualdad de Género para la Gestión con Calidad de la Seguridad Alimentaria. (La Habana: MINAG-PNUD-Unión Europea)
  • PALMA/IGECSA. Base de datos sobre los cuestionarios aplicados.
  • PNUD-PDHL/Cuba 2013 Sistematización del Programa de Desarrollo Humano Local en Cuba entre 1998 y 2012.
  • Triana Juan 2013 “¿Hace falta una política para crecer? En: Omar Everleny y Ricardo Torres (comps) Economía Cubana, ensayos para una restructuración. (La Habana: CEEC).

 

 

 

[1] La encuesta abarcó las partes urbana y rural de los municipios Pinar del Río, San Juan y Martínez, Guisa y Bayamo, así como la totalidad del municipio Habana Vieja, que es íntegramente urbano (ONEI, 2002).

[2] Las CPA se formaron a partir de campesinos propietarios que aportaron  la tierra y restantes medios de producción, bajo el principio de voluntariedad. Las Cooperativas de Crédito y Servicio (CCS) fueron integradas de forma voluntaria por los campesinos beneficiados por las leyes de reforma agraria que así lo deseaban; se unían para recibir determinados beneficios como el crédito bancario, la adquisición de tecnología de punta, así como favorecer la gestión de mercadeo, precios, entre otros aspectos. Las UBPC se constituyen con los colectivos de trabajadores de las empresas estatales a los que les fueron entregadas tierras bajo condiciones de usufructo indefinido.

 

[3] Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), Asociación de Cooperativas de Producción Agropecuaria (ACPA) y Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales  (ACTAF)

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